Por Martín Kanenguiser.
A pedido de los fondos buitre, el juez de Nueva York Thomas Griesa complicó los planes de emisión de deuda argentina al exigirles información a dos bancos internacionales que habían empezado a ofrecer un bono del país a sus clientes.
En una orden escrita, Griesa les ordenó al JP Morgan y al Deutsche Bank que ayer le entregaran en su juzgado "toda la información" referida a "la inminente colocación de aproximadamente US$ 2000 millones del Bonar 2024 de la Argentina", que había trascendido en medios internacionales anteayer.
La orden surgió por pedido del fondo buitre NML, que opinó que ambos bancos ayudarían al país a violar los derechos de los bonistas que ganaron el juicio del pari passu. Los bancos suspendieron su participación. De todos modos, el Ministerio de Economía dijo que "esto no cambia la idea de emitir deuda".
La fuente del Palacio de Hacienda cuestionó al magistrado: "Griesa sigue respondiendo a los pedidos de los fondos buitre; un día NML pide algo y enseguida Griesa responde a ese pedido, con el que no estamos involucrados".
La orden de Griesa indicaba que "de inmediato" JP Morgan y el Deutsche debían brindar datos por la exigencia de NML.
Un cable de la agencia Reuters generó una fuerte polémica entonces al expresar: "La Argentina suspende venta de bono 2024 denominado en dólares", por la orden del juez, según "dos inversores con conocimiento directo de la operación". La suspensión, según la agencia, "si se mantiene en el tiempo, podría perjudicar el financiamiento de la Argentina".
Pero la fuente del Palacio de Hacienda comentó a LA NACION: "No se puede suspender algo que nunca se empezó. La Argentina no confirmó ninguna colocación; sólo confirmó que estaba abierta a recibir propuestas. Nada más. El resto es pura imaginación". Por esta razón, la fuente destacó: "Nada cambió desde que dijimos que estábamos analizando una emisión".
Anteayer, desde Economía habían confirmado el interés en salir al mercado por las condiciones favorables, con el objetivo de conseguir dólares para tratar de reactivar la economía y frenar la inflación por medio del atraso cambiario.
Pese a las tajantes palabras oficiales, varias fuentes confirmaron a LA NACION que el Deutsche y el Morgan ofrecieron anteayer el Bonar a sus clientes "para tantearlos a ver si comprarían los bonos y a qué precio lo harían".
"Estuvieron muy activos y recibieron una buena respuesta; el mercado está muy interesado por el rendimiento que ofrece la Argentina, que, en el caso del Bonar 2024, podría rondar el 8,40 por ciento", indicó una fuente con clientes que recibieron ofertas de los bancos. Lo que curiosamente no tomaron en cuenta las entidades involucradas era el reclamo de NML y la respuesta de Griesa.
Al respecto, desde una de las entidades admitieron a LA NACION que los abogados "estaban al tanto de este riesgo, sabían de la posible reacción de NML y resta saber si la idea es suspender la preventa por unos días o en forma definitiva".
El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, dijo a LA NACION que hubo un error de estrategia. "La Argentina se debería haber blindado explicando que en esta emisión con ley argentina no hay ningún activo embargable en Estados Unidos porque los fondos surgen y se pagan en Buenos Aires", expresó el especialista en deuda.
Etchebarne agregó que "el otro riesgo es que el banco colocador debería haber alertado sobre la posibilidad de que Griesa la semana que viene declarara que los bonos con ley local estuvieran sujetos a un embargo, lo que hubiera generado un fuerte desplome en su precio". Y, en consecuencia, podría haberle generado reclamos judiciales de los clientes a los bancos.
Cerca de los holdouts explicaron que la presión sobre los bancos se aplicó porque "hay juicios en todo el mundo contra la Argentina y la información que pueden proveer nos puede servir para embargar los fondos de la nueva emisión".
El jefe de analistas del banco Bulltick de Miami, Alberto Bernal, dijo a LA NACION que "los bancos se asustaron por la advertencia de Griesa, pero la emisión va a salir en el corto plazo porque hay mucha gente que quiere entrar, como lo demuestra el rally tan brutal que se ha visto en los bonos".
Por su parte, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx opinó que para que la emisión se haga "deberían pensar en un bono más corto, tal vez a cinco años, y sin un precio fijo, a diferencia de lo que se hizo a fines de 2014"..
Por MARÍA ELENA CANDIA.
Los bancos encargados de sondear en Londres el interés de inversores extranjeros para una nueva emisión de Bonar 2024 suspendieron ayer la operación luego de que el juez norteamericano, Thomas Griesa, les pidiera que provean información acerca de la "inminente emisión de la República Argentina de aproximadamente u$s 2.000 millones en Bonar 2024".
En concreto, la orden emitida ayer, solicitaba a JP Morgan y Deutsche Bank AG que presenten inmediatamente al los abogados del fondo holdout NML todos los documentos suficientes que informen el flujo de fondos con respecto a los títulos que vencen en 2024. De hecho, se desprende de la orden de Griesa que este pedido había sido realizado por NML el 9 de febrero y que no habían recibido una respuesta por parte de los bancos. Ayer, la reacción del fondo había sido inmediata y anticipaba la adopción de medidas legales en contra de la operación, ya que las entidades tienen expresamente prohibido asistir al país -hoy en desacato-a concretar cualquier maniobra que viole el fallo de Griesa.
Según Bloomberg, las entidades dejaron de solicitar ofertas sobre los bonos y dijeron a inversores que el plan se había suspendido. Los bancos habrían citado la orden del magistrado como motivo para la cancelar la operación. A pesar de la noticia, el Bonar 2024 subió ayer 0,6% hasta u$s 105,45.
La decisión fue tomada cuando falta menos de una semana para la audiencia que presidirá Griesa con el fin de determinar si el banco Citigroup puede procesar el pago de intereses de los bonos soberanos emitidos bajo legislación argentina, como es el caso del Bonar 2024. Es decir, deberá determinar el 3 de marzo si estos títulos forman parte de la deuda externa y por lo tanto, si quedan sujetos a las órdenes del tribunal. De ser así, y al quedar completamente despejada la cuestión en desmedro de la Argentina, los bancos claramente no podrían involucrarse en una eventual emisión por los riesgos legales asociados.
El juez sólo había concedido un permiso excepcional en los últimos tres vencimientos de los bonos de deuda argentina emitidos en dólares para que el Citibank pudiera cumplir con sus compromisos. En todos los casos, se trataron de medidas de gran importancia para el país, ya que en cada oportunidad fijó el alcance del default selectivo en el que cayó la Argentina desde mediados del año pasado. Es por esto que la orden que emita Griesa luego del martes próximo será clave para la deuda soberana.
"Si los bonos quedan afectados, todas las otras leyes locales externas también corren el riesgo de quedar afectados en un segundo paso", dijo un abogado en el exterior, que sigue de cerca el caso. Para Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly, si se prueba que los bonos ley local no fueron ofertados total o parcialmente en Argentina van a ser definidos como ley externa sujetos al pari passu. Técnicamente deberían estar sujetos. "Sin embargo, Griesa puede excluirlos diciendo que su medida no los alcanzaba. La Argentina cuenta con una cuestión a favor y es que Griesa dijo que no quiere entrometerse en el acuerdo con Repsol, por el cual fueron emitidos los bonos", sostuvo Etchebarne.
La nueva emisión de Bonar 2024 habría sido el segundo intento en pocos meses por obtener dólares frescos.
A pesar de que el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, habían hecho declaraciones de que se estaba examinando financiamiento de largo plazo en dólares y bajo ley local, desde Economía habían confirmado anteayer que Argentina estaba analizando todas las ofertas presentadas, las cuales habían sido múltiples y variadas, sin haber puesto condiciones en cuanto a los monos ni a la tasa de interés.
Por Silvia Pisani.
La Argentina presentó ayer ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una apelación en contra de la orden de desacato que dictó el juez neoyorquino Thomas Griesa en septiembre del año pasado.
Los argumentos fueron elaborados por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al país en su litigio con los llamados fondos buitre y hasta anoche aún no se habían dado a conocer. Sí se difundió un comunicado de Economía que descalificaba por "absurda" la pretensión del juez.
En él, la cartera de Axel Kicillof insistió en que la declaración de desacato "no tiene efectos prácticos" y aseguró que en eso coinciden "hasta los fondos buitre". "Aun así, no dejaremos que un juez se entrometa ilegalmente" en consideraciones sobre "actos dictados por nuestro país como un Estado soberano", añadió.
La cartera de Kicillof recomendó, además, a la Corte de Apelaciones que "no le preste atención" a la "absurda orden de desacato dictada por el juez Griesa", porque "no reviste ninguna importancia y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica".
Con la presentación, la Argentina intentará argumentar para que la Corte de Apelaciones levante el desacato que ya le dictaminó Griesa a fines de septiembre pasado.
"El juez no tiene potestad para declarar en desacato a un país soberano", insistieron tanto el canciller Héctor Timerman como el ministro Axel Kicillof y el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
"Lo hago responsable por lo que pueda pasarle a la Argentina", afirmó entonces el canciller Timerman. "Como Estado, el país es responsable de las acciones de cualquiera de sus órganos. En este caso, de su Poder Judicial", abundó.
Juristas que en esta ciudad vienen siguiendo el caso no pudieron precisar efectos concretos.
"Puede haber problemas de visado para funcionarios involucrados con la negociación de la deuda", arriesgó uno de ellos. Sí hubo coincidencia en que no se trata de un paso recomendable.
Para otros, como el abogado argentino Eugenio Bruno, "una de las cuestiones por considerar será saber hasta dónde quiere llegar el gobierno norteamericano" en caso de que se le pidan sanciones contra la Argentina. "Tal como se la conoce, la figura del desacato podría ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez la comunique al gobierno [de EE.UU.] y pida su intervención", añadió.
La disputa tuvo sus vueltas. La Corte emitió una orden en la que intimó a la presentación de documentos con fecha límite de hace ya más de una semana y amenazó al país con dejar firme la figura del desacato si no cumplía esa presentación "para el día 17 de febrero o antes". Pero no después.
El Ministerio de Economía señaló, sin embargo, que tenía tiempo hasta ayer para cumplir con ese trámite crucial. "Nos hemos presentado en tiempo y forma", insistió en el comunicado.
DUDAS SOBRE LOS ALCANCES
Los juristas no se ponen de acuerdo sobre las consecuencias de que el país sea declarado "en desacato". Coinciden, sin embargo, en que no es algo bueno, ya que implica una posición incómoda ante cualquier tribunal internacional.
En lo político, el alcance dependerá de la vehemencia con que el gobierno de EE.UU. quiera defender los fallos de su Poder Judicial.
El Gobierno presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, nuevos argumentos en contra de la orden de desacato dictada por el juez Griesa el 29 de septiembre de 2014.
Así lo indicaron desde el ministerio de Economía por medio de un comunicado en donde explican que “esta presentación se inscribe en el marco del proceso de apelación de la República Argentina contra la orden del Juez Griesa”.
En medio del proceso, los fondos buitre presentaron una "moción de desestimación" para tratar de impedir que Argentina pueda completar su argumentación de apelación, aduciendo ahora que la orden de desacato declarada por el Juez Griesa no tiene ninguna relevancia y por lo tanto no resulta apelable, sostuvieron desde el ministerio.
En el escrito presentado hoy, “Argentina refuta la moción de los fondos buitre, quienes de manera maliciosa y contradictoria con la propia campaña de difamación que han iniciado, dicen ahora que la Corte de Apelaciones no debería ni siquiera dar trámite ya que la declaración de desacato del Juez Griesa no reviste ninguna importancia, y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica”.
En este sentido el comunicado afirma que “Argentina no va a dejar de cuestionar cualquier orden de un juez extranjero que opine y se entrometa ilegalmente sobre actos dictados por nuestro país como un Estado Soberano. Resulta inadmisible bajo la reglas del derecho internacional público que un juez extranjero declare en desacato a la República Argentina por actos llevados a cabo dentro de su propio territorio y en estricto cumplimiento de las disposiciones de la propia Constitución Nacional y de Leyes de Orden Público dictadas por el Congreso de la Nación”.
Por último el Gobierno solicita que “la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechace la moción de desestimación y proceda a analizar de manera completa la apelación presentada contra la orden de desacato de Griesa que, si bien carece de cualquier efecto práctico, constituye una manifiesta violación del derecho internacional y debe ser revocada”.
