El Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental (ACAFMIRA) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Antonio Fernández Jerí, anunció que se realizarán acciones de interdicción en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador.
Indicó que esta decisión se adoptó luego que se tomara conocimiento de la problemática que atraviesa esta zona fronteriza por actividades de minería ilegal, en la que estarían involucrados ciudadanos peruanos y ecuatorianos.
El Alto Comisionado señaló que la medida fue comunicada durante una reunión informativa que sostuvo recientemente con una delegación de autoridades de la Región Amazonas.
Fernández Jerí también explicó a la comitiva la decisión del Poder Ejecutivo de erradicar la minería ilegal en aquellas zonas y regiones donde esta ilícita actividad viene generando un grave daño y perjuicio a la salud pública y a los afluentes de agua para el consumo humano.
En ese sentido, destacó que se reafirmó la política de lucha contra la minería ilegal, demostrándose que sí es posible un trabajo conjunto entre el Gobierno Central y Regional.
Durante la reunión, el vicepresidente de la Región Amazonas, Carlos Navas, quien encabezó la delegación, explicó detalladamente el problema que está afectando a las comunidades nativas Awajún y Huambisa, por actividades de tala ilegal, pero sobre todo por acciones de minería ilegal que se realizan en el territorio fronterizo con Ecuador.
Navas refirió que recientemente efectuó una visita de inspección a las zonas que comprenden los puestos de vigilancia Llave y El Tambo, donde -según indicó- se advierte la presencia de mineros y taladores ilegales extranjeros en suelo peruano, expresamente en comunidades del distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui.
La comitiva regional también estuvo integrada por las consejeras Clelia Jima Chamiquit y Fanny Paico Gabriel; el sub gerente de Comunidades Nativas y Campesinas, Calixto Sejekam Asangkay, y el alcalde distrital de El Cenepa, Manuel Díaz Nashap, así como los presidentes de las asociaciones de comunidades de nativos, Luis Dupis Juwau y Francisco Shajian, entre otros.
En la reunión informativa también participaron el director ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de las Regiones Fronterizas Perú-Ecuador, embajador Vicente Rojas Escalante, y el Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de la PCM, César Fourment, así como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Estado realizará acciones de interdicción contra la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, frontera con Ecuador, informó hoy el alto comisionado en asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Antonio Fernández Jerí.
La decisión de intervenir en esta zona del país fue tomada tras conocerse la presencia de mineros ilegales, tanto peruanos como ecuatorianos, dio a conocer la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Fernández Jerí informó que la medida fue comunicada durante una reunión informativa que sostuvo recientemente con una delegación de autoridades de la región Amazonas.
En dicha reunión, el funcionario explicó a la comitiva la decisión del Poder Ejecutivo de erradicar la minería ilegal en aquellas zonas y regiones donde viene generando un grave daño y perjuicio a la salud pública y a los afluentes de agua para el consumo humano.
En ese sentido, destacó que ha quedado ratificada la política de lucha contra la minería ilegal, además de demostrarse que sí es posible un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y las regiones.
Durante la reunión, el vicepresidente de la Región Amazonas, Carlos Navas, quien encabezó la delegación, explicó detalladamente el problema que está afectando a las comunidades nativas Awajún y Huambisa, por actividades de tala ilegal, pero sobre todo por acciones de minería ilegal que se realizan en el territorio fronterizo con Ecuador.
Navas refirió que recientemente efectuó una visita de inspección a las zonas que comprenden los puestos de vigilancia Llave y El Tambo, donde -según indicó- hay mineros y taladores ilegales extranjeros en suelo peruano, expresamente en comunidades del distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui.
La comitiva regional también estuvo integrada por las consejeras Clelia Jima Chamiquit y Fanny Paico Gabriel; el sub gerente de Comunidades Nativas y Campesinas, Calixto Sejekam Asangkay, y el alcalde distrital de El Cenepa, Manuel Díaz Nashap, así como los presidentes de las asociaciones de comunidades de nativos, Luis Dupis Juwau y Francisco Shajian, entre otros.
En la reunión informativa también participaron el director ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de las Regiones Fronterizas Perú-Ecuador, embajador Vicente Rojas Escalante; y el alto comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de la PCM, César Fourment, así como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Defensoría del Pueblo implementará un plan intensivo para agilizar el proceso de formalización de la minería informal y erradicar la actividad ilegal.
El Defensor del Pueblo a nivel nacional, Eduardo Vega Luna, señaló que parte de este plan apunta a que los gobiernos regionales tengan mayor participación en el proceso de formalización. "Queremos que los gobiernos regionales asignen más recursos para asumir esta tarea", dijo durante la exposición que realizó ayer en la ciudad sobre el "Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014".
Para este año, el Gobierno Regional de Arequipa designó el 0.02% del presupuesto total a labores de erradicación de minería ilegal, es decir S/. 2 millones.
Vega indicó que se buscará implementar nuevas "rutas fiscales" que permitan un mejor control del traslado y decomiso de los insumos químicos que se utilizan para este tipo de actividades.
En ese sentido hizo hincapié en la importancia de que el Congreso de la República modifique las normas sobre delitos ambientales, para incluir el transporte del mineral extraído informalmente. Y es que, en la actualidad, solo se castiga al minero, más no al transportista.
Son seis pasos en el proceso de formalización. El primero es la presentación de la declaración de compromiso, documento mediante el que el minero muestra su intención de formalizarse. En la región se presentaron 16 mil 642 de estos escritos. De esta cantidad, solo 218 concretaron el segundo paso, es decir acreditar un título o contrato de cesión o explotación. De estos solo 2 lograron el tercer paso, la autorización del uso de terreno superficial. Sin embargo, ninguno alcanzó los pasos cuatro, cinco y seis.
