El fondo Elliot Management, propiedad de Paul Singer, acusó ayer a la AFIP de "mentir" por vincularlo con el cierre de Delphi Packard Argentina, y consideró que "son intentos desesperados del Gobierno para ocultar sus propios fallos en materia económica.

En un breve pero duro comunicado, Elliott remarcó que "no ha tenido ninguna acción de Delphi en casi un año" y afirmó que "esto es fácilmente detectable en las presentaciones públicas" del fondo. También se desvinculó de Donnelly (la gráfica que cerró el año pasado y por la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los buitres de estar detrás de su "fraudulenta" quiebra".

"Elliott nunca tuvo acciones de Donnelly. Cualquier conexión entre Elliott y Donnelly fue una completa invención del gobierno argentino", sostuvo el comunicado del fondo de Singer.

Y plantéo que "estas últimas acusaciones sobre Delphi son igualmente ridículas. Representan un intento triste y desesperado del gobierno argentino para distraer al público de los propios fracasos económicos". La respuesta de Elliott llegó luego de que, como informó ayer El Cronista, la AFIP denunció penalmente al fondo buitre por vaciamiento y el cierre de la autopartista Delphi Packard Argentina y pidió a la Justicia que libre un exhorto a la SEC (Securities and Exchange Commissions) para que informe quiénes son los accionistas de esa empresa.

Delphi comunicó a sus 470 empleados en diciembre que dejaba el país, lo que generó numerosas protestas de los obreros, que gestionan ante las autoridades mantener abierta la fuente de trabajo. Mientras se exige que Delphi pague las indemnizaciones, hay dos interesados en quedarse con la planta sanjuanina (que provee mazos de cables casi en exclusiva para Peugeot): una firma de Héctor Méndez, jefe de la UIA, y una empresa de Enrique Ruffo, a la vez la principal proveedora de materia prima de Delphi.

La multinacional Delphi pertenece a capitales estadounidenses y controlada por el fondo de inversión Elliot, del financista Paul Singer,el mismo que controla R.R.Donnelly Argentina, que también declaró su quiebra y cerró sus puertas hace sólo 6 meses, informaron fuentes relacionadas con la causa.

El cierre ocurre a sólo dos años que Delphi Packard Argentina adquiriera la empresa a la firma TCA SA, al Grupo Pescarmona.

Delphi Packard Argentina SA se dedica a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Está instalada en la localidad de Santa Lucía, en la provincia de San Juan
Fuentes judiciales confirmaron que la AFIP "solicitó a la justicia argentina que libre un exhorto a la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos para que informe sobre la titularidad de acciones de Delphi Automotive PLC".

La denuncia penal fue presentada ante el juzgado federal número 3, a cargo del doctor Daniel Rafecas, por el presunto delito de "alteración orden económico y financiero" previsto en el artículo 309, inciso 1, apartado A del Código Penal.

De esta forma, la empresa manejada por Elliot compró en 2012 una firma con sede en San Juan que contaba con el sistema de promoción, con el presunto objetivo de destruirla y eliminarla del grupo de empresas de industria nacional autopartistas y así vender luego los productos a la Argentina desde su controlante brasileña, obligando al país a importar los productos que aquí se fabricaban y daban trabajo a los sanjuaninos.

Desde el momento de la compra, en agosto de 2012, el activo de la firma creció 73 por ciento, mientras que el pasivo aumentó un 130 por ciento.

Las fuentes también marcan, a modo de ejemplo, que mientras en 2012 por cada peso de Patrimonio Neto debía 2,16 pesos, en 2013 por cada peso de Patrimonio Neto la empresa debía 9,48 pesos.

A la vez, mientras la empresa aumenta su deuda, en 2014 recibió 12 millones de pesos en beneficios promocionales por parte del Estado Nacional y la provincia de San Juan.

La presentación también hace eje en "otras inconsistencias" que se habrían registrado en el ejercicio 2013, consistente en un préstamo tomado de Delphi Packard Electric Sielin SA por 500.000 dólares sin la correspondiente documentación respaldatoria que acredite el ingreso y cancelación del mismo.

Además, el 76% de los pasivos en el exterior corresponderían a deudas comerciales por operaciones de importación con empresas vinculadas como DCS France (Francia) y Delphi Aut. Sys (Brasil).

También existiría un pasivo con la firma Peugeot Citroen Argentina por 3 millones de pesos, cuando el monto de créditos a cobrar al cierre del ejercicio fiscal 2013 respecto del mismo contribuyente ascendía a 32.607.270 de pesos, entre otras cuestiones.

Por: Carlos Burgueño.

Para la Argentina, un Estado soberano no puede ser considerado en desacato por la Justicia norteamericana porque, de hacerlo, se estarían violando el derecho internacional y la "igualdad en inmunidad soberana" de un país. Según la posición que defenderá hoy, por escrito, ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York el Gobierno de Cristina de Kirchner, la Argentina tiene todo el derecho soberano disponible como para cambiar las jurisdicciones de pago de su deuda emitida voluntariamente siempre que se respeten la moneda, los intereses y los plazos establecidos originalmente en esa colocación.

Éstos serán los argumentos que hoy presentarán ante la segunda instancia judicial de Nueva York los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, en la última instancia para plantear las razones por las cuales el país considera que no debe quedar en firme el fallo de primera instancia por el cual Thomas Griesa ordenó el desacato, luego de que el Ministerio de Economía de Axel Kicillof reglamentara el cambio de jurisdicción de pago de deuda, originalmente emitida para ser liquidada en Nueva York y qe desde septiembre se abona en Buenos Aires. Cuando la Argentina presente sus argumentaciones, el caso seguirá un tiempo más en la Cámara hasta que ésta tome una decisión definitiva. Se supone que demandará no menos de un mes.

Griesa había fallado en contra del país el 29 de septiembre del año pasado, declarando a la Argentina en desacato. De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer Estado soberano que, según un juez de los Estados Unidos, ingresa en esa figura por cuestiones financieras vinculadas con el pago de deuda. Según el juez, el hecho de que la Argentina haya avanzado -y concretado- en la amenaza de comenzar a pagar desde el año pasado títulos públicos emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, y que según su fallo de febrero de 2012 debían ser potencialmente embargados para cumplir el pago a los fondos buitre, amerita que el país sea declarado en rebeldía.

En aquel fallo de septiembre, Griesa se había sincerado en su escrito y explicado por qué en parte siempre fallaba en contra de la Argentina: según el juez, los canjes de 2005 y 2010 no sirven como argumento para rechazar su fallo, porque en el llamado no se completó el 100% de aceptación de los tenedores de bonos en default. Además, según su criterio, el aval del 93% a los llamados a reestructurar los canjes no fue "compulsivo" y los que no aceptaron mantenían su derecho a cobrar la totalidad de la deuda.

Según la definición de la jurisprudencia norteamericana, desacato es una "desobediencia, rebeldía o falta de respeto contra un tribunal o una persona con un cargo en el Poder Judicial" o una "interferencia al desarrollo de un juicio". Lo complicado en el caso de ser sancionado un Estado soberano en los Estados Unidos es que la aplicación de la pena siempre trae aparejada una multa o, si el acusado no paga, la alternativa de una detención o privación de la libertad (en el caso de una persona) o la prohibición para seguir actuando (en el caso de una persona jurídica). Ninguna de las dos sanciones son fácticamente aplicables para un Estado. Más bien resultaría utópico que esto prospere en alguna ejecutividad. Lo único que se provocaría es que el país continuaría sin posibilidades de emitir deuda en los Estados Unidos, algo que obviamente está lejos de los planes del equipo de Kicillof.

El propio juez había considerado en la audiencia del 29 de septiembre pasado que se trata de "algo raro" de aplicar contra un país. Griesa justificó su decisión al señalar que la Argentina "tomó y está tomando" pasos "en un intento por evadir partes críticas" del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a los 1.300 millones de dólares (unos 1.660 millones actualizados). Consideró que la Argentina dio pasos "ilegales" al "desplazar" al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), al "mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos" y al "realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer" las obligaciones con los demandantes.

Griesa habló además largamente al justificar su decisión de declarar al país en desacato civil (in civil contempt) sobre las consecuencias negativas de la medida impulsada por el Gobierno de Cristina de Kirchner de avanzar en la sanción de la ley que permitirá a partir de hoy pagar la deuda con jurisdicción en Nueva York en Buenos Aires y en París. Para el juez, con esa decisión la Argentina está "violando" su fallo de 2012 en el polémico capítulo de su interpretación de la cláusula "pari passu". Según la visión de Griesa, a partir del fallo que había tomado hace dos años, el país tenía tanto obligaciones con los bonistas "performance", los que tenían su deuda al día y aceptaron los canjes de 2005 y 2010, como con los que no lo hicieron y eligieron el camino del juicio. Con el pago de deuda fuera de la jurisdicción de Wall Street, el Gobierno de Cristina de Kirchner violó, según el magistrado, el compromiso por el cual todos los pagos debían hacerse en Estados Unidos para que Griesa tome la mitad de ese dinero y se lo liquide a los fondos buitre. Para el juez, la decisión de cambiar la dirección de pago de los bonos de Nueva York a la Argentina es "ilegal" y dictada por el Poder Ejecutivo argentino, "algo que no surgió del Congreso", con lo que responsabilizó directamente al Gobierno de Cristina de Kirchner por la situación.