Por cerca de tres horas se extendió el primer encuentro que sostuvo la presidenta Michelle Bachelet, tras el regreso de sus vacaciones, con su comité político. Se trataba de una reunión para fijar las prioridades legislativas que el gobierno impulsará a partir de marzo próximo, pero en la cita la mandataria también instruyó a sus colaboradores la misión para que le presenten proximamente una propuesta para regular la relación entre lo público y lo privado y entre la política y los negocios.

Una solicitud que no es casual y que podría convertirse en la fórmula ideada en Palacio para enfrentar la crisis originada a partir de la participación del hijo de la mandataria y ex director sociocultural del gobierno, Sebastián Dávalos, en la operación por medio de la cual su esposa, Natalia Compagnon consiguió un millonario préstamo con el Banco de Chile para Caval, la firma de la cual posee un 50 % de la propiedad.

"La Presidenta Bachelet ha instruido elaborar una propuesta para avanzar en un marco institucional que regule de manera eficaz y estricta, como el país no ha conocido hasta ahora, sobre la relación de lo público y lo privado, y la política y los negocios, profundizando lo que hemos llevado adelante hasta este momento", explicó el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde.

Estas iniciativas, que involucrarían proyectos de ley y medidas administrativas, se sumarían a otras que ya se están discutiendo en el Congreso como el texto del financimiento de la política, que ingresó a tramitación tras el estallido del caso Penta.

Consultado por los plazos que tendrían para elaborar dicha iniciativa, el portavoz de Palacio se limitó a señalar que "cuando el comité político elabore dicha propuesta será presentada a la Presidenta de para que adopte las decisiones correspondientes respecto de cómo implementar esas iniciativas".

Al la cita también asistió el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, pese a estar de vacaciones. Su llegada a la casa de gobierno da cuenta de la importancia del encuentro, toda vez que fue él quien lideró la estrategia con que La Moneda enfrentó la primera y más intensa semana del caso Dávalos.

Al comité también asistieron los ministros de Hacienda, Alberto Arenas y de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quienes se retiraron de Palacio inmediatamente concluída la reunión y sin hacer declaraciones.

La agenda legislativa
Durante la cita la mandataria también estableción los ejes centrales de la agenda legislativa que se empezará a abordar desde la próxima semana. En ese sentido la reforma educacional y agenda laboral serán las prioridades del Ejecutivo, además de cuatro ejes en las áreas de transparencia y democracia; económico-productiva, social y seguridad pública.

Pese a las expectativas y el propio compromiso de la mandataria de impulsar la nueva Constitución a partir de este año, ésta no aparece entre las prioridades del gobierno, según aseguró el portavoz de La Moneda.

Elizalde también confirmó que el próximo martes 3 de marzo -día en que el Congreso retoma sus funciones- la mandataria convocó al primer Consejo de Gabinete del año y para el sábado 7 a una jornada de trabajo que encabezará la misma Jefa de Estado.

Peñailillo y desfile de ministros
Un alto en sus vacaciones hizo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien arribó a Palacio cerca de las 16 horas, minutos antes que comenzará la reunión. Según se había comentado la semana pasada si bien estaba gozando de su feriado legal, el jefe de gabinete no sólo seguía en contacto permanente con la mandataria, sino que también estaría operativo para ir a La Moneda.

Así, tras el término del encuentro, Peñailillo retomaría sus vacaciones, para volver completamente a sus funciones el lunes 2 de marzo, cuando se lleve a cabo el primer comité político del año con los presidentes de partido de la Nueva Mayoría.

Tras la reunión, pasadas las 19 horas comenzaron a llegar hasta las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia varios secretarios de Estado.

El primero en arribar fue el ministro de Justicia, José Antonio Gomez, luego lo hicieron la titular del Sernam, Claudia Pascual; de Salud, Carmen Castillo, y Trabajo, Javiera Blanco. Estos encuentros se dan en el marco de una agenda de bilaterales que tenía contemplado hacer la Presidenta en su primera semana de trabajo.

Un nuevo paso dio ayer la agenda laboral del gobierno. Al proyecto de ley que envió a fines de diciembre el Ejecutivo al Congreso para reformar las relaciones entre trabajadores y empresarios en el país, se sumó ayer el anuncio de cambios en el ámbito público.

El marco elegido fue la ceremonia de conmemoración del aniversario 33 de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, que se efectuó en el Cementerio General. Fue en esta instancia donde la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, reforzó el interés de la actual administración por impulsar con fuerza lo que el programa plantea como un objetivo fundamental en materia laboral: establecer un "nuevo trato para el empleo público".

Dicho esto, la secretaria de Estado informó que a partir de este año se comenzarán a implementar una serie de compromisos programáticos del gobierno con los trabajadores del sector público. Por una parte, se les extenderá el acceso al procedimiento de tutela de los derechos fundamentales de naturaleza no laboral, así como el envío al Congreso de un proyecto de ley para "institucionalizar la negociación colectiva" en el sector público y el derecho a sindicalización de estos funcionarios, incluido el personal a honorarios.

La ministra Blanco, además, destacó que se establecerán mayores plazos para los incentivos al retiro, la disminución de la brecha de viáticos, el acceso al permiso de posnatal parental con remuneración íntegra y "el compromiso de abordar la situación laboral del personal a honorarios".

"Quiero invitar a la ANEF a seguir colaborando, como lo ha hecho antes, para consolidar una agenda de trabajo para avanzar en los temas relevantes para este sector", sostuvo la ministra Blanco.

En ese sentido, anunció que los trabajadores y trabajadoras del sector público podrán acceder a los cursos de formación sindical que año a año se ofrecen a través de la Subsecretaría del Trabajo, y que hasta hoy "era una de las barreras que limitaba que las asociaciones y los sindicatos pudieran acceder a este tipo de fondos para forma a sus propios dirigentes".

En cuanto a la conmemoración de la muerte de Tucapel Jiménez Alfaro, la secretaria de Estado subrayó su legado ético y que "en circunstancias muy difíciles supo poner en el centro el valor de la unidad política y social de todas las fuerza democráticas, para derrotar a un régimen autoritario que había conculcado los derechos civiles y ciudadanos, y también había afectado severamente el ejercicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

Estos anuncios se dan a escasos días de que se retome el trámite legislativo de la reforma laboral que busca fortalecer la situación de los sindicatos en el país a través de diversas vías, como el concepto de la titularidad sindical, que sea este tipo de organización el que decida extender los beneficios o no de la negociación colectiva y que se sumen a ésta nuevos tipos de trabajadores.

La ANEF y los anuncios de ministra Blanco: "son genéricos y ambiguos"

Por Víctor Vera

"El 2014 fue un año de siembra, el 2015 debe ser de cosecha de frutos concretos o movilizaciones". Así resumió ayer el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Raúl de la Puente, los anuncios realizados por la ministra del Trabajo, Javiera Blanco.

El dirigente fue absolutamente claro en expresar que lo planteado por la secretaria de Estado es "genérico y ambiguo" y no se hace cargo -en los hechos- de las promesas establecidas en el programa de gobierno.

El presidente de ANEF indicó que "los trabajadores públicos fueron postergados de la reforma laboral que el gobierno envió al Congreso Nacional".

Y, de hecho, añadió que la ANEF no observa que haya voluntad política para concretizar una agenda de trabajo de gobierno con la organización para "avanzar en precisiones, claridad, temas y alcance de los mismos, objetivos y plazos específicos".

Al profundizar sobre la posición de los asociados a la ANEF, De la Puente subrayó que "a lo menos hay tres niveles de negociación colectiva que se debiera considerar: reajuste y temas coyunturales, sectorial (por ámbito, por ejemplo: educacional, de la salud, municipal, Etc.) y, de servicios públicos con necesidades singulares (por ejemplo: Gendarmería)".

El dirigente precisó que es esencial derogar la prohibición, establecida en el Código del Trabajo, de negociación del sector público.

Asimismo, planteó que lo propio se debe hacer con la Constitución Política que prohibe el derecho a huelga para los funcionarios fiscales.

El dirigente gremial fue tajante en aseverar que se debe aprovechar la experiencia que tiene la ANEF en negociar colectivamente con los gobiernos de turno y hacer la huelga en los hechos; no obstante, estar ambas situaciones prohibidas en la norma legal chilena.

De la Puente argumentó que se debe incorporar a los trabajadores del sector público en una reforma que garantice los derechos laborales.

"El 70% del total de funcionarios públicos del país no tienen estabilidad en su trabajo ni carrera funcionaria. Lo anterior significó, por ejemplo, que el gobierno de la Alianza por Chile despidiera a más de 11 mil trabajadores y el de la Nueva Mayoría ya lleve más de 400 funcionarios exonerados a la fecha", dijo.

El rol de la ANEF, en un contexto reformado, debiera ser análogo a una negociación de sindicatos interempresa, sugirió De la Puente.