Por: Carlos Burgueño.
La Justicia alemana, en una de sus máximas expresiones constitucionales, falló en contra del país, en sintonía con el fallo del norteamericano Thomas Griesa, en una causa presentada por tenedores alemanes de bonos argentinos caídos en default desde 2001. Según el Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof, BGH) con sede en Karlsruhe "la Argentina tendrá que cumplir" a los acreedores que presentaron sus demandas en los tribunales alemanes, ante la "falta de pago de esos títulos". El fallo, firmado por el juez (Richter) Hans-Ulrich Joeres, rechazó los argumentos presentados por la Argentina y determinó que dos holdouts que no entraron a los canjes 2005 y 2010 deberán recibir de parte del país los intereses devengados por esos bonos. Si bien no se trata de mucho dinero (3.000 euros en intereses no pagados), el fallo les reconoce el 100% de los derechos de cobrar a los tenedores de la deuda argentina impaga, y les permite ahora una nueva presentación civil para que la misma Justicia alemana les reconozca una actualización del dinero, más multas y punitorios por no haber ejecutado el pago en tiempo y forma. Para esto, Joeres determinó en su fallo que tomará en cuenta las indexaciones que se aplicaron en el "juicio del siglo" en el tribunal de Thomas Griesa. Además, habilita al resto de los tenedores de bonos alemanes que no aceptaron ingresar en los canjes para presentarse en el BGH para activar y actualizar las causas.
La decisión no tendrá mayores consecuencias financieras para la Argentina. Así como no se cumplió (al menos por ahora) con el fallo de Griesa de 2012 en Nueva York, avalado por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad y la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU., tampoco se cumplirá con este fallo de la Justicia alemana. Más allá de evaluarse en las próximas horas si la decisión puede ser apelada (existe un tribunal más de alzada dentro de la Justicia alemana), lo cierto es que la Argentina no les pagará tampoco a los holdouts alemanes lo que éstos reclaman.
Los abogados que representan al país en los tribunales germanos evaluarán ahora si conviene (y si hay posibilidades de éxito) llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional de Alemania, una instancia sólo habilitada para muy pocos casos en los que estén en juego o discusión los derechos civiles y penales de los ciudadanos alemanes. Antes habrá un escrito de "revisión" ante Joeres para aclarar que hay un canje abierto en las mismas condiciones de 2010, y que ésta será la única oferta en la que el Gobierno de Cristina de Kirchner instrumentará. Los abogados de la Argentina sostienen que el derecho internacional permite a los emisores soberanos que cesen todos los pagos de bonos luego de caer en default, tan pronto como se alcance un acuerdo con la mayoría de los tenedores de bonos (en el caso argentino, las reestructuraciones de 2005 y 2010) y que ese llamado estará reabierto para los que quieran sumarse. Joeres rechazó el argumento, secamente, asegurando que tal derecho internacional "no existe en la realidad", con lo que rechazó la posición del país argumentando que, para que sean válidos y legales ambos llamados, debería haber incluido en su lanzamiento una cláusula específica de "condiciones de reestructuración". Como novedad, el juez alemán aplicó en su fallo la misma interpretación de la cláusula "pari passu" instrumentada en el fallo de Griesa, que en su versión germana se denomina "Alle GlTMubiger Gleich".
Un tribunal alemán de alzada (la anteúltima y casi definitiva instancia judicial en ese país) avaló, como Griesa, la cláusula del “pari passu” (Alle Gläubiger Gleich, en idioma germano) a favor de bonistas alemanes.
La AFIP denunció ayer a la firma estadounidense Delphi Packard, controlada por el fondo de inversión Elliott del magnate Paul Singer, por "vaciamiento y cierre" de la planta de producción de autopartes en San Juan, luego que la multinacional informó a 470 trabajadores que próximamente cerrará sus puertas. La multinacional es controlada por el mismo fondo buitre que tiene participación en R.R. Donnelly Argentina, que también declaró su quiebra y cerró sus puertas hace seis meses, informaron fuentes relacionadas con la causa. El cierre ocurre a sólo dos años que Delphi Packard Argentina adquiriera la empresa a la firma TCA SA (Grupo Pescarmona) para dedicarse a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos en la localidad sanjuanina de Santa Lucía. Fuentes judiciales confirmaron que la AFIP "solicitó a la Justicia argentina que libre un exhorto a la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos para que informe sobre la titularidad de acciones de Delphi Automotive PLC". La denuncia penal fue presentada ante el juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, por el presunto delito de "alteración al orden económico".
El Ministerio de Economía ayer informó que "el fallo de la Justicia alemana se inscribe entre los más de 600 litigios por montos menores que existen actualmente en dicho país (en este caso, el reclamo es por alrededor de 6.000 euros) y no constituye ninguna novedad procesal ni revés para la Argentina, toda vez que por ser un Estado soberano goza de inmunidad de ejecución". Agrega que "la Argentina ya resistió múltiples embates por intentos de embargo de los fondos buitre".
El Ministerio de Economía, se refirió a través de un comunicado, a la situación de la República Argentina luego del fallo de Thomas Griesa a raíz de una operación mediática manejada por los fondos buitre. De esta manera, la cartera explicó que continuando con los plazos procesales, este jueves 26 se presentará el escrito definitivo con el desarrollo de los argumentos que fundan la apelación que la República Argentina.
Además destacó que no hubo "intimaciones". Por el contrario, afirmó que la Corte de Apelaciones determinó, que la fecha de vencimiento para presentar el escrito definitivo de apelación de la República es el próximo jueves 26 de febrero.
Vale destacar que el 29 de septiembre de 2014, una decisión de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Juez Griesa había declarado en desacato a la República Argentina por enetender que debía pagarlos a los holdouts que no había entrado en los sanjes de 2005 y 2010.
Tras el fallo, Argentin presentó el 17 de noviembre de 2014 su apelación contra la orden del Juez Griesa. Allí el Gobierno Nacional destacó que la decisión del Juez neoyorquino resultaba contraria al principio de Igualdad Soberana y violaba la inmunidad de la que goza la Argentina.
