Luego de obtener las condenas de tres contadores acusados por delitos tributarios y soborno reiterado en el caso fraude al FUT (causa que originó la indagatoria por aportes irregulares a campañas políticas), ayer el fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, se refirió al caso Penta y su arista SQM, que hasta el miércoles llevaba adelante junto a sus pares Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos.
Ambas procesos -en que Gajardo indagaba presuntos delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas- fueron separadas por decisión de la Fiscalía Nacional, reasignando la investigación de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM) al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, quien es hijo del senador PS, Carlos Montes. Desde ese momento, la instrucción fue que los antecedentes vinculados al caso Penta pasaran a ser investigados por el fiscal regional metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad, liderado por Gajardo.
Consultado por este hecho, el fiscal Gajardo afirmó ayer que “respecto de lo que es la arista Penta Soquimich, reitero lo que dije el primer día, este fiscal no tiene ningún antecedente de que se le haya quitado el piso a la investigación, de que se haya dado un golpe blanco y, por lo tanto, la investigación se va a continuar desarrollando buscando aclarar hasta las últimas consecuencias cada uno de los hechos que se están indagando”.
En cuanto a nuevos nombres de personas dados a conocer la semana pasada, quienes -según un informe de la PDI que está en el expediente del caso- figuran en julio de 2009 con boletas de honorarios sobre un millón de pesos emitidas a SQM, Gajardo aseguró que se investigará a “quién aparezca”.
La nómina donde Gajardo ordena a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) el levantamiento de información de 19 personas, incluye al hijo del diputado DC Roberto León, una asesora del senador PS Fulvio Rossi y al ex embajador de Chile en República Checa y militante DC, Marcelo Rozas, entre otros. A este listado se suma otro que también está en el expediente del caso, donde figuran 240 números de cédulas de identidad de personas que emitieron boletas a SQM en 2010. “En cualquier investigación uno no puede andar tirando cortapisas en base a qué nombre puede aparecer en el futuro, eso es otra cosa. Cuando uno está en la fiscalía investiga sea quién aparezca en la investigación, si no nos dedicamos a otra cosa, si no, no estaríamos en este trabajo, el trabajo se desarrolla, obviamente, independiente de qué persona aparezcan en el futuro”, dijo Gajardo.
REGRESA CHAHUÁN
Para hoy se espera que retorne a sus funciones el fiscal nacional, Sabas Chahuán. En las dependencias del Ministerio Público se preparaban informes sobre lo ocurrido en su ausencia. Gran parte de este material estaba centrado en las diversas reacciones (en su mayoría críticas de carácter político) que había generado la designación del fiscal Montes a la investigación de la arista SQM.
Una de las posibilidades que se ha barajado en los últimos días es que Chahuán modifique la resolución y nombre a un nuevo fiscal regional en este caso a raíz de los cuestionamientos, dado que el padre del persecutor es el senador socialista, Carlos Montes. De concretarse esta opción, Chahuán estaría buscando una fórmula para frenar las críticas y evitar una molestia mayor de Andrés Montes, quien internamente ha manifestado su molestia porque se enteró por la prensa de la determinación.
Fuentes del directorio de SQM admitieron que la empresa canadiense había solicitado en los últimos días información y explicaciones directamente a la firma controlada por Ponce Leru.
La empresa canadiense Potash Corp (PCS), propietaria del 32% de SQM, indicó que está preocupada por las acusaciones que vinculan a la compañía local con el financiamiento irregular de campañas políticas mediante la entrega de dineros a cambio de boletas ideológicamente falsas.
Contactada por La Segunda, desde Canadá la empresa aseguró que "nos tomamos muy en serio estas acusaciones contra SQM".
"Este es un tema muy complejo. Estamos recopilando información y tratando de entender los hechos", señalaron desde PCS. La empresa adicionalmente afirmó que el directorio de SQM está tomando medidas para hacer frente a la situación.
Fuentes del directorio de SQM admitieron que la empresa canadiense había solicitado en los últimos días información y explicaciones directamente a la firma controlada por Ponce Leru.
El caso será tratado en la próxima reunión de directorio de SQM, que se realizará dentro de las próximas dos semanas.
En enero, la mesa de la compañía ya había sostenido una reunión tras conocerse las boletas que Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, había entregado a la minera chilena.
En esta ocasión, la canadiense ya había manifestado su molestia luego que las oficinas de SQM fueran allanadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
La situación tensiona aún más la complicada relación que mantiene Julio Ponce con la empresa canadiense, su principal rival por el control de la minera.
Mientras el Ministerio Público continúa entregando señales de coordinación y negando un eventual “golpe blanco” al fiscal que ha llevado el caso Penta, Carlos Gajardo, tanto la Fiscalía Centro Norte como su par del sector Oriente intentan avanzar en las diligencias pendientes que originaron la arista SQM que indaga la vinculación de dicha empresa a campañas políticas y a irregularidades tributarias.
Eso sí, las diligencias pendientes son desarrolladas sin mucha prisa, dado que aún se espera la llegada en marzo del fiscal Andrés Montes, quien tras ser designado a cargo de la arista SQM sufrió cuestionamientos por su vinculación con su padre, el senador del PS Carlos Montes.
Según fuentes del Ministerio Público, a pesar de su feriado legal, el titular regional Centro Norte se encuentra evaluando su situación y no descartaría dar un paso al costado como signo de transparencia.
Un eventual cambio de último minuto ha generado preocupación entre las partes. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer, el abogado de Pablo Wagner, Pablo Medina, acudió a la Fiscalía Oriente para conocer detalles sobre eventuales cambios en el diseño de las indagatorias.
Más diligencias
Mientras no se toma una decisión definitiva respecto de quién quedará a cargo de la investigación, ambas Fiscalías han seguido llevando adelante las diligencias del caso. Buena parte de las diligencias pendientes están relacionadas a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería y su cuñada, María Carolina de la Cerda, quién autorizó a la fiscalía a indagar en su cuenta corriente en el banco Security, además de información de Génesis, la consultora del cual el ex militante de la UDI figuraba como socio.
Esto por la facilitación y uso de casi 60 boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta en que incurrió el ex subsecretario.
“A principios del año 2009, mi cuñado Pablo Wagner San Martín me pidió si le podía prestar boletas de honorarios, no me señaló para qué y me dijo que durante el año me podían llamar para pedirme boletas para campañas políticas”, revela la declaración del 13 de febrero ante el Ministerio Público.
Wagner fue subsecretario desde 2010 a 2012, período en el que lanzó la licitación de los Contratos Especiales de licitación del Litio (CEOL). Este período causó mucho interés en el Ministerio Público, tanto que el fiscal Carlos Gajardo ofició directamente el actual subsecretarío de la cartera, Ignacio Moreno, con el fin de “obtener una copia del respaldo de las cuentas de correos electrónicos de Pablo Guillermo Wagner San Martín”.
Adicionalmente, otra indagación relevante son las referentes al alzamiento del secreto bancario solicitado contra las cuentas del ex subsecretario, las que comprenden el lapso 1 de marzo de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2012, y las posteriores cuando se desempeñó como socio de la consultora Genesis Partners. En este periodo, de acuerdo a la declaración de De la Cerda, volvió a emitir boletas en mayo de 2013 hasta mediados de 2014.
“Los montos, el nombre de la empresa me los dio Pablo Wagner, me dijo que era todos los meses la misma plata y lo dejé anotado en la libreta de mi teléfono como recordatorio. No presté servicios para Genesis administradora, la glosa me la envío Pablo “asesorías financieras”, asesorías que no presté”, dijo en la declaración.
Según conocedores del caso, en la fiscalía se evalúa citar a declarar a los demás socios de la compañía, el ingeniero civil químico Hipólito Escalona, el ingeniero comercial Ariel Meirovich y el ingeniero informático Alejandro Cañete, todos ex alumnos del Magíster en Finanzas de la Universidad del Desarrollo (UDD).
Adicionalmente, otro documento que generará nuevas diligencias, es el registro de honorarios y facturas ingresadas en la contabilidad de SQM, las que fueron solicitadas por el fiscal José Antonio Villalobos.
Coordinaciones
Por el momento el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte José Morales y su par Carlos Gajardo afinan el traspaso de expedientes. Sin embargo, la comunicación entre ambos persecutores no es reciente y data desde el año pasado.
Según la carpeta investigativa del caso, los cruces datan desde que el persecutor ligado al caso La Polar y Cascada, ingresó al caso “litio” , el cuál investiga la eventual existencia de un fraude al Fisco en la fallida licitación que adjudicara el gobierno anterior a la compañía controlada por Julio Ponce.
Según los antecedentes de la carpeta, el 22 de diciembre del año pasado, el fiscal Carlos Gajardo ordenó a la PDI acudir a la Fiscalía Centro Norte con el fin de tener acceso a la información incautada por Morales relacionada con el ex subsecretario Pablo Wagner.
“A fin de solicitar los computadores personales o el respaldo o imagen de dichos computadores, si los hubiere, del subsecretario Pablo Wagner San Martín”, apunta la orden firmada por Gajardo.
La solicitud no fue acogida en primera instancia debido a la negativa de funcionarios de la Fiscalía, quienes expresaron que la diligencia sólo se podría concretar con el visto bueno de Morales. El panorama cambió luego de que el fiscal del Caso Penta concretó un llamado telefónico a su colega de la Fiscalía.