En un nuevo avance de la justicia brasileña por el escándalo de corrupción en Petrobras, el Ministerio Público Federal inició ayer acciones legales para que seis de las empresas que habrían pagado sobornos a directivos de la petrolera estatal abonen ahora al Estado más de 1500 millones de dólares.

Se trata de las constructoras Camargo Correa, Mendes Júnior, Engevix, OAS, Galvão Engenharia y Sanko-Sider, a las que, de ser condenadas en este reclamo de carácter civil, también se les prohibiría firmar nuevos contratos con el Estado y recibir beneficios o incentivos fiscales y crediticios.

"En una república, todos deben ser castigados igualmente en la proporción de la gravedad de sus actos y culpas", señaló el fiscal de la República Delton Dallagnol, quien aclaró que este proceso ocurre en paralelo al juicio criminal que tiene a su cargo el magistrado Sergio Moro, en Curitiba, donde están concentradas todas las investigaciones por el escándalo.

Considerado el mayor hecho de corrupción en la historia de Brasil, con más de 4000 millones de dólares movilizados en el esquema de sobornos y desvíos en la última década, por el caso ya fueron detenidos tres ex directores de Petrobras y 36 ejecutivos de las principales constructoras brasileñas acusados de haber formado un cartel para repartirse contratos con la compañía petrolera estatal.

"La corrupción puede ser vista como una decisión basada en costos y beneficios. Las empresas corrompen porque los beneficios son mayores que los costos. Debemos invertir esa fórmula", opinó Dallagnol al informar sobre las nuevas medidas.

La Fiscalía brasileña solicitó hoy a seis empresas constructoras y a varios de sus ejecutivos que devuelvan unos 4.470 millones de reales (unos 1.559 millones de dólares) a raíz de supuestamente haber participado en un cartel que permitió una red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Según informó el Ministerio Público Federal del estado sureño de Paraná, la suma incluye resarcimiento al erario público, indemnización por daños morales colectivos y multas e involucra a las firmas constructoras Camargo Correa, Sanko-Sider, Mendes Junior, OAS, Engevix y Galvao Engenharia.

El pedido de los fiscales es de carácter civil y es paralelo a la investigación en el fuero criminal que realiza el juez Sergio Moro, de Curitiba, quien comanda el caso sobre la corrupción en Petrobras y el pago de sobornos a exdirectivos de la empresa estatal.

Según un comunicado de la Fiscalía, que conduce el procurador de la República, Deltan Dallagnol, el caso se inscribe en las denuncias del corrupto confeso y exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa, quien hizo un acuerdo de reducción de pena a cambio de su delación.

Además de Costa, otros dos exdirectivos de Petrobras están detenidos por corrupción, al igual que exfuncionarios de alto rango de siete empresas constructoras.

"Las acciones que se desprenden de los crímenes investigados en la operación Lava-Jato (como se llama el operativo en Petrobras) detallan la participación de los involucrados en el pago de sobornos a directivos de Petrobras en valores que variaban del 1 % a 3 % del monto de los contratos que se obtenían fraudulentamente", dice la Fiscalía.

El Ministerio Público Federal ubica entre 2004 y 2014 el lapso en el cual se formó el cartel que denuncian en esta nueva acción contra las empresas.

El escándalo de corrupción en torno a los contratos de Petrobras estalló en 2014, con la investigación del juez Moro y provocó la caída del directorio de la empresa el 4 de febrero, con la salida de María das Graças Foster de la presidencia, cargo en el que asumió Aldemir Bendine, extitular del público Banco do Brasil.