Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, regresó al poder en 2013 con la promesa de combatir la desigualdad y poner fin a los profundamente enraizados privilegios de la elite tradicional del país.

Pero su gobierno sufrió un serio golpe a la credibilidad cuando su hijo mayor, Sebastián Dávalos, fue acusado a principios de este mes de usar su influencia para asegurar un préstamo bancario. El alboroto resultante fue tanto, que fue obligado a renunciar como director de una fundación de caridad que generalmente es administrada por la primera dama.

Lamentando este "amargo momento", Dávalos admitió que el escándalo podría "dañar" no sólo al gobierno, sino también a la presidenta, cuya popularidad ya ha caído a mínimos récord en medio de una desaceleración económica arrastrada por menores precios del cobre, la principal exportación de Chile.

En juego está la ambiciosa agenda de reformas de Bachelet, que apunta a reducir la desigualdad, que se ha mantenido alta pese a un crecimiento económico excepcional en décadas recientes. Los elementos más controversiales de su agenda, especialmente en educación, ya han sido suavizados por la facción moderada de su coalición de centroizquierda, cuyo apoyo necesita para aprobar las nuevas leyes en el Congreso.

"Con este escándalo, los moderados probablemente adquieran más fuerza, ya que Bachelet no será capaz de impulsar legítimamente la coalición más hacia la izquierda", dice Patricio Navia, cientista político de la Universidad de Nueva York.

"La familia de Bachelet estaba usando el mismo tipo de acceso privilegiado contra el cual luchaba", explica.

Para muchos chilenos, la habilidad de Dávalos de asegurar un préstamo de US$ 10,4 millones para la pequeña empresa de su esposa de parte del Banco de Chile después de reunirse con su vicepresidente, Andrónico Luksic –que es uno de los hombres más ricos de Chile y cuya familia controla el banco- es un ejemplo elocuente del alcance de los privilegios en el país. El préstamo fue aprobado un día después de que Bachelet ganara las elecciones presidenciales.

El escándalo es una bendición para la alianza opositora de centroderecha, que se abalanzó sobre lo que ha sido calificado como el "Nueragate". La oposición no sólo sigue tambaleándose después de haber sido aplastada por la coalición de Bachelet en las elecciones presidenciales de 2013, sino que también ha sido golpeada por su propio escándalo, altamente dañino, por el financiamiento de las campañas.

Pero Navia agrega: "La oposición real de Bachelet no es la Alianza de centroderecha, sino los demócratacristianos en el Senado".

Él afirma que ese grupo más moderado de la coalición gobernante ha logrado asegurar que las reformas de Bachelet sean "mucho menos radicales que lo prometido".

De hecho, con su cómoda mayoría parlamentaria, la oposición no ha podido evitar que la coalición gobernante, la Nueva Mayoría, apruebe arrolladoramente las reformas en el Congreso. El año pasado, se aprobó una reforma tributaria que permitirá que el Estado reciba US$ 8 mil millones adicionales al año, principalmente de las empresas, mientras que las reformas a la educación centrales en la agenda de Bachelet están cerca de aprobarse.

Ahora, las empresas en particular tienen puesta su mirada en controvertidas reformas laborales, que serán debatidas en el Congreso más adelante en el año. Los críticos dicen que las reformas propuestas aumentarán el poder de los sindicatos, que sólo representan a cerca de 15% de los trabajadores. Más allá de mejorar el empleo y la productividad, las reformas corren el riesgo de aumentar el desempleo y los conflictos laborales, argumentan.

"Sería muy difícil hacer las reformas que el gobierno intenta sin tener problemas y generar cierta incertidumbre", dice José De Gregorio, ex presidente del Banco Central. Pero pese a que el gobierno ha luchado por calmar los temores de los inversionistas, especialmente por la reforma tributaria, "hoy muchas de esas dudas se están disipando", insiste.

El optimismo de De Gregorio es compartido por las instituciones de Wall Street como Standard & Poor's y JPMorgan, que han argumentado recientemente que la economía está entrando en una nueva fase. JPMorgan subió su pronóstico de crecimiento para 2015 de 2,3% a 2,7%, ya que los menores precios del petróleo han ayudado a compensar la caída en los precios del cobre, después de crecer 1,8% en año pasado.

Sin embargo, Felipe Larraín, el ministro de Hacienda del gobierno anterior de Sebastián Piñera, apunta que la economía ha sufrido un "aterrizaje forzoso" después de promediar una expansión de 5,3% entre 2010 y 2013.

"En este complicado escenario, la reforma laboral es sólo una cosa más. Con la reforma tributaria, todo va hacia la misma dirección", dice, argumentando que el creciente costo del empleo y la producción está actuando como un desincentivo para la inversión, que ha caído en los últimos seis trimestres consecutivos. 

"Creo que Chile podría estar mucho mejor", declara.

A diferencia de la mayoría de los analistas políticos y varios dirigentes del oficialismo, el abogado y columnista Jorge Navarrete apuesta a que la presidenta Bachelet pueda salir fortalecida tras el escándalo que protagonizó su hijo Sebastián Dávalos, lo que dependerá -dice- de lo que diga y haga la propia mandataria.

-La Presidenta retoma sus funciones, tras sus vacaciones, ¿cómo debería asumir el conflicto en que su hijo sumió al gobierno en su primera reaparición pública?
-Es la oportunidad para que Bachelet fije un estándar sobre el comportamiento profesional y ético de los funcionarios públicos, el que ciertamente debería estar por encima del piso que establece nuestro ordenamiento jurídico. El generalizado desprestigio de la elite, no sólo política sino también económica y social, atañe a una cuestión de legitimidad más que de legalidad.

-¿Cuál fue la debilidad del gobierno, si la hubo, en la forma de enfrentar este conflicto?
-Que, como siempre, se intentó minimizar la gravedad de los hechos, escudándose en débiles explicaciones legales, suponiendo incluso que se trataba de un problema "entre privados". Estando involucrado el hijo de la Presidenta de la República, el que además cumplía funciones oficiales y protocolares en el Palacio de la Moneda, la renuncia de Dávalos tuvo que haber sido la primera reacción y no la última.

-¿Qué debería hacer el gobierno hacia adelante para evitar que el caso Dávalos lo siga afectando?
-La frontera y separación entre lo público y lo privado es quizás una de las áreas más frágiles de nuestra democracia. Se trata de un problema que se arrastra hace décadas, el que ciertamente se agravó en la gestión de Sebastián Piñera. Lo que corresponde es establecer con claridad los límites, diferenciando cada espacio, regulando mejor el lobby, los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y el financiamiento de la política. No queremos privatizar el espacio público, de la misma forma que tampoco deberíamos estatizar el mercado, y para eso hay que separar aguas.

-¿Qué le hace suponer que la forma como el gobierno resolvió el episodio Dávalos podría fortalecer a la presidenta, en contradicción a lo que opina la mayoría de los analistas y dirigentes del oficialismo?
-Lo mío fue una apuesta, la que obviamente depende de las palabras y conducta que Bachelet tenga ahora respecto de este caso. Si lo que ella promueve, en definitiva, es la transparencia radical, tolerancia cero a las conductas impropias de los funcionarios públicos y establece un estándar que dignifique el servicio público -todo aquello ejemplificado con la renuncia de su propio hijo- obviamente que saldrá fortalecida. Incluso más, será evidente el contraste con la conducta de muchos de los dirigentes de la oposición relacionados a hechos bastante más graves y cuya conducta ya raya en la indignidad.

-Si en la investigación que inició la Fiscalía de la VI Región por el caso Caval se acreditara que existió tráfico de influencia, ¿cuánto cambia el escenario para la mandataria?
-Insisto. Todo depende de la forma en que se enfrente el problema. Si se acreditara tal delito y el gobierno actuara con severidad ante los involucrados, sin distinción alguna, se daría una contundente señal de que nadie está por encima de la ley. Si por el contrario, se ensaya nuevamente una estrategia del empate, intentando proteger a los funcionarios públicos eventualmente involucrados, obviamente esto se podría transformar en un problema político mucho más serio. Las crisis deben ser afrontadas con instrumentos acordes a la envergadura del problema. Y eso, siempre doloroso, es lo que la derecha no termina por entender.

-¿Qué efectos tendrá para la UDI no hacerse cargo de lo que a ellos les compete en este momento a raíz del caso Penta, cuando además se lo piden los mismos socios de RN?
-Un viejo dicho popular dice que más vale ponerse colorado una vez, que cien veces amarillo. Mientras la UDI siga en una estrategia de control de daños, enarbolando un discurso que resulta abiertamente contradictorio con su conducta cotidiana, el problema sólo se agravará. RN está siendo arrastrada al fango de Penta, pero nada podrá hacer para evitarlo mientras la UDI no corrija el rumbo. Finalmente, y como decimos los abogados, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

-¿Cabe una teoría del empate entre los casos Penta y Dávalos?
-Si bien se trata de dos situaciones que merecen un severo reproche por parte de los ciudadanos y donde la justicia se pronunciará en definitiva, no hay punto de comparación, ni en su gravedad, ni en su magnitud. Quienes equiparan ambos casos no han entendido nada sobre la gravedad de lo revelado tras el caso Penta.

-¿Cuánto podría afectar a la institucionalidad política el desprestigio que acarrean estos casos?
-A ratos se confirma esa intuición de que siempre las cosas pueden estar peor. El nivel de descrédito y sospecha hacia nuestra institucionalidad política está llegando a niveles preocupantes, cuando no peligrosos. Pese al clamor de muchos, y desde hace ya varios años, hemos actuado con liviandad y mezquindad frente a esta cuestión, lo que obviamente acarreará costos que pagaremos todos en el futuro. La generalizada desconfianza que impera en nuestra sociedad hacia la elite en general, es un real obstáculo para el desarrollo del país en las próximas décadas.

-¿Cree que el actual escenario político sería propicio para la aparición de los llamados líderes populistas, como efecto de estos casos?
-El deterioro institucional, el desprecio por la actividad política, incluyendo a todos los organismos del Estado y los partidos, y la desesperanza de que en torno a éstos pueda articularse un cambio para las personas que viven situaciones objetivamente injustas, promueve un mayor interés por los liderazgos individuales, más centrados en las características personales que en sus ideas o apoyos institucionales. El hecho de que Marco Enríquez-Ominami y Manuel José Ossandón lideren hoy las encuestas para una posible candidatura presidencial, es el síntoma más visible del fenómeno que describo. Ambos, sin necesariamente catalogarlos de populistas, son outsiders del sistema.

-¿Qué otros efectos podría acarrear esta situación?
-Lo que hemos observado en otros países que han transitado por caminos similares: escasa representación de los partidos, baja participación electoral, la incapacidad de la política para articular cambios y acuerdos, proliferación de grupos y movimientos al margen del sistema, poca credibilidad de los principales agentes estatales y privados, mayor fragmentación de los intereses y demandas, una alta judicialización de los conflictos sociales y menor reproche al uso de la fuerza para visibilizar demandas y resolver problemas.

-¿Cree que Chile está al borde una crisis institucional?
-No, pero sí creo que estamos entrando a un estado de 'asepsia institucional'. Es decir, nuestra política está cerca de incumplir su más e importante promesa: ser un legítimo instrumento para administrar nuestras diferencias y organizar la convivencia colectiva, donde supeditemos los intereses individuales a un bien común validado en forma social y democrática.

-¿Cómo debería enfrentar la clase política la actual situación. Habría que avanzar hacia medidas ejemplificadoras como perdida del cargo?
-La batería de medidas y regulaciones han estado sobre la mesa desde hace muchos años. Sin embargo, el hecho de que las conductas impropias e infracciones se verifiquen de manera transversal, muchas de ellas asentadas de larga data en nuestro sistema público y privado, hacen extremadanamente difícil que los cambios se promuevan desde adentro, donde impera un instinto de protección y solidaridad corporativa. La lista de abusos sin sancionar, en todo orden y ámbito, es lo suficientemente larga para que legítimamente se sospeche que las cosas permanecerán igual. Sigo creyendo que la única alternativa es echar mano a un liderazgo que teniendo una representación institucional, goce de la confianza ciudadana suficiente para hacer creíble dicho esfuerzo. Por eso todavía sigo apostando al rol que pudiera jugar Bachelet en esta materia.

"Peñailillo actuó bien"

-Durante la semana más compleja del llamado caso Dávalos, la única autoridad de gobierno (y del oficialismo en general) que enfrentó el episodio fue el ministro del Interior, ¿qué efectos puede tener para su imagen?
-No sólo fue uno de los pocos en aparecer, sino que además mostró una conducta coherente con la que se espera de un jefe de gabinete, al tomar distancia de las relaciones personales de los involucrados y apelar a un criterio más de Estado. Peñailillo actuó bien porque marcó una diferencia entre la política profesional y la relacional, pero además lo hizo en contra del hijo de la propia Presidenta de la República, lo que habla de su mayor poder y autonomía.

-¿Cómo quedan los principales dirigentes del oficialismo que no enfrentaron la crisis dada su ausencia?
-Mientras se baraja nadie pierde. Los que ayer callaron hoy tendrán la posibilidad de hablar cuando las cosas están más claras y el riesgo a equivocarse es menor. En todo caso, el impacto de sus dichos será más bien irrelevante y capitalizarán sólo quienes ejercieron liderazgo cuando se necesitaba.

-El (esperado) cambio de gabinete podría ayudar a cambiar el foco de la polémica
-Habría que sugerírselo a la UDI...(ríe). Los cambios de gabinete siempre contribuyen comunicacionalmente a distraer y distender estas polémicas, aunque espero que si ello ocurre sea por razones más importantes e urgentes que atañen a los problemas de diseño político y gestión del gobierno.

A través de una carta enviada a los cerca de 10 mil trabajadores del Banco de Chile, el vicepresidente de la entidad, Andrónico Luksic Craig, manifestó su pesar por las "consecuencias" ocasionadas por la cuestionada cita que sostuvo con Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, en el marco del crédito por $6.500 millones otorgado a la sociedad Caval Ltda. 

"Estoy consciente de que los hechos aludidos, las especulaciones y los comentarios en torno al caso pueden haber causado dudas y molestias a usted y familia, lo que lamento profundamente (...) Asumo ante usted mi total responsabilidad y siento sinceramente no haber previsto entonces las complejidades y consecuencias que tendría este encuentro", escribió el empresario. 

En la misiva, que envió pasado el mediodía de este viernes, el empresario explicó que la reunión con Dávalos y Compagnon "fue solicitada por ellos a mi secretaria" y la decisión de haberlos recibido "fue únicamente mía y lo hice con la sola intención de actuar con deferencia". 

"Tengo la absoluta tranquilidad y puedo asegurarle que el Banco actuó correctamente en todo este proceso: evaluó durante más de tres meses el negocio, tasó los terrenos, analizó las garantías y sólo concedió el crédito cuando el comité ejecutivo, con total independencia, consideró que se cumplían las condiciones", señaló. 

Luksic lamentó los cuestionamientos a la entidad generados por el encuentro y aseguró que es "una institución que, desde hace más de 120 años y con el esfuerzo de usted y miles de personas, se ha ganado un alto prestigio". 

"Estoy convencido de que cada uno de nosotros sabrá sobreponerse a este episodio", termina diciendo.