Por HERNÁN LUGO-GALICIA MARU MORALES.
“Todos estamos en peligro”, afirmó María Corina Machado ante la eventualidad de que sea detenida por el gobierno.
En apenas 53 días de este año, 151 personas han sido detenidas por participar en protestas contra el gobierno, por encontrarse cerca de alguna manifestación, por cubrir periodísticamente una protesta, e incluso por prestar asistencia a manifestantes. Cifras del Foro Penal Venezolano indican que de ese grupo 87 recibieron medidas cautelares de presentación periódica, 2 han sido privadas de libertad, 34 fueron liberadas sin ser presentadas ante un juez, 27 quedaron en libertad plena, y Antonio Ledezma, que fue llevado al Tribunal 6° de Control.
Solo en enero 46 personas recibieron la medida de presentación periódica en sustitución de la cárcel: 8 en Caracas, 13 en Miranda, 4 en Portuguesa, 8 en Táchira y 13 en Zulia. Mientras en las 3 semanas transcurridas de febrero la cifra de personas pasadas a juicio por manifestar es de 41: 9 en Zulia, 10 en Táchira, 4 en Lara y 18 en Miranda.
La expresión de Machado y los datos de Foro Penal develan el plan de Miraflores de cercar a la oposición, a voces disidentes en el oficialismo y a la prensa crítica, y evidencia un aumento de la represión, ahora con una modalidad impuesta por Hugo Chávez, pero reforzada por el presidente Nicolás Maduro: los cuerpos policiales actúan por órdenes del jefe del Estado, sin autorización de la Fiscalía General o que prive un oficio de un tribunal.
“El presidente se convierte en policía, en acusador y en juez que dictamina quiénes van preso”, advirtió la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Ligia Bolívar.
Bolívar deja claro que el CDH-UCAB no opina sobre cuestiones políticas ni menos sobre detenciones que no son tratadas por la institución, pero sí expresó preocupación por la falta de independencia de los poderes públicos. “Como defensores de los derechos humanos nos preocupa que el presidente adelante criterios sobre personas detenidas. Esa costumbre provino de Hugo Chávez en el caso de la juez María Afiuni y Maduro la adoptó, por primera vez, contra los dueños de Farmatodo y luego lo hizo en otros casos. Él decide quién va preso. ‘Bien preso’, dice, usando el lenguaje de Chávez. Eso demuestra la ausencia de independencia de poderes”.
El diputado de Primero Justicia Ismael García y el abogado Omar Estacio denuncian como método intimidatorio la presencia de comandos especiales, con armas largas; en algunos casos encapuchados y sin presentar las órdenes firmadas por un tribunal. En el caso del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, fue sacado a la fuerza sin un oficio escrito que justificara la detención. El Ministerio Público negó tener conocimiento del hecho, el jueves en la tarde; sin embargo, luego Maduro alegó que la Fiscalía había autorizado la captura.
Mal augurio. La directora de la ONG Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), Elenis Rodríguez, consideró que el arranque del año con más de 150 detenciones y más de 80 juicios abiertos es un mal augurio para el resto de 2015.
“Esas cifras son la mejor demostración de que el gobierno no ha cambiado su política de violación de derechos humanos y detenciones arbitrarias que aplicó en 2014. La represión seguirá creciendo en 2015 porque en la medida en que sigan los problemas, que son responsabilidad del gobierno, la gente seguirá protestando”, afirmó Rodríguez.
Ante este escenario, la diputada de Un Nuevo Tiempo Clara Mirabal expresó: “La persecución y el acorralamiento a quienes disentimos del régimen arreció; es una muestra del sistema que viola la libertad, los derechos humanos y busca acallar las voces críticas y la disidencia”.
“Patriotas cooperantes”. La persecución política está fortalecida por agentes, no institucionalizados, que acusan a la disidencia del chavismo y a la oposición.
En el grupo de los cuatro enjuiciados en Lara, por ejemplo, destaca el caso de los médicos y esposos José Dávila y Ana Rojas, cuya residencia en las afueras de Barquisimeto fue allanada por el Sebin el 12F y seis días después fueron imputados por intimidación pública, agavillamiento y porte ilícito de arma. El juez dictó medidas cautelares.
“Hay un trabajo del gobierno con unos supuestos patriotas cooperantes que están infiltrados en las colas, en las manifestaciones, en las urbanizaciones y por sus supuestos testimonios han detenido a muchas personas. En el caso de los médicos no se sabe quién los denunció, pero yo no descarto que se trate de esa figura que no está en la Constitución ni en la ley”, dijo Lilia Camejo, abogada del caso.
Camejo precisó que Rojas y Dávila han prestado asistencia a manifestantes heridos por los cuerpos de seguridad en las protestas de 2014 y 2015 y no descarta que esa sea la razón por la que son procesados.
Ligia Bolívar cita otro hecho: la detención del juez en el caso de Walid Makled, acusado de narcotráfico: “Este funcionario expresó lealtad al proceso revolucionario, pero como ahora incomodó a alguien fue preso. Eso es inaceptable porque evidencia ausencia de poderes públicos autónomos. Nadie puede ir preso por dictar una sentencia. Las últimas detenciones, sobre las cuales no tengo detalles, no están ajustadas a derecho y constituyen un debilitamiento del andamiaje institucional”.
Machado, bajo sospecha. Desde 2010 hasta la fecha, María Corina Machado no sólo es vigilada, sino que ha sido agredida físicamente y perseguida por tribunales.
El movimiento Vente Venezuela registra, en su web, que las agresiones más graves y comunicacionales se produjeron a partir de 2012, cuando aspiró a la candidatura presidencial de la oposición. Durante la campaña fue objeto de ataques, incluso armados, de seguidores del chavismo. En abril de 2013 fue herida junto a un docena de diputados (en su caso fractura del tabique nasal), en una reyerta en el Hemiciclo. Estos sucesos no fueron investigados.
En agosto de 2013, al cumplirse un año de la tragedia en la refinería de Amuay, Machado y otros diputados presentaron un informe. La gobernadora de Falcón, Stella Lugo (PSUV), solicitó allanarle la inmunidad y la denunció por terrorismo. El Parlamento conformó una comisión que no presentó resultados.
En marzo de 2014 la directiva de la Asamblea Nacional prohibió su ingreso, tras denunciar en el Consejo Permanente de la OEA la violación de los derechos humanos durante las protestas de ese año. El TSJ avaló la decisión. Machado introdujo un amparo ante el máximo tribunal que fue declarado sin lugar.
En mayo el “Alto Mando Político de la Revolución” la acusó de estar involucrada en un supuesto golpe y magnicidio. La Fiscalía inició una averiguación en su contra y desestimó la denuncia de Machado contra el alto mando por la violación de sus derechos.
En junio de 2014 fue imputada del delito de instigación por el ataque a la sede de la Fiscalía el 12 de febrero de ese año. En diciembre de 2014 volvió a ser imputada de conspiración por una investigación abierta en marzo.
Puño de hierro. La Convención Nacional de Izquierda Revolucionaria entregará a Maduro el 26 de febrero un documento en el cual lo instan a tener mano dura (o “puño de hierro chavista”, como lo definen) no solo contra la corrupción y “los camuflados de revolucionarios”, sino contra los adversarios políticos.
“El descontento pretende ser capitalizado por factores de la derecha que crean el ambiente propicio para la toma del poder político total, para lo cual conspiran abiertamente para destruir los avances del proceso y asumir completamente la administración del Estado”, advierten en un documento de 11 páginas.
Propuestas radicales:
1) “Enfrentar a reformistas y quinta columnas”.
2) “Convocar a todas las organizaciones sociales y revolucionarias para evaluar iniciativas contra la impunidad, el sicariato, la corrupción y la conspiración”.
3) “Impulsar las milicias obreras campesinas y comunales construyendo los cuerpos de combatientes. Ejército de todo el pueblo, cada ciudadano un combatiente”.
4) “Creación de la línea militar de masas autónomas, en base a la autodefensa popular y comunitaria para enfrentar las acciones terroristas de la oposición golpista”.
El gobierno de Nicolás Madurohizo recrudecer la represión política en las primeras semanas del año con la detención de 151 personas en 53 días, es decir, casi tres arrestos por día, según un informe del Foro Penal Venezolano publicado ayer por el diario El Nacional.
Según el informe, de las 151 personas detenidas, dos fueron privadas de libertad, 87 recibieron medidas cautelares de presentación periódica, 34 fueron liberadas sin que tuvieran que presentarse ante un juez y 27 quedaron en libertad plena. Lasdetenciones se practicaron por participar en protestas contra el gobierno, encontrarse cerca de alguna manifestación, cubrir informativamente una protesta e incluso por prestar asistencia a manifestantes.
Elenis Rodríguez, directora de la ONG Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), consideró que el arranque del año con más de 150 detenciones y más de 80 juicios abiertos es un mal augurio para el resto de 2015.
"Esas cifras son la mejor demostración de que el gobierno no ha cambiado su política de violación de derechos humanos y detenciones arbitrarias que aplicó en 2014. La represión seguirá creciendo en 2015 porque en la medida en que sigan los problemas, que son responsabilidad del gobierno, la gente seguirá protestando", afirmó Rodríguez.
"El presidente se convierte en policía, en acusador y en juez que dictamina quiénes van presos", dijo Ligia Bolívar, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. "Como defensores de los derechos humanos, nos preocupa que el presidente adelante criterios sobre personas detenidas. Esa costumbre provino de Hugo Chávez, y Maduro la adoptó (...) lo que demuestra la ausencia de independencia de poderes", agregó Bolívar.
El informe del Foro Penal sale a la luz en plena ofensiva del chavismo contra la oposición, tras la detención, el jueves pasado, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, imputado por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Según Omar Estacio, abogado de Ledezma, el arresto se debió a una confesión de un militar preso, el teniente coronel José Arocha, que lo incriminó "bajo tortura" en un supuesto plan golpista contra Maduro. "Nosotros vamos a sostener que esa confesión fue obtenida a través de tortura en noviembre pasado", dijo el abogado de Ledezma.
Estacio dijo al diario La Verdad que apelará la acusación formulada por la Fiscalía General y su reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde, en la ciudad vecina de Los Teques.
"Ledezma podría pasar 28 años preso. Antonio enfrenta la posibilidad de ser condenado a 28 años de cárcel por cometer delitos que no tienen sustento", aseveró.
Ante ese escenario de represión, Clara Mirabal, diputada del partido Un Nuevo Tiempo, expresó: "La persecución y el acorralamiento a quienes disentimos del régimen arreciaron; es una muestra del sistema que viola la libertad, los derechos humanos y busca acallar las voces críticas y la disidencia".
Para la oposición, el plan de Miraflores pasa por cercar a las voces disidentes del oficialismo y a la prensa crítica. "Todos podemos ir presos", advirtió la líder opositora María Corina Machado, en la mira del oficialismo desde que, en 2012, anunciara sus aspiraciones presidenciales.
En marzo de 2014, Machado fue expulsada de la Asamblea Nacional (Parlamento) después de que denunciara en el Consejo Permanente de la OEA la violación de los derechos humanos durante las protestas de ese año.
La apuesta del chavismo por la represión política podría redoblarse si el gobierno de Maduro toma en cuenta el informe que esta semana le entregará el movimiento de Izquierda Revolucionaria (adscripto al oficialismo), que celebró recientemente una convención nacional en la que pidió que se activara el "puño de hierro chavista" contra la oposición.
La grave crisis política y económica que vive Venezuela ha llevado a entre el 70% y el 80% de la población a evaluar negativamente la situación del país, según los sondeos divulgados ayer por las consultoras Hinterlaces y Datanálisis.
Oscar Schémel, presidente de Hinterlaces, dijo que "siete de cada diez venezolanos tienen una valoración regular a mala de la gestión presidencial, y a ocho de cada diez consultados les preocupa más la economía que la política". Por primera vez, los problemas económicos aparecen como la principal causa de sus preocupaciones, en especial el desabastecimiento de alimentos y otros productos de consumo masivo y su encarecimiento.
Según el sondeo de Datanálisis, adelantado por el líder opositor Henrique Capriles, un 85,6% de los consultados evalúa de manera negativa la situación del país.
Agencias AFP y EFE, y diario El Nacional
