Los acreedores de la minera Doe Run acordaron suspender hasta el próximo miércoles la junta en la que aprobaran las bases de la subasta internacional y el contrato de compra venta de los activos de la compañía.
En la sesion desarollada hoy en el local del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) quedo claro la determinación unánime de la junta de acreedores de Doe Run por vender lo antes posible la planta metalúrgica de La Oroya y la mina Cobriza, ubicada en Huancavelica.
El plazo de cinco días que media hasta la próxima junta serviría para ultimar detalles que conduzcan a la venta de los activos de Doe Runen abril próximo, dijeron los acreedores laborales .
El principal punto en la agenda de la reunión que mantendrá hoy la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) será la aprobación de las bases para la venta del complejo metalúrgico de La Oroya y de la mina Cobriza (Huancavelica), informó Luis Castillo, representante de los trabajadores.
Para los trabajadores, a quienes la empresa adeuda 60 millones de dólares, esta es la última oportunidad de que el Ministerio de Energía y Minas, el principal acreedor, muestre su voluntad en lograr la venta y puesta en funcionamiento del complejo metalúrgico.
Si los más de 80 acreedores no logran hoy un acuerdo, Castillo anuncia de nuevo protestas en La Oroya. "Aquí lo que falta es decisión política: que se vendan los activos, se reactive el complejo y se cumplan los Estándares de Calidad de Aire (ECAs)", declaró. "De lo contrario, nosotros nos eximimos de la responsabilidad de lo que pueda pasar en La Oroya", anunció tras recordar que los trabajadores están a la espera desde hace 6 años.
Debido a un compromiso de confidencialidad, obligado debido a que entre los acreedores se encuentran posibles compradores como las empresas Glencore Xstrata o Volcan, el contenido de las bases permaneció hasta ayer en reserva.
Entre los puntos más discutidos de estas bases está la responsabilidad del comprador respecto al reiteradamente incumplido por Doe Run Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que exige la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico para el circuito de cobre y el cumplimiento de Estándares de Calidad de Aire (ECA). Cumplir con ambos exigirán al comprador invertir más de 700 millones de dólares.
Respecto a estos estándares, en 2013 el Ministerio del Ambiente (MINAM) hizo una excepción con las ciudades de Arequipa, La Oroya e Ilo en relación con el bióxido de azufre, permitiendo a estas subir el rango de 20 ug/m3 a 80 ug/m3 (D.S. N° 006-2013-MINAM).
Además, en 2014, en un nuevo decreto (D.S. N° 003-2014-MINAM) se aprobó el procedimiento de adecuación a estos estándares, permitiendo que las empresas puedan pasar por un proceso de adecuación progresivo con sus propios plazos.
Todas estas normativas han facilitado, a juicio de los trabajadores, el proceso de venta del complejo.
El MINAM consideró que "al margen de cualquier estándar fijado, existen instalaciones obsoletas, como la Fundición de La Oroya, que genera contaminación del aire que en algunos casos ha sobrepasado, para el caso del dióxido de azufre, los 2500 microgramos por metro cúbico (ug/m3)". Salud en espera Ante esta situación, la remediación ambiental y la renovación de las instalaciones para cumplir con el PAMA se hacen impostergables.
En 2007 un grupo de 70 habitantes de La Oroya, entre ellos niños, afectados en su salud por la contaminación por plomo, cadmio y arsénico, entre otros, consiguieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara unas medidas cautelares a favor de su salud que todavía no han sido cumplidas en su totalidad por el Estado peruano.
Adicionalmente, un tribunal del Estado de Missouri (EEUU) admitió la demanda de este grupo de pobladores, por lo que la compañía estadounidense enfrenta un juicio por su responsabilidad en los daños a la salud de la población de La Oroya.
CLAVES
Ante el incumplimiento de Doe Run del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA), el MInisterio de Energía y Minas (MINEM) es responsable de la elaboración y aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC).
Sin embargo este Ministerio no respondió a La República sobre la situación del IGAC a pesar de las reiteradas peticiones para hablar con un responsable.
