Una ola de críticas se desató ayer ante la decisión de la Fiscalía Nacional de dividir el Caso Penta, separando la arista SQM ahora a cargo de otro fiscal regional -Andrés Montes- e indicar que el anterior titular, Alberto Ayala, mantendría bajo su tutela el resto del proceso. Acusaciones de intervención desde el gobierno hasta el fortalecimiento de la investigación, fueron algunas de las teorías que se escucharon frente a la sorpresiva determinación.
Ante tal revuelo, durante la mañana los fiscales involucrados en el proceso (entre ellos Carlos Gajardo y José Morales) se reunieron con la fiscal nacional (s) Solange Huerta, quien expuso el motivo de su decisión: el fiscal metropolitano oriente, Alberto Ayala, no podría seguir vinculado, aunque fuera de forma indirecta con la investigación de esta arista, como una forma de garantizar la independencia en esta investigación. Algo, que según comentan al interior del Ministerio Público, debió haber ocurrido cuando éste pidió su inhabilitación a mediados de enero, pero decidió delegar el tema a uno de sus subalternos.
Conocedores de la reunión entre Huerta y los fiscales confidenciaron que Gajardo habría expuesto su punto de vista, deslizando que si era desvinculado de la investigación, renunciaría.
Pero las especulaciones sobre la decisión seguían creciendo a medida que pasaban las horas. De ahí que como una forma de controlar la situación, los representantes del Ministerio Público buscaron dar una señal de unidad a la opinión pública, informando de una reunión durante horas de la tarde para coordinarse sobre los próximos pasos que darán en la investigación. Cita a la que asistieron el mismo Morales, Gajardo y los otros persecutores (Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos).
Tras el encuentro, los fiscales se refirieron no sólo a las próximas diligencias, sino a la continuidad de Carlos Gajardo en la arista SQM, el mismo que reconoció que por ahora están trabajando con la fiscalía Centro Norte, pero que "la decisión definitiva de este trabajo conjunto debiera ser tomada por el fiscal (Andrés) Montes cuando retorne de sus vacaciones".
No obstante, si es que este último llegara a inhabilitarse -posibilidad que estaría sobre la mesa- la decisión de la continuidad de Gajardo en la arista SQM del caso, recaerá en José Morales.
Se impone la confusión
La confusión sobre lo qué ocurriría con el caso se generó tras las declaraciones de Carlos Gajardo, fiscal de Alta Complejidad, y Alberto Ayala, fiscal regional oriente, que diferían con lo que se había comunicado en la noche del miércoles. "En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ha resuelto asignar la dirección de la investigación de la denominada arista Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes", dice el comunicado.
Sin embargo, señalan expertos, el invocar el artículo 19 significa que se le otorgan facultades operativas a un fiscal regional, que por sí mismo no tiene, y quitándoselas a los fiscales adjuntos que son siempre quienes realizan estas diligencias. Esto significaría que Montes y Ayala se harían cargo de todas las diligencias, desde entregar las carpetas a los involucrados, hasta dirigir las declaraciones, algo que hasta ahora hacían Gajardo y los otros fiscales adjuntos.
Esto es lo que habría despertado el malestar en el persecutor de la fiscalía Oriente. Sin embargo, sus cercanos señalan que no dejará de estar al mando de la investigación y que sólo deberá reportarse con otro fiscal regional. El mismo investigador deslizó algo similar señalando durante la mañana que "no es correcto que se me haya quitado el piso o que haya habido un golpe blanco".
Con todo, su jefe, Alberto Ayala, agregó más tarde que "el caso Penta se está trabajando de buena forma. Se ha hecho siempre, con todo el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad, no se ve mayor cambio (...) Se ha hecho un trabajo bastante bueno desde el comienzo. Este es un tema formal", precisó.
Frente a estas distintas versiones es que algunos involucrados en las investigaciones del Caso Penta comenzaron a preguntarse cuál de las dos era la lectura correcta, sobre todo, porque necesitan conocer quién -en definitiva- será la contra parte en el Ministerio Público.
Principales hitos de esta arista
Nace el caso En octubre de 2012 se inicia la investigación del Caso FUT, que sería la causa original que ha derivado en múltiples aristas, entre ellas, el Caso Penta, que considera la utilización de boletas ideológicamente falsas por parte del grupo para reducir impuestos.
Arista SQM El 9 de enero pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra Pablo Wagner, ex ejecutivo de Penta y ex subsecretario de Minería, por usar boletas ideológicamente falsas, entre ellas, de SQM.
Al interior de la firma El 16 de enero la Fiscalía allanó junto a la PDI las oficinas de SQM, obteniendo la información contable de 2009. A la semana siguiente, el directorio analizó el caso.
La investigación Sólo un día antes, el 15 de enero, el fiscal regional Alberto Ayala se había inhabilitado en esta arista del Caso Penta, por antiguos vínculos laborales con la empresa.
José Morales, Unidad Delitos Alta Complejidad: "Fiscal Montes ha dado muestras de independencia de todo poder"
-El fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, ¿debiera inhabilitarse por ser hijo del senador (PS), Carlos Montes?
-Él está asignado a la investigación como fiscal titular, y siempre ha dado muestras de absoluta independencia de todo tipo de poder o partido político. Creemos que cualquier crítica en ese sentido, carece de fundamentos, y los hechos van a demostrar cómo esta Fiscalía tiene absoluta independencia para trabajar en este caso.
-Pero el fiscal Ayala se inhabilitó por haber trabajado en SQM, y ahora hablamos de un vínculo mayor.
-Lo que se investiga en este caso son delitos tributarios, respecto de los cuales el SII ha presentado una querella circunscrita a una fecha determinada de 2009, y en esos hechos en particular no hay nada que tenga que ver con el senador Montes o alguna persona relacionada. Entonces mal podríamos considerar en este caso que hay algún interés o debiera haber una inhabilitación.
-¿Y no abre un flanco de críticas para la oposición?
-Las investigaciones se deben criticar en cuanto a sus resultados, y en cuanto a las diligencias. Ya lo hemos señalado anteriormente, las diligencias se siguen haciendo, y se sigue trabajando. Creemos que se va a seguir investigando con tanto o mayor acuciosidad que antes.
-Dada la falta de recursos del Ministerio Público, ¿es eficiente tener dos fiscalías en un mismo caso?
-No son dos fiscalías, sino que es un equipo que está conformado por fiscales de dos unidades distintas. Pero ésa es una materia que va estará en permanente revisión, considerando el punto que señala.
Confirman nuevas diligencias en la investigación
"Hay diligencias que estaban en curso y que se mantienen; que se están haciendo por parte de la policía; es decir, por parte de la Brigada de Delitos Económicos y hay diligencias que se están decretando para el futuro, que también deberán revisarse", precisó el fiscal Carlos Gajardo, sobre algunas de las decisiones que se revisaron en la cita con el fiscal José Morales.
Gajardo dijo que esta causa, "como cualquier otra", avanzará con el fin de establecer los hechos que podrían ser constitutivos de delito. "No hay, a priori, ninguna diligencia que esté descartada", sostuvo.
Con todo, agregó que "las diligencias que se realicen en esta causa, y cualquier otra, esperamos que tengan la confidencialidad necesaria a fin de no intervenir en la investigación, y ésta avanzará con el fin de establecer los hechos que puedan ser constitutivos de delito".
Por su parte, Morales, a cargo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, comentó que se han dispuesto nuevas diligencias "porque a una causa como ésta se le va a dar la continuidad que corresponde".
"Vamos a tomar declaraciones de las personas pertinentes, pero es algo que vamos a ir determinando en su momento. Lo importante es que la causa no está detenida, se va a seguir tramitando y la idea es darle la mayor rapidez posible", agregó.
Respecto del nuevo fiscal a cargo de la causa, Andrés Montes, a quien subroga, Morales dijo que estaba en permanente comunicación con Montes y aseguró que éste "está informado del caso".
Ninguno de los fiscales, en todo caso, se refirió a la posibilidad de extender el periodo a investigar, algo que transcendió que habría solicitado el fiscal Gajardo, para abarcar más allá de las boletas de SQM de 2009, que son las que obtuvieron en la incautación de mediados de enero.
Al interior de la Fiscalía de Alta Complejidad el ánimo ayer era de desconcierto. A través de un comunicado público, la Fiscalía Nacional informó que se reordenó la investigación del caso Penta, dirigiendo la totalidad de lo relacionado con Soquimich (SQM) –del empresario Julio Ponce Lerou– al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, y entregando el mando de todo el resto de la investigación al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, acotando así el poder de Carlos Gajardo en la indagatoria.
Hasta ahora, el fiscal adjunto de la causa era Gajardo, en su calidad de persecutor de delitos de alta complejidad. Él tomaba las decisiones clave, como a quién citar a declarar, dónde poner el foco de la investigación y hacia dónde dirigirla. Pero eso ahora cambió. En el comunicado de la Fiscalía, se indica que “(respecto a) los antecedentes vinculados al llamado caso Penta, estos pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”, reduciendo así el mando de Gajardo, quien ahora solo será un colaborador.
Según fuentes internas del ente persecutor, la decisión no es casual. No es ningún secreto que la relación entre Ayala y Gajardo no es de las mejores. Se comenta que el Fiscal Oriente “no tenía control” sobre lo que hace el hombre que destapó el Caso Penta, y que Ayala hace rato buscaba contar con mayor injerencia en la causa que tiene en las cuerdas a la UDI y, desde hace pocos días, también a varias figuras de la Nueva Mayoría a partir de la arista SQM.
Desde ahora, todo lo relacionado con Penta quedará bajo el control exclusivo de Ayala, quien por años fue abogado de SQM, lo que calza con la decisión de desviar todo lo relacionado con la empresa de Ponce Lerou a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, debido a que Ayala se inhabilitó en lo concerniente a SQM. De hecho, esta es la causal que se invoca en el comunicado público de la entidad persecutora.
En la Fiscalía Nacional indican que, pese a que la decisión fue comunicada por la Fiscal Nacional subrogante, Solange Huerta, esta fue visada por el titular del cargo, Sabas Chahuán, y que al menos los altos cargos del Ministerio Público estaban informados.
Las mismas fuentes agregan que la decisión no solo se tomó para que el Fiscal Nacional tenga mayor control sobre la causa –pues por estatuto él es quien designa a los fiscales regionales y supervigila su actuar, pero no pude intervenir sobre las investigaciones de los fiscales adjuntos–, sino que otro factor que pesó fue la amplitud que alcanzó la indagatoria, y la necesidad de empoderar formalmente a la Fiscalía frente a las solicitudes que esta debe hacerle al Servicio de Impuestos Internos (SII), actor clave en la persecución penal de delitos tributarios.
Altas fuentes del Ministerio Público comentan que una causa en manos de un Fiscal Regional tiene más peso, y que eso les permitirá roncar más fuerte frente a otros organismos. No es menor el hecho de que hayan pasado más de tres meses desde que Gajardo mandara al SII los antecedentes que vinculan a SQM, CorpBanca, Alsacia y Ripley al uso de boletas falsas para financiar campañas políticas y que, en todo este tiempo, el organismo público no haya tomado cartas en el asunto, más allá de la denuncia contra la empresa de Ponce Lerou y que se limitó solo a la contabilidad de julio del 2009. Las mismas fuentes comentan que, sin embargo, Gajardo sí logró incautar toda la información contable de SQM desde 2009 y hasta 2014.
Para el ex presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, el anuncio de la Fiscalía Nacional significa que “le quitaron la investigación a Gajardo. Hay un artículo especial de la Ley Orgánica del Ministerio Público que permite al Fiscal Nacional designar a un Fiscal Regional para investigar una causa”.
El ex fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Violentos de la Zona Metropolitana Sur, se refiere al artículo 19 de la Ley 19.640, que señala que el “Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación”.
Orthusteguy explica que en el “ciclo normal de una causa, ingresa al fiscal jefe –en este caso Gajardo– de la Fiscalía correspondiente, que distribuye las causas a los demás fiscales. Él decide si se la queda o la distribuye. En ningún caso el Fiscal Regional toca la causa, no tramita la causa”, indica.
Desde el principio de la indagatoria, Ayala ha sido el jefe de Gajardo, pero varias fuentes coinciden en que no ha logrado controlarlo. Esas diferencias comenzaron a hacerse públicas cuando el 11 de diciembre del año pasado, y en medio del escándalo por la seguidilla de detalles que instalaron el Caso Penta como un escándalo de magnitudes, el primero señaló que “(eventuales aportes adicionales a campañas) pueden ser muy cuestionados, pero no constituyen delito (y) no tienen por qué ser investigados”, restando relevancia a la información que daba cuenta cómo a través de boletas falsas fueron financiadas campañas políticas, aunque luego él mismo se encargó de aclarar que los casos que sí son delitos deben sancionarse.
Entre los fiscales se reconoce que Ayala es “el más político” entre sus pares, que se mueve con sigilo, y que es vox pópuli su intención de llegar a la Fiscalía Nacional. El actual Fiscal Regional Metropolitano Oriente tiene vínculos con el mundo de la izquierda y los derechos humanos –formó parte de la Vicaría de la Solidaridad en tiempos de la dictadura–, y también ha sabido tejer redes con la derecha. Se comenta su cercanía con el senador de RN, Alberto Espina, y se ha reunido con la directiva de la UDI en medio del temporal Penta.
Las mismas fuentes comentan que Ayala ha sabido, asimismo, moverse para mantener su influencia y el de ahora sería un ejemplo de esa habilidad. Sacan a colación que los fiscales regionales pueden estar solo ocho años en sus cargos y no pueden ser reelegidos en el mismo lugar. En el caso de Ayala, se ha cambiado de zona antes de que venzan sus plazos: ingresó al Ministerio Público el año 2000, a cargo de la Región de Antofagasta, el 2007 se trasladó a la zona de Los Lagos y, el 2011, a la Metropolitana Oriente. A fines de este año, Sabas Chahuán dejará su cargo de Fiscal Nacional, y en la Corte Suprema –y luego la Presidenta Bachelet– deberán elegir una selección de nombres para presentarle al Senado, de entre quienes saldrá el nuevo fiscal que dirigirá al Ministerio Público por los próximos ocho años.
El reordenamiento en la Fiscalía para afrontar la nueva etapa del Pentagate coincide con que, durante los últimos días, nombres vinculados a la Nueva Mayoría se han visto involucrados en el escándalo.
Según se supo, el fiscal Gajardo maneja una lista con 19 personas que habrían emitido boletas a SQM en julio del 2009, el único mes que fue posible indagar, luego que la denuncia del SII dejara fuera a los otros años contables de la empresa. A pesar de lo acotado de esa indagatoria, surgieron antecedentes. El hijo del diputado DC Roberto León, del mismo nombre, aparece entregando una boleta a la empresa de Ponce Lerou por $2.500.000, lo mismo que la asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Mariela Molina, por $4.444.444, también en julio del 2009, aunque ella misma ha negado vinculación del senador con SQM.
Marcelo Rozas, militante DC y ex embajador, también se incluye en la lista con una boleta por $2.222.222, mismo monto facturado por su cónyuge, Michelle Reymond, además del hijo de ambos, Daniel Rozas, quien extendió otra boleta por $2.500.000. Otros nombres que aparecen en la indagatoria de la Fiscalía son dirigentes regionales de la Alianza.
La aparición de Soquimich en el escándalo fue a través de la fallida campaña senatorial del UDI Pablo Zalaquett. La sociedad Pekadocapital, vinculada a la campaña de Zalaquett, y Reactor Spa, que diseñó una estrategia digital para la postulación, facturaron a nombre de SQM, debido a órdenes dadas por Coca de Castro, la histórica jefa de gabinete del ex alcalde de Santiago, según contaron en la Fiscalía funcionarios de ambas firmas.
Debido a ello, Gajardo fijo su mirada en la empresa que es una de las principales productoras de litio en el mundo, y que es propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet. Un nombre que aparece como el vínculo entre SQM y la Nueva Mayoría es el dueño de Imaginacción, Enrique Correa, quien oficia como asesor personal de Ponce Lerou, a la vez que a través de su empresa de comunicación mantiene una aceitada red de información e influencia en el Congreso Nacional.
Con los últimos movimientos, Gajardo no solo deja de tener el control total del caso Penta, sino que queda fuera totalmente de la investigación relacionada con SQM, empresa que pone nerviosa a buena parte de la Nueva Mayoría. En los pasillos del Congreso y de las oficinas de los partidos oficialistas es vox pópuli que, a diferencia de Penta, Soquimich reparte dinero de forma transversal a todos los partidos del espectro político.
Según el comunicado difundido ayer por la Fiscalía, se resolvió reasignar la arista SQM debido a “la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un Fiscal Regional, y atendida la inhabilidad que en su momento planteó el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista”. A cargo de esta parte del caso queda el Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes.
Del fiscal Carlos Gajardo se ha dicho que es un hombre cuyo lema es “no temerles a los poderosos”, y algunos han asegurado que es “incontrolable para el poder”. Incluso, en la UDI comentan fuera de micrófono que les sorprendió su decisión de indagar los vínculos del diputado León con el caso, debido a que una de las hermanas de Gajardo está casada con Javier Muñoz, el alcalde DC de Curicó, un hombre que ellos identifican como de confianza de León.
Ayer no fue posible contactar al fiscal Gajardo, aunque varios en la Fiscalía Oriente comentaron acerca de su enojo con la decisión tomada, la que lo deja fuera del caso que explotó justo en el corazón de la incestuosa relación entre las empresas y la política.
Enersis y su filial Endesa Chile descartaron el supuesto arriendo de acciones por parte de ambas compañías para rebajar el pago de patentes, tal cual aseguró una nota de prensa en un medio de comunicación.
A través de un comunicado, las empresas controladas por la italiana Enel manifestaron que "la información emitida el día de ayer en una nota de prensa de TVN, respecto a un supuesto arriendo de acciones por parte de ambas compañías para rebajar el pago de patentes, es totalmente falsa".
En ese sentido, aclararon que "Enersis y Endesa Chile no realizan arrendamiento de acciones ni propias ni de terceros". Además, "ambas empresas no han rebajado el pago de patentes mediante ningún mecanismo de arriendo de acciones, pagando siempre el máximo legal".
Las compañías explicitaron además que no han sido requeridos por ningún medio de comunicación respecto a este tema. "Enersis y Endesa Chile, como es habitual, se encuentran disponibles para aclarar cualquier duda relativa a esta materia", concluyó el documento.
Arista del Caso Penta
Esta situación estaría enmarcada en otra arista del denominado Caso Penta, en la que –según publicó La Tercera- la Fiscalía de Alta Complejidad habría solicitado a la Bolsa de Comercio de Santiago información de operaciones sospechosas que habrían realizado 11 corredoras de Bolsa durante los últimos días de cada año y los primeros del siguiente, para reducir el costo de las patentes municipales de algunos de sus clientes, como empresas, personas jurídicas o sociedades de inversión.
En la nota emitida ayer en el noticiero central de TVN, se vinculó directamente a Enersis, Endesa y otras empresas de participar en estas operaciones, sin embargo, la información conocida hasta ahora es que los papeles de dichas compañías sólo eran un instrumento para concretar este tipo de operaciones y la investigación que lleva adelante la fiscalía aún no ofrece conclusiones públicas respecto a cuáles eran los inversionistas vinculados en estas transacciones.
El ex ministro Francisco Vidal realiza un duro análisis de los casos que han remecido a la política estos últimos meses: Penta, Caval y SQM, y apunta a una crisis de la política. También pide al Gobierno que tome la iniciativa impulsando proyectos para impedir que se repitan situaciones como las que se han conocido en estos últimas semanas.
¿Fue un error de la Presidenta haber nombrado a Sebastián Dávalos dado sus cuestionamientos anteriores?
No puedo evaluar eso, porque no tengo toda la información.
Pero, ¿es explicable que no supiera del negocio en Machalí?
Plenamente explicable. Porque en general los padres con hijos adultos, casados, no estamos en el detalle de las acciones que ellos emprenden en la vida privada. De eso no tengo ninguna duda, que la Presidenta no haya sabido me parece lo más lógico.
Le insisto, ¿no fue un error designar a alguien sin tener todos los antecedentes?
No, porque cuánta gente que entró al Gobierno en su vida privada, en años anteriores desarrollaron miles de actividades distintas. Entonces imagine que la Presidenta le preguntara a cada uno qué hizo. Además, son cargos de confianza.
¿Con la salida de Dávalos se debería cerrar el capítulo Caval?
Se cierra políticamente desde el Gobierno, judicialmente se abre. La opinión pública quiere transparencia total y plena independencia del Poder Judicial para investigar. Es probable que cuando la Presidenta vuelva a sus funciones, los periodistas le pregunten y ella tendrá una opinión que dar.
¿Bachelet tiene que referirse al tema?
No es que tenga que referirse, me imagino que en las múltiples actividades le van a preguntar, entonces lo más probable es que dé su opinión.
¿Cómo evalúa todo el proceso que se ha dado en el caso Caval?
A mí me hubiese gustado una renuncia más rápida. El hijo de la Presidenta cometió el error básico de pedir una audiencia con el vicepresidente del banco, ahí está el núcleo del problema, de una imprudencia brutal. Discrepo de Dávalos cuando dice que no fue imprudente... ¡completamente imprudente!, porque el hijo de quien todo el mundo sabía en esa fecha que iba a ser la futura Presidenta de Chile no puede ir donde el dueño del banco a pedirle un crédito.
¿Esto no tiene que ver con las buenas relaciones de Luksic con la Nueva Mayoría?
Todos los dueños de Chile, ahí incorporo a Luksic, son como 14 en total, todos por razones de sobrevivencia tienen buenas relaciones con todos los sectores políticos. Viven en Chile, tienen sus negocios en Chile y les interesa estar relacionados con todos.
¿El episodio provoca un daño permanente al Gobierno?
No, porque la crítica de la opinión pública es a la política, no es un problema de Gobierno y oposición, porque la gente no discrimina entre casos.
¿El Caso Penta finalmente, a través de la arista SQM, golpeó al oficialismo?
La DC así cómo explicó, y bien explicado, el tema de Undurraga en el Caso Penta, debiera explicar también los casos que tienen a sus militantes involucrados, así como Rossi está explicando el caso de él.
¿Le satisfacen las respuestas de Undurraga?
Hasta ahora lo que he leído, he visto de Undurraga, es que efectivamente hay un trabajo entregado reconocido por los propios dueños. Es el caso menos vulnerable de todo el conjunto de Penta. No puedes comparar la situación de Undurraga con la de Ena von Baer que le mintió al país completo y Moreira que le mintió al país completo o de Cardemil y de Golborne.
Pero ahora también está la arista SQM.
La diferencia está en que en Soquimich ni siquiera sabemos si esas boletas tuvieron contraprestación real. En el caso de la derecha y la UDI en particular, ante el país dos senadores de la UDI mintieron.
¿Qué le parece que el fiscal Andrés Montes, hijo de un senador PS, esté a cargo de una investigación en que aparecen nombres oficialistas?
Montes es uno de los mejores fiscales evaluados por el propio fiscal nacional, es completamente independiente y no veo ahí una arista de protección, porque entre otras cosas la sociedad chilena con los cambios que ha tenido, no te tolera ninguna opacidad en estas materias.
Quien designó a Montes, la fiscal nacional (s) Solange Huerta era ex militante del PS.
Si uno le buscara el currículum a todos los fiscales no habría Fiscalía, porque no hay ningún fiscal marciano, todos viven en Chile, votan en Chile.
¿Es preocupante que se esté judicializando la política?
Lo que desnudó Penta, más allá de estos casos, es la relación entre un grupo económico generado en la dictadura y la UDI. Los primeros formalizados son Délano, Lavín, Tocornal, Irarrázaval, y Wagner, pura UDI popular.
¿Usted pone las manos al fuego, puede afirmar que no se descubrirán situaciones similares en la Nueva Mayoría?
Nadie está libre de eso, pero desde el punto de vista de los datos en la última elección parlamentaria de diputados, de cada cien pesos donados por la empresa privada, 65% fueron para la derecha, 35% para la Nueva Mayoría y de ese 65% de la derecha, dos tercios fueron para la UDI y uno se explica ahora porque la UDI siempre se negó al financiamiento de las campañas por parte del Estado.
¿Los casos Penta, Caval, SQM, están paralizando a la derecha y al oficialismo?
La derecha está en el suelo, porque además RN se da cuenta que al juntarse con el cadáver de la UDI termina con olor a podrido. Eso explica la presentación diferenciada en el caso Caval. RN se está dando cuenta, después de la desaprobación de un 78% de la UDI, que no puede acompañar a un moribundo.
¿Va a haber consecuencia de estos casos en las elecciones?
Si no se reacciona con medidas la gente en las próximas elecciones puede quedarse en la casa. Si la dirigencia política de Gobierno y de los partidos no tienen conciencia de la situación de crisis, estamos mal. Mi impresión es que el Gobierno tiene conciencia y la Nueva Mayoría también.
Acá se ha hablado mucho de la teoría del empate.
El empate se produjo en la opinión pública. Sal a la calle, para la opinión pública no hay diferencia entre Penta y Caval.
¿La teoría del empate resultó?
Es más allá de la voluntad de un político. Si se sube a un taxi puede filmar a un taxista que va recogiendo a una dueña de casa del supermercado y hablan de este tema. Para los ciudadanos no hay discriminación entre Penta y Caval. Ambos son una mierda.
Con todo, ¿cómo se puede proyectar este proceso que aún no sabemos cómo va a terminar?
La implicancia general es un deterioro de la actividad política, de la vida política, de los partidos desde el punto de vista de la ciudadanía. La única forma de recobrar confianza es por la vía de los hechos, no de los discursos, que la justicia llegue hasta el final y que el Gobierno tome las iniciativa para mejorar las leyes, para impedir que estas cosas se puedan repetir. Por ejemplo, una rápida nueva ley de financiamiento de las campañas, ley de financiamiento de los partidos, activar el proyecto que está en el Congreso durmiendo hace dos o tres años atrás que incorpora 27 mil nuevos funcionarios en la declaración de interés y patrimonio y mejorar ésta haciéndola más exigente.
