Cuando estalló la llamada arista política del caso Penta, al interior del oficialismo mostraban cierta cautela, ya que no se descartaba que en algún momento saltara alguna esquirla hacia la Nueva Mayoría. En ese plano, desde el mismo gobierno, la estrategia consistió en no apuntar con el dedo a la UDI, partido donde aparecen más políticos mencionados en la carpeta investigativa de la fiscalía. Cuestión que con el paso de los días fue cambiando, tras salir a la luz más antecedentes sobre los parlamentarios involucrados, y más aún cuando uno de estos mismos reconoció irregularidades, como el senador Iván Moreira.
En ese contexto, y justo cuando La Moneda pretendía volver a centrar la atención en el caso Penta, pero enfocándolo en la tienda de calle Suecia, surgieron nuevos nombres que involucran oficialismo, según consignó ayer el diario La Tercera. Así, al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC) -mencionado en las declaraciones de los dueños de Penta como receptor de $4 millones supuestamente como aporte de campaña, a través de la emisión de una factura- se sumaron los documentos emitidos emitidos, esta vez, a la sociedad minera Soquimich, por el hijo del diputado falanguista Roberto León, Roberto Javier León, y la ex asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Mariela Molina.
Este escenario, según comentan algunos miembros de la NM, puede complicar al conglomerado. Más aún cuando podrían aparecer más nombres en una arista (Soquimich) que podría seguir escalando. Por lo mismo, algunos creen que es prudente reforzar el diálogo con La Moneda, que ha estado manejando estos temas con algo de hermetismo -según comenta un parlamentario-, no enfrentando el problema en conjunto con los partidos.
En Palacio están conscientes que el caso Penta se está comenzando a ampliar hacia la NM, pero optaron por mantener, por ahora, la estrategia de enfrentar esta coyuntura bajo la premisa de que la justicia debe actuar sin presiones políticas ni prejuicios: "La postura del gobierno es una sola: la fiscalía debe desarrollar su trabajo sin interferencias políticas y ésta determinará cuáles fueron las circunstancias de estos hechos", expresó el vocero Álvaro Elizalde.
Y refiriéndose al caso Dávalos, envió un recado al gremialismo: "Si la UDI se midiera con la misma vara con que mide al gobierno, se quedaría prácticamente sin dirigentes", señaló.
Reacción en la DC
En la Democracia Cristiana pretenden que se aclare lo antes posible esta arista que involucra al diputado León, como también al ex embajador de Chile en República Checa en el anterior gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas.
En ese sentido, uno de los vicepresidentes de la colectividad, diputado Gabriel Silber, señaló que la justicia debe actuar y que esto ojalá sea con la mayor celeridad posible, enfatizando, además, que no es momento de hacer defensas grupales: "El Ministerio Público deberá despejar a la brevedad si existen otras autoridades eventualmente involucradas. Y desde la política dar garantías a los tribunales para hacer su pega y los partidos no hacer defensas corporativas", indicó. El parlamentario agregó, al igual que el gobierno, que no es bueno contaminar políticamente la investigación.
En tanto, el secretario nacional de la colectividad, Víctor Maldonado, apuntó a que aún nada se dice respecto si se efectuaron o no los servicios: "Mientras el financiamiento sea por vías legales no hay problema y si hay una contraprestación que se puede acreditar, es decir, se realizó el trabajo, no hay boletas ideológicamente falsas", indicó.
La defensa de Rossi
El otro nombre que circuló ayer entre los receptores de boletas fue el de Mariela Molina. El senador Rossi, por medio de un comunicado, aclaró que "en julio de 2009 ella no tenía relación contractual conmigo", aludiendo a la fecha en donde se habría emitido la boleta a la profesional. De paso, destacó la trayectoria de su ex colaboradora, resaltando su capacidad profesional.
Tras esta declaración, la aludida también se refirió al hecho, expresando al portal SoyIquique.cl que la boleta fue una prestación particular a la minera y que ésta no tuvo ninguna relación con el senador socialista.
EL DEBATE SOBRE LA DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
El puesto de director de la División Sociocultural de La Moneda quedó vacante. Este cargo depende directamente de la Presidencia y se espera que sea la mandataria, quien tras el retorno de sus vacaciones, designe al sucesor de Sebastián Dávalos. Antes que asumiera el hijo de la Presidenta -lo que en su momento provocó gran sorpresa en muchos sectores del oficialismo, incluso habría extrañado a Rodrigo Peñailillo- sonaba para el puesto Estela Ortiz, amiga personal de Bachelet, quien en su anterior administración había ocupado el cargo de directora de la Junji y que ahora está al mando del Consejo Nacional de la Infancia. Su nombre hoy vuelve aparecer. Así también, se comenta desde el oficialismo, que la actual ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, también podría trasladarse de oficina en La Moneda.
Sin embargo, más allá del reemplazante, el debate que ya algunos plantean es cómo reestructurar el cargo de "primera dama", y cómo darle mayor institucionalidad a esta división. Hay quienes creen que este cargo debiese pasar directamente por la Alta Dirección Pública y no depender sólo de la confianza del Presidente de turno.
Se cerraba el 2000 cuando Jaime Estévez, presidente del directorio del Banco Estado, prestó 120 millones de dólares al grupo Luksic para comprar el Banco de Chile, situación que desató una serie de acusaciones dentro de la Concertación durante el primer año de la presidencia de Ricardo Lagos, y que generó reclamos por parte de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, actual presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara baja y Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la corporación.
En ese minuto, Ricardo Rincón exhortó a las autoridades del Banco del Estado, del Banco Central y de la Superintendencia de Valores y Seguros a entregar una explicación sobre el préstamo, situación que no prosperó. Por ello acusó que el banco estatal propiciaba la concentración económica: “en perjuicio del pequeño accionista financiero”.
Sin embargo, esas acusaciones fueron calificadas como un “acto de deslealtad”, por parte de dos ex diputados socialistas. El presidente del Movimiento Amplio Social (MAS) y senador, Alejandro Navarro y su par de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, que defendieron el crédito otorgado por la institución presidida en ese momento por el socialista Jaime Estévez. Como indicaron las palabras del actual líder del MAS: “Es un acto de deslealtad profunda hacia un ex-presidente de la Cámara de Diputados, como Jaime Estévez, a quien nadie podrá señalar que se ha visto involucrado en actos que se asemejen a estos dichos”, sostuvo para defender la probidad del presidente del BECH.
“Con los empresarios hacemos negocios, vemos sus balances y les cobramos, pero con los pobres no. Hay cien comunas donde nadie más va y nosotros tenemos que estar en todo el país. El Banco del Estado va a competir y vamos a tratar de estar en todos los grandes negocios”, respondía Estévez a la ciudadanía y al grupo de parlamentarios DC que intentaba infructuosamente conocer los detalles de la transacción.
La situación quedó ahí y Jaime Estévez siguió su carrera y fue nombrado por el presidente Lagos como ministro de Obras Públicas en enero de 2005 donde firmó el contrato con el Administrador Financiero del Transantiago, cuyo 20 por ciento de la propiedad pertenecía al Banco Chile, recordemos, ya en poder del Grupo Luksic.
Estévez, finalmente, terminó en 2006 su labor como ministro de Obras Públicas de Ricardo Lagos y continuó su camino como uno de los Directores del Banco Chile, posición que ocupa actualmente, según detalla el sitio web de la entidad financiera.
Así Andrónico Luksic salía victorioso del primer capítulo de esta historia, pero la leyenda recién comienza.
Ubicada en la localidad de Caimanes en la IV Región en la provincia de Choapa, Minera Los Pelambres (MLP) del grupo Luksic (Antofagasta Minerals), construyó en el sector de El Mauro, el relave minero más grande de Latinoamérica durante la presidencia de Ricardo Lagos, contaminando y secando las aguas que la comunidad utilizaba para sus necesidades básicas.
Por esta razón los dirigentes sociales interpusieron una demanda por obra nueva en contra de MLP con el fin de que se declare que no puede funcionar el tranque de relaves El Mauro, prohibiéndose toda obra destinada a su funcionamiento; y que aquellas obras que se hayan ejecutado alterando o impidiendo el curso de las aguas y el flujo o cauce de las mismas puedan ser demolidas o dejadas sin efecto.
Los Pelambres
Conociendo este escenario, la Corte Suprema recientemente concluyó que la obra nueva denunciada, conjuntamente con alterar y obstruir el libre curso de las aguas superficiales y subterráneas que el estero Pupío conduce hasta el pozo de agua potable rural del pueblo de Caimanes, contamina las aguas, por lo que no sólo se afecta el derecho de los habitantes de la localidad de Caimanes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que se pone en riesgo su salud física y mental, garantías constitucionales consagradas en los números 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política de 1980.
En esta línea, la Corte ordenó a MLP a permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro. Pero al contrario de lo que se pudiera pensar, Minería los Pelambres no ha cumplido con el fallo del máximo tribunal del país.
Ante este incumplimiento de parte del Grupo Luksic, los pobladores de Caimanes se levantaron y se movilizaron por más de dos meses cortando la ruta que une Caimanes con El Mauro. Sin embargo, fueron reprimidos por Carabineros de Illapel, en un capítulo más que deja evidenciado el poder del Grupo Luksic sobre la política.
Esto debido a que se dio a conocer en los medios de comunicación la solicitud de Miguel Sánchez, Gerente de Asuntos Externos de Minera Los Pelambres, de que se deponga la toma de caminos para poder dialogar, a pesar de existir un dictamen de la Corte de Suprema para permitir circular el agua del estero Pupío en una provincia que es gobernada por otro socialista, Alex Patricio Trigo Rocco.
Cristian Flores
Ante esta situación, el vocero de la comunidad la Cristián Flores aseguró en entrevista con este medio hace días atrás que: “La minera tiene más poder que nuestro propio Estado y derechamente la minera está ejerciendo presión sobre el gobierno porque saben que si se cumple el fallo, la minera Los Pelambres tendría que parar la faena completa, lo que les significaría parar alrededor de cuatro mil trabajadores, y el amedrentamiento que hay hacia nosotros es que si para la minera Los Pelambres jodería el 40 por ciento de la economía de la región”.
En este contexto, los pobladores están esperando que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que estableció que había que demoler el tranque El Mauro para restituir el curso natural de las aguas que le pertenecen a Caimanes y que está debajo del tranque. Esto porque la sentencia señala que: “se demuela total o parcialmente y restituya el cauce natural de las aguas para que libremente escurra hacia Caimanes”.
Otro de los antecedentes que dejan en claro la relación de la Concertación o Nueva Mayoría con el Grupo Luksic es el galpón utilizado como acopio para concentrado del cobre donde el grupo Luksic controla el 65 por ciento de la empresa que es propietaria del lugar: Antofagasta Terminal Internacional que a través de dos sociedades maneja el recinto. Estas son SAAM Puertos S.A. (35 por ciento) –controlada en un 42,44 por ciento por el grupo–, e Inversiones Punta de Rieles Ltda, donde el grupo controla el 30 por ciento restante.
Este recinto, construido cerca del monumento a Arturo Prat,salpicó en sus inicios a la actual ministra de Minería Aurora Williams que desde junio de 2010 hasta su designación, en febrero del año pasado, ocupaba el cargo de gerenta de administración y finanzas del Terminal Internacional de Antofagasta.
Esto porque el proyecto entró de forma parcelada, aunque formaba parte de una iniciativa más grande que consideraba tres partes de una misma iniciativa, se ingresó a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional de Antofagasta como un solo proyecto, pasando por alto el Estudio de Impacto Ambiental y presentado solamente una Declaración de Impacto Ambiental, e impidiendo la posibilidad de que la ciudadanía de sus observaciones.
Es así que el seis de agosto de 2012, cuando la actual secretaria de Estado se desempañaba como gerenta de Administración de la empresa, la comisión dio el visto bueno al proyecto denominado “Recepción, acopio y embarque de cobre”. Catorce días después, se aprobaba el proyecto “Transporte ferroviario de concentrado de cobre”, presentado por la empresa Antofagasta Railway Company PLC (FCAB), también perteneciente al grupo Luksic y el cuatro de diciembre de ese año la autoridad ambiental calificó favorablemente el proyecto presentado por Sierra Gorda SCM –controlada por la compañía polaca KGHM internacional–, denominado “Actualización proyecto Sierra Gorda”, quedando los tres proyectos aprobados.
Protesta por la construcción del galpón
Actualmente el galpón ha continuado siendo blanco de críticas por parte del Colegio Médico que desde marzo de 2014 se mantiene realizando estudios sobre la presencia de metales pesados en el borde costero, los cuales revelaron la presencia de 19 metales pesados, como concentrado de cobre, zinc, plomo y arsénico.
Esto luego que se conociera que 22 niños del jardín Semillitas fueron afectos por contaminación fruto de exposición a arsénico en enero pasado y que provocó la decisión de reubicar a 380 párvulos en un nuevo recinto.
A pesar de los datos entregados por el Colegio Médico y a la luz de los niños afectados, la Superintendencia de Medio Ambiente decidió no sancionar a la empresa propiedad de los Luksic y armar un plan de contingencia que contemplaría la posibilidad de transportar en conteiners los concentradosde cobre para minimizar su efecto contaminante.
Esto provocó molestia en el Senador Pedro Araya (Independiente) que exigió la salida del Superintendente de Medio Ambiente Cristian Franz Thorud, ex asesor de Barrick Gold: “Más que Superintendencia de Medio Ambiente parece súper defensora de empresas contaminantes”, aseguró el parlamentario.
Opinión similar tuvo la diputada RN Paulina Nuñez, quien instó a la recién nombrada ministra de Salud, Carmen Castillo, a que su primera actividad formal sea visitar Antofagasta.
Por ahora la primera solución que existe es la implementación del Policlínico Pediátrico Ambiental del Hospital Regional de Antofagasta que tendrá la función de atender y tomar muestras a los niños y niñas de la generación 2014 de los jardines infantiles “Semillita” y “Los Pollitos”, esto debido a los altos niveles de contaminación por plomo y arsénico que se registraron en sus organismos.
Por su parte, la comunidad continua con la campaña #Noalgalpon y #EstePolvoTeMata por las redes sociales y están convocando a una marcha para el siete de marzo como forma de responderle a las autoridades como el intendente Valentín Volta quien desestimó, en octubre pasado, el estudio del Colegio Médico y ahora debe revisar nuevos protocolos de prevención a raíz de la contaminación que sufrieron los niños.
Sin embargo, uno de los actuales ministros que tiene estrechos lazos con Andrónico Luksic es el titular de Energía Máximo Pacheco con quien lleva años de amistad. Pacheco y Luksic compartieron el gusto por el sol de Antofagasta y también por la bicicleta, estrechando su amistad a un punto más alto.
En 2003 el ministro de Energía Pacheco estuvo 22 días en la Antártica con El empresario y subieron el macizo Vinson, la cumbre más alta del continente antártico. En ese lugar parecieron estar bajo una luz insistente, sin poder distinguir el día de la noche, con temperaturas de 50° bajo cero y vientos que alcanzaban los 120 kilómetros por hora.
Andrónico Luksic
Esta relación le ha valido más de un dolor de cabeza al titular de energía, más aún cuando en septiembre pasado, defendió la central Hidroeléctrica Alto Maipo: “Ya se está construyendo, hay más de mil personas trabajando y les pedimos a los dueños que se acelere su construcción, porque esperamos inaugurarlo en 2017”, dijo sobre el proyecto hidroeléctrico el secretario de Estado.
El proyecto Alto Maipo contempla dos centrales de paso: Alfalfal II y La Lajas, que generarán 531 MW de potencia y buscarán cubrir el 50 por ciento de la demanda energética de la Región Metropolitana. En julio del 2013, Antofagasta Minerals –brazo minero del grupo Luksic– se incorporó al proyecto y compró el 40 por ciento de las acciones de la filial de AES Gener, Alto Maipo SA, en unos 50,2 millonesde dólares. De esta forma, el grupo busco asegurar suministro eléctrico para Los Pelambres, su mayor yacimiento.
Fruto de esa confianza el ministro Pacheco, antes de asumir su cargo, fue director de las empresas Luchetti y Banco de Chile, del grupo Luksic.
De acuerdo a su declaración de intereses, Pacheco tiene acciones del Banco de Chile por 230 millones de pesos.
En abril de este año, se refirió a su patrimonio, que llega a 20 millones de dólares: “He dado las instrucciones por escrito a las tres empresas (Banchile, MCC y Julius Baer) que administran las inversiones de mis sociedades, que deberán comportarse como si se tratase de un fideicomiso ciego (…). También les he pedido que no inviertan en ninguna empresa del sector energético, ni en ninguna empresa ligada al grupo Matte”, dijo en revista Qué Pasa.
No hay que olvidar que Andrónico Luksic es el mayor accionista de la televisora privada y que por su directorio pasaron dos ministros que figuran en carteras relevantes del Gobierno de Michelle Bachelet:
El Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fue miembro del directorio de Canal 13 desde noviembre de 2010 a abril del 2013, cuando se unió definitivamente al comando de Michelle Bachelet y también, otro secretario de Estado fue parte del directorio, pero como presidente de la entidad, Nicolás Eyzaguirre, que estuvo en ese cargo desde agosto 2012 al mismo mes de 2013.
Pero la relación que Andrónico Luksic tiene con la Concertación o Nueva Mayoría es generosa y se revindica en cada periodo eleccionario. Esto porque a través de sus diferentes empresas aporta a la política millonarias sumas de dinero entre los que se encuentran Minera Los Pelambres, BanchileAdministradora General de Fondos y Banchile Corredores de Bolsa, las que fueron infaltables en las tres últimas campañas parlamentarias y presidenciales.
Pero también han utilizado otras filiales. En 2005 sumaron recursos a las campañas a través de, al menos, otras nueve empresas, como Quiñenco y sus filiales CCU, Invexans (ex Madeco), Alusa, Banco de Chile y Banchile Factoring; además de Minera El Tesoro y otras sociedades, como Inversiones Río Azul y SIM S.A.
Pese a que los montos son reservados, en 2013 el brazo minero del grupo hizo públicos sus aportes en el reporte anual de Antofagasta Plc, detallando que entregó 2,3 millones de dólares para las elecciones presidenciales y locales.
