A ocho meses de que concluya el contrato de operaciones de la petrolera argentina Pluspetrol en el Lote 1AB, las comunidades adyacentes de las cuencas del Tigre y Corrientes decidieron tomar medidas extremas para obligar a la empresa y al Estado peruano a que cumplan con las deudas sociales y económicas que les tienen.

El 6 de enero, la comunidad kichwa de Nuevo Remanente, en la cuenca del Tigre, encendió la llama. Tomó el río del mismo nombre, retuvo ocho embarcaciones y cerró el pozo petrolero 1X.

El 2 de febrero dejaron libres el afluente y las naves ante la posibilidad de un diálogo con la primera ministra, Ana Jara, en la ciudad de Iquitos. La reunión no se ha dado hasta el momento, y el pozo 1X sigue cerrado.

El viernes último los nativos abandonaron una reunión convocada por el presidente regional de Loreto al observar que en el recinto no había ningún funcionario con poder de decisión, ni de la PCM ni de Pluspetrol.

Veinte días después del levantamiento de los comuneros del Tigre, en la cuenca del Corrientes les siguieron los pasos. Los pobladores achuar de la comunidad de Pampa Hermosa se apoderaron de la Batería de Jibarito y cerraron catorce pozos hidrocarburíferos.

Ellos mantienen diálogo con Pluspetrol a pesar de haberse roto varias veces. La inicial demanda indígena de 10 millones de soles por servidumbre de uso de sus tierras ha sido rebajada a 3 millones. Por su parte, Pluspetrol también fue elevando su primera propuesta de 120 mil soles. La puja ha llegado a 400 mil, más 500 mil en proyectos de desarrollo. Pero no llega el acuerdo final. Mientras, los catorce pozos se mantienen cerrados.

En tanto, los apus y madres indígenas de la cuenca del Tigre que se encuentran en Iquitos desde el 9 de febrero han acordado dar quince días de plazo a la ministra Ana Jara para que arribe a la capital loretana y dé inicio al diálogo que exigen.

"Nosotros queremos conversar. Sabemos que tenemos que convivir veinticinco años más con la actividad petrolera, por eso queremos la consulta previa", reclamó el coordinador de la Federación de Comunidades Nativas del río Tigre (Feconat), José Fachín Chuje.

El dirigente insiste en el respeto a la vida porque tiene muy presente que siete de sus nueve hermanos fallecieron aún siendo niños. Recuerda que de pequeños veían una capa oleaginosa sobre sus cochas, y así las bebían sin conocer el peligro.

Tres agendas

Con la intención de orientar mejor sus exigencias, los pueblos originarios de la cuenca del Tigre han visto por conveniente dirigirlas a la Presidencia del Consejo de Ministros, a Pluspetrol, y al gobierno regional de Loreto, según correspondan.

Con la jefa del Gabinete, Ana Jara, tienen fijado discutir cuatro temas. Aparte de la consulta previa, está el requerimiento de agua potable a corto plazo. La titulación de sus comunidades sin exclusión alguna. Y la ejecución de exámenes toxicológicos sobre posible presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores.

En cambio, con la empresa petrolera los puntos que los nativos quieren tratar son de orden puramente económico. En lo concerniente al pago por el uso de sus tierras, los pueblos kichwas piden una cantidad justa y que, además, se deje sin efecto las sumas que la empresa entregó a las comunidades, al considerar que fueron otorgadas con fines no claros.

En cuanto al uso de canteras y a la indemnización por daños al territorio indígena, señalan que el pago deberá ser de acuerdo a un estudio de valorización.

Y en lo concerniente al gobierno regional de Loreto, su presidente, Fernando Meléndez, ya había adelantado ofrecimientos a los nativos alzados en la cuenca del Tigre. Estos le tomaron la palabra y hoy constan en su agenda, en busca de su formalización y ejecución.

Se trata del pago, a cuenta del gobierno regional, por los estudios de valorización de los impactos ambientales, uso de canteras, y compensación por uso de tierras.

También debe hacerse cargo de los honorarios del profesional que elabore los proyectos que los pueblos indígenas presentarán cuando les llegue los dos millones de soles del canon que el gobierno regional ha prometido invertir en las comunidades.

El petitorio incluye, asimismo, la elaboración de un proyecto de ley de amnistía para los indígenas procesados por defender sus territorios. Pago a parteras y promotores de salud. Y financiamiento del monitoreo ambiental indígena.
Estas tres agendas están a la espera de ser discutidas.