El caso Pichanaki-Pluspetrol sigue dando coletazos. A las conocidas expresiones tras los acontecimientos trágicos en Junín, la semana comienza con pujas en torno al rol del MEM en el proceso de diálogo. E incertidumbre sobre el futuro de éste y otros proyectos.
Lo quieren fuera. Representantes de la oposición descalificaron al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, para encabezar la mesa de negociación de este jueves en Pichanaki (región de Junín) y, más bien, le recomendaron que dé un paso al costado en el gabinete ministerial.
“Mayorga debería dar un paso al costado porque ya son varios casos que lo involucran. Cuando hay tantos y diferentes cuestionamientos, quiere decir que algo está fallando”, señaló el parlamentario Juan Carlos Eguren (PPC-APP) en diálogo con este diario.
“El actual ministro podrá ser un ejecutivo exitoso en el sector privado, pero le falta manejo, capacidad política y experiencia de la cosa pública. No todo técnico del sector privado necesariamente va a ser exitoso cuando asume una función en el sector público”, agregó.
Eguren sentenció que “Mayorga no solo debería explicar la violencia, el caso del fallecido y de los tantos heridos de las protestas, sino también la decisión de retirar a la empresa petrolera, hecho que significa un grave atentado a la imagen del Estado y la inversión privada”.
AL CONGRESO
El legislador pepecista dejó entrever que una alternativa formal para comunicar lo sucedido en los enfrentamientos en Pichanaki es que el ministro asista voluntariamente al Congreso.
“La otra vía es que se active el mecanismo de la interpelación. Las dos vías son probables y se tienen que dar en los próximos días”, concluyó.
A su turno, el legislador Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) explicó que el titular de Energía y Minas ha sufrido una caída “en términos de confianza ciudadana” para poder dirigir cualquier diálogo.
“Mayorga, en vez de dialogar, lo que hace es ceder de manera total y grosera. No esperamos nada positivo en un diálogo en el que participa el ministro”, señaló.
“En el caso de Pichanaki, hubo varias mesas de diálogo en las que el Ejecutivo no se presentó. Se dejó crecer el problema hasta llegar a los últimos acontecimientos. Lo que nos interesa saber —de ahora en adelante— es ver cómo va a actuar el gobierno y qué hará para captar esa inversión privada necesaria para que nuestra economía retome el ritmo que teníamos antes y no regresemos al 2.3% que obtuvimos el año pasado”, advirtió.
En tanto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular-Frente Amplio) fue enfático en afirmar que el titular de Energía y Minas “se ha ganado otra interpelación”.
“Lo que ha hecho es un papelón. Ha aceptado que se moría de miedo y ha claudicado ante las masas por su temor. Ha palidecido ante la marcha y ha permitido firmar un contrato, no se sabe con quiénes, y dialogar con una persona sentenciada por asesinato”, dijo en alusión a uno de los dirigentes del frente de defensa ambiental que participó en el ‘Andahuaylazo’ en 2005.
El legislador se mostró en desacuerdo con que el titular de Energía encabece este jueves el diálogo con las comunidades de Pichanaki.
“Ya ha claudicado una vez, puede hacerlo una segunda vez porque los pobladores de Pichanaki van a exigir más de lo que ya han conseguido, sobre todo si ha sido con tanta facilidad y ante un ministro timorato, pusilánime, cobardón, ‘lobbista’”, sostuvo.
El parlamentario indicó que Mayorga no puede permanecer por más de 24 horas en un cargo tan importante.
“Con un ministro temeroso, ¿qué cosa va a poder aceptar el Estado? Esto es un pésimo antecedente”, aseveró.
GOLPE DE PECHO
Por otro lado, en entrevista con el programa Sin medias tintas, Mayorga reconoció que se reaccionó tardíamente para solucionar el conflicto en Pichanaki.
“Evidentemente hubo un retraso. Reconozco que se debió trabajar con mayor premura, pero, una vez que los acontecimientos se dieron, había que tener el coraje de poner la cara y calmar la violencia. El hecho de haber revertido esta situación crítica de violencia es un esfuerzo que valió la pena jugarse”, anotó.
El funcionario respondió a la preocupación del sector empresarial ante lo ocurrido con Pluspetrol. En esa línea, precisó que no está en cuestión la estabilidad jurídica de los contratos petroleros y mineros en el país.
¿SABÍAS QUE…?
La argentina Pluspetrol reiteró que seguirá operando en el lote 108 de la selva peruana y dijo que no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno que cambie las condiciones de su contrato, después de protestas de pobladores de la zona que la semana pasada dejaron un muerto y más de 30 heridos.
"Ante los acontecimientos acaecidos en Pichanaki, Pluspetrol ratifica que continuará con sus operaciones en el Lote 108 y reafirma su compromiso de largo plazo de continuar invirtiendo en el Perú", informó la empresa en un comunicado.
La población de la ciudad de Pichanaki, en la región de Junín, suspendió el jueves la protesta que realizaba desde el lunes pasado, después de que se anunciara la retirada del lugar de Pluspetrol tras una reunión con una comisión encabezada por los ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y de Justicia, Daniel Figallo.
Cuando se alcanzó el acuerdo, el presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó que "la empresa simplemente tiene que acatar lo que han señalado los ministros", aunque acotó que la petrolera no ha producido ninguna contaminación en la zona, ya que solo realizaba trabajos de exploración.
La empresa aseguró ese día desde Buenos Aires que había accedido a retirarse de Pichanaki a petición del Gobierno peruano, pero también señaló que mantendría sus operaciones en el lote 108, que abarca territorio de Junín y Cerro de Pasco.
Agregó hoy, además, que hasta el momento no ha recibido "ninguna comunicación" de las autoridades con "observación alguna sobre los estándares de las operaciones realizadas en el Lote 108, ni (que) se le solicite modificación de su situación jurídica y contractual".
Aseguró que durante las actividades de exploración en el Lote 108 "ha cumplido con todos los requisitos legales, ambientales y sociales necesarios para sus operaciones, como se demuestra con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)".
"La empresa reafirma su voluntad de seguir trabajando en un ambiente de diálogo y cooperación con la población y las autoridades".
El jueves, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, Carlos Chavarría, aclaró que las protestas han sido suspendidas hasta el próximo jueves, a la espera de que se instale otra mesa de trabajo para resolver las demás reclamaciones de la localidad.
El dirigente remarcó que su localidad pide la cancelación del contrato de exploración con Pluspetrol porque esa es una zona agrícola y quiere evitar que se repita la contaminación sufrida por cuatro cuencas de la región de Loreto, donde la empresa mantiene otro conflicto con comunidades indígenas.
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se dirigió al sector empresarial que ha visto con preocupación lo ocurrido con Pluspetrol en Pichanaki, región Junín, para asegurar que no está en cuestión la estabilidad jurídica de los contratos petroleros y mineros en el Perú.
“Entiendo su preocupación (del sector empresarial) pero es bueno reafirmarles que aquí no se ha cuestionado nada de la estabilidad jurídica de los contratos petroleros y mineros, acá seguimos adelante con la misma política”, enfatizó.
En ese sentido, reiteró que no está en cuestión el contrato de licencia suscrito entre el Estado y Pluspetrol por la operación del Lote 108, por lo que la empresa continúa todas sus operaciones, ya que el “estado de derecho y la estabilidad jurídica no solo de Pluspetrol sino de todas las inversiones del país están aseguradas”.
El ministro consideró como un “accidente” lo ocurrido con Pluspetrol en Pichanaki, aunque reconoció que el Estado actuó con cierto “retraso”.
“Reconozco que se debió actuar con mucha más presura, pero una vez que los acontecimientos pasaron había que tener el coraje de poner la cara y calmar la violencia. Yo creo que el hecho de haber revertido esta situación, de una situación crítica de violencia a una situación que esperamos el jueves próximo sea de desarrollo constructivo, es un esfuerzo que valió la pena jugárselo”, dijo.
En declaraciones al programa “Sin medias tintas” de Latina, mencionó que los representantes del Frente de Defensa de Pichanaki piden que se termine con el modelo económico neoliberal del gobierno pero ellos son solo un grupo de muchas otras organizaciones más representativas con las cuales el gobierno tendrá que dialogar.
Por otro lado, comentó que los empresarios han emitido juicio muy rápidamente sobre la postura del gobierno en este caso, por lo que debieron hacer es enterarse de todo lo ocurrido, leer el acta al detalle y entender la situación de emergencia que se vivía.
“Esto ha permitido parar una situación que pudo desencadenar una especie de ‘Baguazo’ nuevamente, y lo que se ha pedido (a Pluspetrol) es el retiro de Pichanaki y que el resto de las actividades continúa. Yo creo que falta un poco de información, y yo creo que vamos a regresar a la calma prontamente”, enfatizó.
Finalmente, subrayó que las investigaciones de las muertes ocurridas por este conflicto llegarán hasta determinar el “último detalle” y la ley deberá caer con todo su peso tanto a las personas al interior al gobierno como a las personas que han actuado en las manifestaciones.
El vocero de Pluspetrol, Daniel Guerra, señaló que ni el Gobierno ni el Ministerio de Energía y Minas les han informado formalmente que tienen que retirarse de Pichanaki.
¿El Gobierno se comunicó con Pluspetrol antes que comunicara a la prensa que les había pedido que se retiren de la zona?
Nosotros no hemos visto el acta ni hemos recibido ninguna comunicación del Gobierno ni del Ministerio de Energía y Minas al respecto. Uno puede leer muchas cosas en los periódicos, pero hasta ahora no hay ninguna formalidad.
Usted ha declarado que ya no se estaban haciendo actividades en esa zona…
Realmente en la zona de Pichanaki, desde septiembre del año pasado, ya no hacemos ninguna actividad sísmica, solo actividades logísticas. Donde sí estamos haciendo actividades es en Satipo y en Villa Rica.
Entonces, ¿por qué la protesta?
Lo que sucede es que este frente es muy violento. Si te das cuenta, gran parte de la protesta no es por Pluspetrol, sino porque consideran que ha habido una represión muy fuerte.
Pero, ¿por qué los pobladores estaban en contra de sus actividades?
A principios del año pasado se crea este frente de defensa ambiental con este señor Carlos Chavarría, que todo el mundo sabe que es etnocacerista y que participó en el ‘Andahuaylazo’. Él empieza a decir que nosotros estábamos contaminando… y la verdad es que nosotros ahí ya no estábamos haciendo ninguna actividad, solo la logística, que también ya la estábamos retirando.
¿Cuándo se iban a retirar?
Ya en estos días. Hubiera o no paro, igual íbamos a salir; lo diga o no lo diga el ministro. Nosotros nos estamos yendo de la zona porque hemos acabado el trabajo, no porque nos han botado.
¿Pluspetrol cometió algún error en la relación con las comunidades de esta zona?
De ninguna manera. Las 34 comunidades nativas de la zona nunca han tenido problemas con la actividad extractiva que realizamos. Luego de realizar 150 talleres y tres audiencias públicas en esta zona, hemos firmado convenios con ellos para continuar nuestro trabajo.
¿Para Pluspetrol esta protesta se habría politizado?
No quiero calificar, pero esta protesta era de un pequeño grupo violentista que ha generado violencia con la Policía y ha enardecido a la población.
¿Van a continuar sus actividades en las otras zonas donde operan?
Sí, se van a continuar normalmente.
Después de 15 años de explotación petrolera y a seis meses de que concluya su contrato, Pluspetrol –una transnacional que opera en Sudamérica y África– pelea judicialmente para no pagar S/. 39,4 millones por 12 multas impuestas por infracciones ambientales e intenta silenciar un documento que señala su responsabilidad en la remediación de 92 sitios impactados. La petrolera –que además tiene procesos penales por contaminación y controla los lotes más estratégicos del Perú, pues producen el 40% del petróleo nacional y el 95% de gas– ya obtuvo una primera medida cautelar y piensa en quedarse en el Lote 1-AB.
La vida de Carlos Sandi está asociada al petróleo, aunque él no lo haya decidido. Nació cuando la Occidental Petroleum (Oxy) llevaba 15 años extrayendo el petróleo de territorio indígena, en la región amazónica de Loreto; creció viendo los pastizales sepultados en ese crudo oscuro y pegajoso, cumplió 14 cuando Pluspetrol Corporation adquirió los pozos, y se hizo adulto sorteando las cochas ahogadas en petróleo. Carlos Sandi tiene ahora 29 años, es jefe de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, y desde hace tres semanas lidera una protesta que exige la remediación de los daños ambientales tras cuatro décadas de explotación petrolera.
-Así como el Estado garantiza ganancias, también debe garantizar nuestros derechos, dice el joven achuar de voz templada y ojos pequeños.
Hace 15 años Pluspetrol Norte -filial de un conglomerado transnacional que opera en Sudamérica y África- explota el Lote 1-AB, ubicado en las provincias de Loreto y Datem del Marañón. Entre el 2010 y el 2014 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la sancionó en 12 oportunidades por infracciones al ambiente con multas que suman un total de 39'400.592 soles*. Sin embargo, la petrolera rechazó pagarlas, llevó seis de ellas ante el Poder Judicial, y además ha puesto una medida cautelar contra un informe del OEFA que menciona su responsabilidad en la remediación de los 92 sitios identificados con daños ambientales en el lote que explota.
El contrato de Pluspetrol vencerá en seis meses y la incertidumbre sobre quién atenderá las zonas afectadas ha despertado nuevamente las demandas de las comunidades indígenas. Lo que empezó hace tres semanas como una protesta en la comunidad achuar de Pampa Hermosa, liderada por Carlos Sandi, en el río Corrientes, se extendió en pocos días -ante la indiferencia de las autoridades- a las otras cuencas afectadas por la contaminación: el Tigre, el Pastaza y el Marañón.
Desde que en 1971 la Oxy perforó el primer pozo de petróleo en esta zona las condiciones económicas y sociales de la población indígena no han mejorado. Las cifras oficiales desbaratan los promedios nacionales de crecimiento. Aquí, la desnutrición crónica afecta al 31% de los niños y la pobreza monetaria al 78% de las familias. La contaminación de las aguas y los suelos ha incrementado la inseguridad alimentaria: en estas provincias las comunidades son tres veces más vulnerables a pasar hambre que el promedio nacional.
-El único patrimonio de los pueblos indígenas es su territorio. No estamos en contra de las inversiones, pero estamos hartos de vivir así, dice Carlos Sandi.
BATALLA JUDICIAL
En los últimos tres años, el OEFA realizó 23 supervisiones al Lote 1-AB y la multó en 12 ocasiones. Las resoluciones de sanción detallan cada una de las infracciones ambientales cometidas: exceder los niveles permitidos de hidrocarburos en suelos, perforar pozos sin instrumento de gestión ambiental aprobado, disponer residuos sólidos peligrosos a la intemperie, utilizar un área mayor a la aprobada para la perforación de los pozos, incumplir la rehabilitación de las áreas intervenidas, no tener válvulas de bloqueo instaladas estratégicamente para minimizar el derrame, impactar con hidrocarburos la laguna Shanshococha y luego drenarla, suelos impactados con hidrocarburos, y hasta ausencia de permiso para captación de agua.
La lista de faltas es mucho más larga, pero la empresa ha decidido pelear el pago de estas multas en el Poder Judicial. Pluspetrol enfrenta, además, investigaciones penales por daños ambientales, en algunos de esos casos se ha citado a los directivos en calidad de testigos.
El último intento de Pluspetrol Norte para judicializar e impedir los alcances de las observaciones de OEFA ocurrió el 9 de diciembre del 2014. La petrolera interpuso una medida cautelar en un juzgado de Iquitos solicitando la suspensión de un contundente informe técnico (411-2014-OEFA/DS-HID) que resume las observaciones las 23 supervisiones realizadas al Lote 1-AB . Este documento menciona, entre otras responsabilidades, que la empresa debe incluir en su plan de abandono de operaciones (que aprobará el Ministerio de Energía y Minas) la remediación de todos los sitios afectados
El 16 de diciembre, el juez civil de Maynas Alexander Rioja Bermúdez aceptó la medida cautelar de la petrolera y ordenó que “se suspenda su eficacia jurídica”. En la resolución, el juez recoge todos los puntos de vista de Pluspetrol y ordena que ninguna otra persona ni entidad del Estado tome en cuenta el informe del OEFA.
El documento que Pluspetrol quiere silenciar se denomina “Resumen ejecutivo sobre la situación ambiental del Lote 1-AB operado por Pluspetrol Norte”, del 20 octubre del 2014. En su demanda, presentada por el abogado Hugo Cavero Ruiz (socio del Estudio Balbi Consultores Asociados), la empresa señala que “ni la entidad emplazada ni ninguna otra podrá tener en cuenta el informe ni su contenido”. Pluspetrol cuestiona duramente al OEFA -sus argumentos además fueron recogidos por el juez Rioja- y sostiene que esta se ha excedido en sus competencias, que el informe es ilegal, inconstitucional y que la autoridad en regulación y fiscalización ambiental no puede hablar sobre las responsabilidades en torno a los pasivos ambientales.
La resolución del juez sorprendió a los funcionarios de la autoridad ambiental, no solo porque el juzgado aceptó la demanda, sino porque esta se presentó en Iquitos, cuando las sedes principales de Pluspetrol y el OEFA están en Lima. “Yo creo que ha habido un error en la interpretación del juez al aceptar esta medida cautelar, tal vez por desconocimiento”, explica Sandra Rossi, procuradora del OEFA.
La entidad ya apeló lo dispuesto por el juez y ha recordado que entre las funciones que la ley le otorga y obliga está la de emitir reportes públicos de los informes de supervisión directa de las actividades de hidrocarburos. “No puede haber un juez que nos diga que no cumplamos con nuestras funciones. Todo lo tramitado por este juez debería ser declarado nulo”, dijo la abogada del Estado.
UNA PETROLERA TRANSNACIONAL
Pluspetrol ingresó al Perú en 1986 y actualmente sus operaciones se extienden en siete Lotes: 8, 115, 1-AB (Loreto), 88 y 56 (gas de Camisea, Cusco), 155 (Puno) y 108 (Cerro de Pasco y Junín, donde se produjeron los últimos enfrentamientos de Pichanaki). Es una empresa transnacional que nació en Argentina en 1976, pero cuya cabeza del grupo se encuentra ahora en Europa.
De acuerdo al organigrama que presentaron a la Superintendencia del Mercado de Valores en el 2010, Pluspetrol Resources Corporation N.V., de Holanda, lidera la organización que también posee inversiones en diferentes países de Sudamérica, España, Estados Unidos, Angola y en las Islas Caimán (Reino Unido). En Perú las cinco subsidiarias que pertenecen al grupo dependen de esta y controlan los lotes más estratégicos: producen el 40% del petróleo nacional, abastecen la mitad de la demanda energética, y generan el 95% del gas que se consume en el país. El 45% de Pluspetrol Norte, la filial que opera en el Lote 1-AB, está en manos de la Corporación de Petróleo de China, la mayor compañía estatal de hidrocarburos del gigante asiático.
Infracciones: exceder los niveles permitidos de hidrocarburos en suelos, perforar pozos sin instrumento de gestión ambiental aprobado, disponer residuos sólidos peligrosos a la intemperie, impactar con hidrocarburos la laguna Shanshococha...
Desde el año 2000 Pluspetrol Norte explota el Lote 1-AB y desde entonces existen -según el OEFA- compromisos contractuales de remediación de las áreas contaminadas que ha estado asumiendo. La empresa argumenta que se trata de pasivos ambientales dejados por Oxy, pero el OEFA le ha recordado en su informe que no se puede hablar de pasivos cuando en su contrato ellos asumieron la responsabilidad de remediar todo lo dejado por la operadora anterior. “Pluspetrol Norte es la única responsable de los activos y pasivos que devienen del contrato”, concluye el informe técnico judicializado por la petrolera.
¿Qué áreas entonces son las únicas que Pluspetrol quiere remediar? Ojo-Publico.com pidió al Ministerio de Energía y Minas información sobre los aspectos que contempla el Plan de Abandono que Pluspetrol ha presentado para el lote 1-AB, pero respondieron que no tenían la información, pese a que esta entidad es la encargada de recibir y aprobar el documento. También solicitamos información sobre el tema a Pluspetrol, pero hasta ayer no respondieron. Sin esta información, la negociación en la mesa de diálogo, entre el Gobierno, la empresa y las comunidades, es un proceso ciego.
LEGADO DE FALTAS
En las dos semanas de paralización en Loreto nadie llegó a Pampa Hermosa, la comunidad achuar en el Río Corrientes en donde Carlos Sandi es el apu. El líder indígena tuvo que venir a Lima para poder reunirse con los funcionarios del gobierno y plantear su demanda: las más espeluznantes distancias del Estado con las comunidades afectadas por la explotación petrolera no son las geográficas. La empresa ha dicho que algunas de las comunidades impactadas, como Marsella, en la cuenca del río Tigre, están fuera del área del contrato. La historia completa, sin embargo, es otra.
Cuando Pluspetrol asumió la conducción del Lote 1-AB el año 2000, este tenía 479 mil hectáreas; pero al año siguiente, solicitó un recorte y el lote se redujo a un 42% (casi 200 mil hectáreas quedaron fuera). Con estos cambios, varias comunidades afectadas por la contaminación acabaron excluidas, sin embargo, el Plan Ambiental Complementario ya las reconocía como sitios afectados y, por lo tanto, como establece OEFA en el informe rechazado por la compañía, esta empresa debería asumir también la remediación.
El OEFA ha precisado que no se puede hablar de pasivos ambientales en el Lote 1-AB porque Pluspetrol Norte asumió el control y compromiso de todos los sitios impactados dentro de su área de explotación original.
“Lo que dice el juez es que nosotros hemos identificado nuevos pasivos, y eso no es cierto. Lo que decimos es que de acuerdo a sus instrumentos de gestión ambiental, la empresa se comprometió a remediar cada uno de los lugares impactados. El término pasivo ambiental no aplica para el Lote 1-AB ”, dice la procuradora Rossi.
SIN REMEDIACIÓN NI CONSULTA PREVIA
Las protestas han sido constantes en las cuencas afectadas por la contaminación de hidrocarburos. El 2012 el gobierno conformó una comisión multisectorial para promover el desarrollo en la zona y remediar los daños ambientales. Los dirigentes de las comunidades quechuas del Pastaza, achuar y urarina del Corrientes, kichwa del Tigre y kukama kukamira del Marañón exigen desde entonces la remediación ambiental como paso previo a la consulta previa que se deberá realizar cuando venza el contrato de Pluspetrol Norte el 29 de agosto y se convoque a una licitación pública para elegir al nuevo concesionario.
Pero la remediación parece por el momento un deseo lejano. Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, afirmó en una reciente entrevista a Reuters que "muchas de las protestas no solo tienen que ver con Pluspetrol, sino también con el gobierno, son pasivos que vienen de 1970". La petrolera no acepta la remediación de todos los daños, aunque el numeral 2.1 de la cláusula segunda de la modificación del contrato del 2002 menciona que la empresa “asume todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de Pluspetrol Peru Corporation S.A. [corporación que adquirió de Oxy el Lote 1-AB]”.
Otra de las conclusiones del OEFA en el informe en cuestión sobre el desempeño ambiental de Pluspetrol Norte es que en todo este tiempo, “la empresa ha operado con instrumentos de gestión ambiental que no han tenido en cuenta un planteamiento integral de la gestión ambiental”. Pero advierte algo aún más preocupante: que Pluspetrol “no alcanzará a ejecutar de manera íntegra su plan de descontaminación de suelos (PDS), pues solo la elaboración de este contempla un plazo de un año y su ejecución un aproximado de tres años”. Recién en octubre del año pasado la empresa comenzó a a identificar las áreas con suelos contaminados. Sobre este tema, el Ministerio de Energía y Minas ha guardado silencio.
En Perúpetro informaron que la licitación pública internacional para otorgar el nuevo contrato del Lote 192 (que incluye la totalidad del actual Lote 1-AB y áreas adicionales para efectuar actividades exploratorias) se realizará después de haber realizado la Consulta Previa con las comunidades.
“Quedan pocos meses y nadie está atendiendo los temas más urgentes”, dice con voz cansada Carlos Sandi, desde su comunidad de Pampa Hermosa, donde los últimos días se han reunido con los representantes de la empresa y Julio Rojas, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sin llegar a ningún acuerdo.
Ajeno a lo que se viene discutiendo en la capital, el líder achuar insiste en que no habrá proceso de consulta previa hasta que atiendan las demandas de remediación, titulación de tierras y compensación. En Lima, el gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol coquetea con la posibilidad de permanecer en Lote 1-AB y anuncia que están evaluando presentarse a la licitación. “Nosotros definitivamente en el lote 1AB tenemos mucha experiencia, dependerá de las bases que ponga el Gobierno para la licitación, pero en primera instancia sí tenemos interés en participar”, dijo Daniel Guerra. Mientras en Loreto, catorce pozos siguen paralizados.
El ministro del Interior, Daniel Urresti, dijo tener responsabilidad política por los sucesos en Pichanaki y pidió perdón a los pobladores de esa localidad tras la violenta reacción policial durante las protestas de la semana pasada, que dejaron un muerto y más de 30 heridos.
“Quiero pedir perdón a la población de Pichanaki por lo que sucedió, es algo realmente lamentable”, expresó.
Sin embargo, Daniel Urresti indicó que su situación será evaluada por el presidente Ollanta Humala y la premier Ana Jara.
Sobre los sucesos violentos en Pichanaki, Daniel Urresti precisó que fueron 8 los policías (4 oficiales y 4 suboficiales) que usaron pistolas y AKM contra los manifestantes.
Daniel Urresti reiteró que él ordenó expresamente a los policías que no usen su armamento contra los manifestantes y señaló que, al darse cuenta que lo desobedecieron, el jueves pasado emitió un comunicado admitiendo que los policías sí habían disparado.
Daniel Urresti agregó que ya se realizó la denuncia por el delito de desobediencia ante el Fuero Policial Militar y ante el Ministerio Público por el delito contra la vida el cuerpo y la salud.
