"Aparentemente, estaríamos dando un quiebre, a partir del cual, los contratos ley suscritos por el Estado con las empresas convocadas no necesariamente se estarían respetando para el futuro y eso es un elemento muy preocupante", declaró a RPP.
Además, el líder gremial advirtió que el llamado al retiro de Pluspetrol no ha sido totalmente claro. "Lo que hay que ver cuál es el alcance de este compromiso [...] si se dispone para que vaya (Pluspetrol) hacer trabajo de gabinete o disponen para que se interrumpa el contrato", apunto Gálvez.
Sobre este punto, el presidente de la SNMPE indicó que quienes promueven las protestas en Pichanaki buscan el cese de todas las actividades existentes en la zona.
"Se está pidiendo la suspensión de la construcción de cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico, el retiro y cierre de una operación minera [...] en adición se esta pidiendo el retiro de la exploración de Pluspetrol, no por la actividad exploratoria ni por Pluspetrol, sino porque no se quiere ninguna actividad petrolera en el área", enfatizó
Entre las acciones que se deben implementar para evitar que más conflictos sucedan, Gálvez sostuvo que el Estado debería acompañar permanentemente a las comunidades que ocupan territorios aledaños a proyectos extractivos y entregar los beneficios producto del canon.
"Esos pueblos han estado abandonados y tienen todo el derecho a reclamar porque han tenido un abandono histórico y eso no se puede permitir", dijo.
"Las empresas petroleras están haciendo sus mejores esfuerzos [...] lo que ocurre es bastante evidente. Se pretende calificar los impactos y los efectos de la industria extractiva, de cara al futuro, sobre la base de los efectos del pasado [...] Las formas y manejos ambientales de hace medio siglo no son iguales a lo que ocurre hoy", puntualizó.
REFORZAR LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
En tanto, para el expresidente de Perú-Petro, Aurelio Ochoa, la falta de previsión estatal de este conflicto podría desalentar la inversión exterior en el país, no solo para el sector hidrocarburos, sino para el minero y el resto de sectores.
"Parece que siempre adolecemos -y no solo este gobierno sino los anteriores- de la etapa de la prevención. Siempre actuamos como bomberos, tratamos de apagar incendios cuando se han producido. [..] Para eso, por ejemplo, [debería trabajar] el servicio de inteligencia que debe entregar información de tal manera que uno pueda adelantarse", indicó.
En ese sentido, criticó el accionar de las fuerzas del orden. "Se ve que las balas han ido de forma profusa y ha podido ser una catástrofe, quizá el 'baguazo' ha podido quedar pequeño", apunto.
Por ello, Ochoa argumentó que se debe de tratar de convencer y dialogar con los actores involucrados a manera de prevención de conflictos y que esta labor no debe ser asumida solo por la parte privada sino por el Estado, que debe estar presente. Mientras, también se debe trabajar por una mejor distribución del canon, ya que son las poblaciones más pequeñas las que no ven el ingreso por este concepto.
"Lo que tiene que modificarse es el caso de la distribución de canon porque no puede ser en función de la población, porque esta se va a focalizar en capitales de departamento, provincia, de distrito, mientras que [no llega a ] las zonas ribereñas", puntualizó.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que los acuerdos del jueves en la mesa de diálogo en Pichanaki (Junín) representen un quiebre en la estabilidad jurídica en el sector hidrocarburos.
"Lamentablemente con las decisiones que hemos escuchado el día de ayer (jueves) para poder tranquilizar y apaciguar las condiciones en el área de Pichanaki, aparentemente estaríamos dando un quiebre a partir del cual los contratos ley suscritos por el Estado con las empresas convocadas no necesariamente se estarían respetando para el futuro, y ese un elemento muy preocupante", dijo a RPP Noticias.
Señaló que debe quedar claro si la salida de Pluspetrol de Pichanaki dispuesta por el Gobierno en la víspera es solo temporal o se está poniendo fin al contrato de exploración con la multinacional argentina.
"Cuando el Gobierno dice que dispone el retiro de la compañía lo que hay que ver es cuál es el alcance de ese compromiso, si lo dispone para que vayan a hacer trabajo de gabinete o disponen para que se interrumpa el contrato; eso es lo que no está dicho", señaló.
"Y eso es lo que tenemos que velar, porque quede muy claramente establecido que el Estado peruano si respeta sus contratos", añadió.
Gálvez, indicó que en su opinión quienes están detrás de las protestas en Pichanaki es un grupo de gente "que está buscando las formas de transgredir los acuerdos sociales"
"Me atrevería a decir que no es un tema de Pichanaki porque las poblaciones de esa área han sido debidamente consultadas (...) este es un tema que va más allá de Pluspetrol", afirmó.
"Se está pidiendo el retiro de la exploración de Pluspetrol, no por la actividad exploratoria (...) si no porque no se quiere ninguna actividad petrolera en el área", agregó.
Finalmente el jefe de la SNMPE dijo que el Estado "no puede claudicar d sus labores y de sus funciones de hacer respetar la ley".
"Una nueva ola de violencia se viene registrando en diversas regiones del país con el propósito de debilitar el sistema democrático, paralizar el sector mineroenergético y ahuyentar la inversión privada que es necesaria para asegurar el progreso del Perú,
Si bien el diálogo es una herramienta importante dentro de todo régimen democrático, consideramos que este diálogo debe darse sin presiones que busquen que el Estado peruano claudique en sus funciones, competencias y deberes.
En el Perú tienen que prevalecer las leyes, el principio de autoridad y el respeto a los compromisos asumidos, así como la paz social; más no la coerción y el caos que predican pequeños grupos violentistas.
No debemos permitir que los conflictos sociales que son alentados por una perversa campaña de desinformación de aquellos que viven del negocio de la pobreza, impidan el progreso de los pueblos del Perú"
En el Perú adolecemos de prevención, siempre actuamos como los bomberos, solo para apagar las llamas, y lo sucedido en Pichanaki lo demuestra, señaló el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa.
Las empresas petroleras deberían señalar a las poblaciones aledañas los tipos de trabajos que efectuarán, antes de comenzar las operaciones, señaló el ingeniero en RPP Noticias.
“En el caso de Pichanaki, hay gente que se opone a la etapa extractiva, y por ello, deben convencer a esa población, pero no solo es tarea de la empresa sino también del Estado”, agregó Ochoa.
Según Ochoa, Pluspetrol terminó sus evaluaciones sísmicas en setiembre del año pasado, entonces ¿por qué dejaron hasta febrero del 2015 toda esa maquinaria en su base? Se pregunta el ingeniero; y señaló que ellos debieron salir antes, para así evitar provocaciones en la población.
Indicó que un gran problema por resolver es la distribución del canon. “Este se focaliza en capitales de provincias, departamentos, o distritos, mientras en las zonas ribereñas, donde están las operaciones, no llega nada. En Pichanaki, se ha visto geste aborigen presente en las manifestaciones, porque precisamente, no ven que la renta petrolera llegue a sus zonas”, resaltó.
Ochoa recomendó un fortalecimiento y mayor intervención por parte de Petroperú. Sin embargo, declaró que las exploraciones siempre generan un riesgo, porque podrían ser pozos secos. En ese contexto, si existe la posibilidad de una participación, que sea en la explotación, porque esta es más rentable.
El líder del partido político Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski, lamentó la salida de la empresa Pluspetrol de la localidad de Pichanaki (Junín) y aseguró que este hecho restará la oportunidad de crear nuevos empleos en la zona.
"Aquí había la oportunidad de crear trabajos bien pagados, en una zona del país que no tiene mucho. Esto es muy triste", sostuvo Kuczynski en RPP.
Del mismo modo, PPK lamentó el aplauso que ha generado en algunos sectores la salida de Pluspetrol de Pichanaki y reafirmó que este hecho "está anulando trabajos".
Kuczynski también indicó que los protestantes en Pichanaki fueron engañados por agitadores, quienes, para él, informaron de manera tendenciosa sobre la exploración sísmica que pretendía hacer la empresa Pluspetrol.
"Hay una idea completamente equivocada de lo que es sísmica. Se cree que son inmensas explosiones, pero no es eso", detalló PPK sobre la situación en Pichanaki.
Asimismo, el economista acusó a los promotores de la tala ilegal de estar detrás de las agitaciones y la instigación a las personas que protestaron en Pichanaki en contra de Pluspetrol.
"Si uno está en negocios turbios, como la tala ilegal o en el Vraem, que está al sur de este lote, no quiere tener equipos que hacen sísmica. Son gente moderna que pone sus cables y resonancias y se va, pero ellos van acompañados de policías", explicó PPK.
"Lo más probable es que la gente de la tala ilegal esté apoyando esta manifestación", subrayó el líder de Perú Más.
"Una cancelación del contrato podría llevar a una demanda internacional, que conduciría a una indemnización millonaria", señaló en entrevista con RPPP.
Si se revisa el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 108, suscrito entre Perú-Petro y Pluspetrol en diciembre de 2005, el documento establece, de forma clara, que cualquier diferencia o reclamo que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre las partes deberá ser atendido por medio de un arbitraje internacional, el cual será administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
En esa línea, Gamio opinó que si el Estado opta por anular el referido contrato, se estaría repitiendo acciones erróneas del pasado. "El Estado no puede cancelar una concesión, sería repetir un error del pasado y eso lo pagamos todos", apuntó.
Como se recuerda, el año pasado, la minera canadiense Bear Creek inició un proceso de arbitraje contra el Perú por el proyecto Santa Ana, ubicado en Puno. En ese entonces, analistas del sector estimaron que a unos US$1.200 millones podría haber ascendido la suma de la demanda de la empresa privada.
