El desentendimiento entre el Estado, la población y las empresas del sector extractivo peruano es casi una constante que no debiera darse. Las principales características en el accionar de estos tres actores vienen constituyendo un primer escenario: (1) El actual Estado peruano no está poniendo en valor a la actividad extractiva ante la población. (2) Las poblaciones de las áreas de influencia de las operaciones de las empresas extractivas siguen creyendo que es la empresa extractiva  la responsable de su desarrollo. (3) La empresa extractiva por lo general se limita a realizar una relación transaccional con la población con la finalidad de que la dejen trabajar.

Debemos crear las condiciones para el desarrollo de un segundo escenario que se caracterice por: (1) el Estado peruano cumple un rol promotor y avala  al sector extractivo (al mismo tiempo que fiscaliza con justicia su desempeño ambiental) porque es consciente de que es lo que tiene a la mano para “hacer caja” (2) las poblaciones toman conciencia de que conjuntamente con el Estado, son los verdaderos responsables de su proceso de desarrollo y reconoce que ésta no es una responsabilidad de la empresa extractiva. (3) la empresa extractiva asume un rol de catalizador en la interacción entre el Estado y la población del área de influencia de sus operaciones y reconoce que su responsabilidad social empresarial la coloca hoy, como un agente de cambio social.

Pichanaki no es más que la punta del Iceberg. El sector extractivo peruano tiene ya varios años enfrentando conflictos sociales y ambientales y hasta ahora no logra un avance digno de resaltar en su curva de aprendizaje. 

El pasar del primer al segundo escenario no es un proceso de difícil gestión ni de elevados costos. Al contrario, más costoso va a ser el no hacer la transición indicada.  Es un tema de actitud. Con sus peculiares dificultades, el asunto radica en la capacidad de trabajar con visión de futuro y haciendo prevalecer los intereses comunes. A nadie le conviene los conflictos sociales. A todos nos conviene una relación armoniosa población – Estado – empresa extractiva porque es una imperiosa necesidad para el país. La lamentable muerte del joven de 25 años y estudiante de Administración, Ever Pérez Huamán en las protestas de Pichanaki no es más que la punta del Iceberg. El tema de fondo es que se sigue en el primer escenario. El sector extractivo peruano tiene ya varios años enfrentando conflictos sociales y ambientales y hasta ahora no logra un avance digno de resaltar en su curva de aprendizaje. Propongo un trabajo con prospectiva y con medición de los avances sociales que se vayan logrando. Lo que no se mide no se puede gestionar con eficiencia. Tan importante como medir el desempeño de los tres actores, es medir los efectos de sus desempeños.

La actividad extractiva es un negocio y como tal, tiene que ser exitoso económicamente. Si esta situación no se da es imposible que la empresa pueda ser socialmente responsable. El cuidado del ambiente exige cada día más a las empresas extractivas al mismo tiempo que se viene dando mayor presión social en el sector. Es hora de cambiar. Es el Estado quien debe liderar el proceso de generación de confianza entre las tres partes. Sin confianza mutua jamás habrá progreso. Tenemos que eliminar los paradigmas del primer escenario y pasar al segundo. Se tiene que realizar una tarea de docencia entre las partes involucradas. Si no lo hacemos corremos el riesgo de tener nuevos casos como el de Pichanaki, proyecto Tía María, proyecto Majaz y tantos otros casos ya emblemáticos en la minería peruana. Albert Einstein decía: “locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar resultados diferentes en cada intento”.