Nuevamente HidroAysén acudió a la Corte Suprema. Pero esta vez no fue para defenderse de las reclamaciones de la comunidad (juicio que ya ganó), sino que en esta oportunidad el motivo fue intentar convencer al máximo tribunal del país que su caso sea conocido exclusivamente por el Tribunal Ambiental de Santiago, excluyendo a la sede ambiental de Valdivia.

Según la sociedad conformada por Endesa y Colbun, al existir dos tribunales en paralelo existe un claro riesgo de tener dos fallos discordantes que jugaran en contra de un expedito desarrollo del proceso en el cual la empresa espera recuperar su permiso ambiental, el cual fue anulado por el Comité de Ministros el 10 de junio del año pasado.

Según el abogado de HidroAysén, Gonzalo Cubillos, “existió una falta de cumplimiento por parte del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia”, luego de que la sede de Santiago solicitara enviar la documentación del caso y el mencionado tribunal se negara a aceptar dicha petición.

El escenario de dos sedes conociendo dos causas intimamente relacionadas se generó luego de que HidroAysén interpusiera  dos reclamaciones contra el SEA en defensa de su proyecto hidroeléctrico: en Santiago reclamó contra la resolución que invalidó los acuerdos tomados por el Comité de Ministros de enero de 2014, y que permitieron posteriormente dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto; mientras que en Valdivia la empresa alegó, una semana más tarde,  en contra de la resolución que calificó desfavorablemente la iniciativa energética que obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el 13 de mayo del 2011.

De acuerdo con la tesis de la compañía, siguiendo el Código de Procedimiento Civil (CPC), el  emblemático juicio debería tramitarse sólo en Santiago puesto que de acuerdo a la ley, el tribunal que primero conoció los antecedentes del caso deberá definir a la postre si es pertinente reflotar el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico.

En las próximas semanas, la Primera Sala de Verano de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Pierry, Valdés, Fuentes, Maggi y Silva, determinarán cuál será el tribunal que determinará la suerte del proyecto, iniciativa que ha sido desestimada por sus controladores, pero que sigue siendo defendida en la Justicia.