Por: Carlos Burgueño.

El interminable "juicio del siglo" entre la Argentina y los fondos buitre tendrá hoy un nuevo opus cuando Jeffrey Steven White, juez de primera instancia del distrito norte de California, escuche las argumentaciones de los abogados del fondo buitre NML Elliott para que avance la aplicación de la cláusula "Discovery" sobre Chevron. La intención del fondo de Paul Singer es que el magistrado avale que la petrolera norteamericana muestre si entre sus activos cuenta con dinero proveniente directa o indirectamente de su sociedad con YPF en el proyecto de Vaca Muerta, para luego pedir eventuales embargos al juez más famoso de la causa, el neoyorquino Thomas Griesa.

La aspiración de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliott busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.

Si bien desde el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) se asegura que las posibilidades de que avance la presentación de Elliott en California contra Chevron son mínimas, y casi nulas (posición que se comparte desde Buenos Aires), lo cierto es que hasta ahora la suerte del país en los juzgados norteamericanos en el juicio contra los fondos buitre no fue muy favorable. Más si se tiene en cuenta que la decisión de embargar o no fondos corre por cuenta de Griesa.

El magistrado White recibió la presentación en julio del año pasado y, a falta de una resolución sobre la aplicación de la cláusula "Discovery" (la posibilidad de que un juez ordene a una empresa o particular abrir sus cuentas en el sistema financiero norteamericano para ver si hay activos argentinos eventualmente embargables), la causa no avanzó en el juzgado. Finalmente, en diciembre último Griesa la autorizó, con lo que Eliott volvió a presentarse ante White, que fijó la audiencia de mañana para que el fondo buitre lleve sus argumentaciones legales.

La embestida de Elliott tiene lugar en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente, alejándose del océano Pacífico, precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existan fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente White decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron, o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.

Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California, y que si no los encuentra, sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales innumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio de 2014, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) a que informen a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula "Discovery", una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.

La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de la firma de Joshua D.N. Hess, el abogado del fondo buitre en California) es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina, al menos en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s 2.040 millones ya desembolsados (de un total de u$s 8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de shale oil en Neuquén.