Por Martín Bravo.

Con el apoyo de siete aliados, y el de un integrante del interbloque del PJ disidente para el quórum (el fueguino Jorge Garramuño), el kirchnerismo aprobó ayer en el Senado el proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una nueva Agencia Federal. La sesión, presidida por Amado Boudou, se desarrolló con la mitad del recinto semivacío: de los opositores únicamente asistió el Peronismo Federal, que rechazó la iniciativa. Hubo 38 votos a favor y 7 en contra.

El oficialismo lo tratará hoy mismo en Diputados, en un plenario de comisiones en el que buscará emitir el dictamen, para darle sanción el miércoles 25.

El kirchnerismo introdujo ayer nuevos cambios al texto –ya había hecho otros en comisión, luego de las críticas del CELS–, sin modificar los puntos más cuestionados de la reforma: todo el personal será transferido a la nueva agencia, la Dirección de Observaciones Judiciales (a cargo de las escuchas) pasan al Ministerio Público, encabezado por Alejandra Gils Carbó, y el Ejecutivo podrá desclasificar información por decreto. Los opositores reclamaron un mayor control sobre la Inteligencia del Ejército, comandada por César Milani.

La mayor parte de los opositores buscaron deslegitimar el debate, no asistieron y armaron una audiencia paralela (ver pág. 5). De cualquier modo, el tratamiento quedó atravesado por las referencias a la muerte de Alberto Nisman y su denuncia contra Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA (ver “Homenaje y duras críticas...”).

Sobre el final, Miguel Pichetto –jefe del bloque kirchnerista– precisó los cambios al proyecto, que habían trascendido el miércoles, tras un encuentro del titular de Inteligencia, Oscar Parrilli, con la bancada oficialista.

Para la investigación criminal, la agencia tendrá que contar con un “requerimiento específico y fundado” de la autoridad judicial. Se reducirá de 25 a 15 años el plazo mínimo para abrir los archivos y las personas físicas y jurídicas podrán pedir la desclasificación. Los fondos “públicos” estarán consignados en el Presupuesto y se mantendrán “reservados” los que “su publicidad pueda afectar” las tareas de Inteligencia.

“Es un error las desvalorizaciones en función de quien ocupa hoy el Ministerio Público. Las personas pasan, las estructuras quedan”, argumentó Pichetto para rebatir el pedido opositor de que las escuchas quedaran bajo la órbita de la Corte Suprema. También cuestionó a los opositores que no asistieron a la sesión, aunque tomó una declaración de Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, en la audiencia: “Dijo que no hay que seguir politizando este hecho, no agregamos nada con definiciones que la Justicia no ha dado”.

Los senadores del peronismo disidente rechazaron la celeridad del tratamiento, criticaron la reforma y se refirieron a la muerte de Nisman. “Tenemos que saber cómo es el tema de los fondos reservados, el antro de corrupción más grande del poder político”, aseguró Adolfo Rodríguez Saá. Otra puntana, Liliana Negre, apuntó que “se piensa que con una ley se va a tratar de tapar un magnicidio sufrido por todos los argentinos”. Juan Carlos Romero cuestionó que el kirchnerismo “tardó 11 años en darse cuenta de que había que meter mano” en la SI y que “dejó solo” a Nisman en la causa AMIA.

Por NOELIA BARRAL GRIGERA

En una sesión brevísima, el bloque oficialista aprobó ayer en el Senado la reforma de la Ley de Inteligencia, que la Cámara de Diputados comenzará a tratar hoy mismo con la intención de darle sanción definitiva el 25. El kirchnerismo, que introdujo más cambios al proyecto, se afirmó en sus aliados habituales y algunos otros llamativos para conseguir el quórum y avanzar con la iniciativa.

En ambos casos, para abrir la sesión y a la hora de votar, el bloque de Miguel Pichetto contó con 38 pares de manos, uno más que el quórum. Ayudaron a los 31 propios –incluido el chubutense Marcelo Guinle, a pesar de estar atravesando problemas de salud–, los tres santiagueños, la santafesina Roxana Latorre, la pampeana María Higonet, la neuquina Lucila Crexell y, llamativamente, el peronista federal fueguino Jorge Garramuño, que luego se ausentó en la votación. Además, momentos después de iniciada la sesión se sumó otro aliado, el correntino José Roldán (Frente de Todos). Así, la bancada oficialista no pasó apuros.

Los únicos opositores que participaron de la discusión fueron los senadores del Peronismo Federal, quienes aportaron los siete votos en contra del texto: Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre, Roberto Basualdo, Graciela Di Perna, Guillermo Pereyra, Juan Carlos Romero y Carlos Reutemann. Excepto el santafesino, todos hablaron en el recinto para cuestionar el apuro oficial por aprobar la iniciativa, reclamar el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman y criticar el proyecto.

Al iniciar el debate, Negre pidió un minuto de silencio para homenajear al fiscal de la causa AMIA. Pichetto accedió, se solidarizó con la familia y destacó el ‘valor intelectual’ de Nisman, aunque también remarcó que su denuncia ‘agravió’ a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, el jefe del bloque oficialista tildó de "vendedores de humo", "lamentables" y "patéticos" a dos de los protagonistas de las escuchas que sustentaron la acusación: Luis D’Elía y Alberto Khalil.

Los cambios que aceptó el kirchnerismo fueron varios y, sorpresivamente, entre quienes colaboraron en esa nueva redacción estuvo el hasta ese momento diputado radical Eduardo Santín, quien ayer anunció que dejará el bloque de la UCR. En esas modificaciones se destacan la reducción de 25 a 15 años del plazo para desclasificar documentos; la prohibición de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cumpla funciones policiales o de investigación criminal, salvo –esta última– requerimiento específico y fundado de un juez en el marco de una causa concreta; y la publicidad de las partidas presupuestarias, excepto cuando ello pueda afectar el desarrollo de una investigación.

Además, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, será facultado para ‘disponer la jubilación extraordinaria’ de los agentes que cumplan los requisitos. Y ahora el plazo que tendrá el Ejecutivo para operativi zar la ley una vez aprobada pasará de 90 a 120 días, aunque la Casa Rosada ya avisó que quiere a la AFI funcionando en junio.