Optimista. Así es el reporte anual que entregó a fines de enero la calificadora de riesgo Standard and Poor’s sobre Chile para éste y los próximos años. En un análisis de 29 páginas que difundió entre sus clientes, indica que a pesar de la desaceleración de la economía, de las diversas reformas que se discuten en el país y de la baja en el precio del cobre, espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca este año un 3,5%, bastante por sobre la mediana actual de la proyección del mercado local que apunta a un 2,7%.

Asimismo, S&P descarta la posibilidad de que “en los próximos dos años” se cambie la  calificación de riesgo del país, hoy situada en AA+. “Se asume la continuidad en las políticas económicas. Se espera que el Gobierno logre equilibrar las demandas de mayor gasto en educación pública y  otros programas sociales, manteniendo el marco cauteloso de las políticas fiscales”, plantea la clasificadora. 

Hacia adelante, el reporte proyecta un crecimiento del PIB de 4% para 2016 y de 4,3% (similar al tendencial) en 2017: “esperamos una expansión cercana a 4% para los próximos 4 años a pesar del menor precio de los commodities”, señala. 

Basa esta expectativa de recuperación en las “prudentes políticas fiscales y monetarias que  fortalecerían la base económica de Chile y reducirían aún más la vulnerabilidad a los ciclos de precios de los commodities”.

Sugiere que si la economía sustenta su expansión en los productos de mayor valor agregado no cobre, podría compensar su dependencia fiscal de este recurso, lo que podría llevar a un aumento en el rating del país.

De hecho, al referirse al escenario adverso que está viviendo Chile por el cobre, S&P aconseja que lo vea como una oportunidad para poder exportar más otros productos en áreas como la agricultura o la pesca, que ya son relevantes como envíos al extranjero. Añade que si bien el cobre representa un 15% del PIB, es responsable de sólo un 3% de los empleos del país.

Pero el informe también advierte riesgos, entre éstos, el que un menor crecimiento de China podría terminar en una caída severa en el precio del cobre, con su consiguiente impacto fiscal. “El fracaso de no responder a tiempo ni de manera adecuada ante este acontecimiento podría reducir la confianza de los inversionistas. Este cambio inesperado podría debilitar la estructura fiscal y  la reciente mejora del país ante los shocks externos, y ello pondría en riesgo la calificación de Chile”, advierte la entidad.  

Valora políticas sociales

A diferencia de otros informes externos, la calificadora observa con buenos ojos las reformas que se están llevando a cabo, expresando que “la ambición del Gobierno por la agenda social no representará un riesgo para la estabilidad económica”. Sin embargo, reconocen que su implementación “podría retrasar la recuperación económica”.

En cuanto a lo político, destacan que este segundo mandato de la Presidenta Bachelet permitirá implementar las reformas propuestas, pues tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, aunque menciona que es posible que la reforma constitucional “la forzará a llegar a negociar con la oposición”.

“El foco en las políticas sociales no ha minado la confianza de los inversionistas ni ha puesto en duda el marco de las políticas económicas en Chile” indica el reporte. No obstante, admite que esta presión sobre el gasto público ha desconcentrado al Gobierno de la promoción  de inversiones. 

Otro de los temas en que profundiza el reporte es la educación, destacando que en Chile “al menos un tercio de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene educación superior”. Sin embargo también plantea que la calidad de los recursos humanos representa un obstáculo para que el país llegue a ser una economía  más madura y diversa.

Camino al crecimiento

El camino hacia  el crecimiento, según explica el reporte, dependerá de los precios del cobre, los costos energéticos y las condiciones del mercado financiero global. 

En este punto destaca que los precios del metal rojo no es lo único que amenaza a la industria minera en Chile, sino también los altos costos energéticos, dado que el 60% de la energía tiene que ser exportada, haciendo notar que el país no ha logrado llevar a cabo proyectos energéticos hidroeléctricos por continuas protestas y oposiciones.

Finalmente añade que Santiago es una ciudad emergente en la región para los servicios financieros y los negocios. Recalca que Chile ha empezando a exportar servicios “de valor agregado”, como lo es la información de tecnología y servicios relacionados, y el desarrollo de un sector financiero más sofisticado.