El acuerdo de “convergencia tarifaria’’ que impulsa la administración kirchnerista para que a cambio de fondos para obras las provincias mantengan en el freezer los precios de la energía eléctrica durante 2015 ha comenzado a registrar las primeras grietas con una serie de aumentos directos y encubiertos que están llevando adelante las cooperativas del interior del país.

 En medio de los coletazos políticos del caso Nisman y con los ministros de Economía, Axel Kicillof y de Planificación, Julio De Vido dedicados a cerrar convenios y negocios con China; cuatro cooperativas de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut hallaron distintos resquicios para incrementar sus recaudaciones destinadas a cubrir los mayores costos operativos y salariales del suministro eléctrico.

Tras dejar en offside a los gobernadores de esas provincias que firmaron con De Vido su adhesión a la nueva versión 2015 del programa de “convergencia y congelamiento tarifario’’, las cooperativas eléctricas de Pergamino, Bariloche, Neuquén y Trelew han empezado a trasladar a su usuarios subas que van del 12,8 % al 30%.

En el caso de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP), la rendija legal que encontró el Consejo de Administración para apuntalar sus ingresos fue un ajuste del 20% en la denominada “cuota de capitalización’’ que le facturan a todos los “socios-usuarios’’ de la entidad.

El aumento entrará en vigencia a partir de este mes y-- según justificó ante medios locales el titular de la Copperativa, Roberto Azpeitía –se debe a que “no tenemos respuesta de ninguna índole sobre el dinero que nos adeudan del programa de convergencia del año pasado mientras nuestros gastos en salarios, obras y materiales siguen creciendo”. De acuerdo con los cálculos de directivos de la CELP, el incremento en la cuota-capital representará para socio-usuario un desembolso extra que oscila entre los $20 y $ 30 mensuales.

En tanto, en el caso de Bariloche el aumento en juego llega, en promedio, al 29% y cuenta con la autorización del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Tras un trámite que duró más de un año, el organismo de control le aprobó a la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) una revisión tarifaria en la cual reconoce los mayores gastos de operación y laborales que tuvo entre los últimos meses de 2013 y parte de 2014.

A cambio de este ajuste --que corre para los consumos registrados a partir de enero--, la CEB deberá darle de baja al “cargo específico’’ que unilateralmente estuvo facturando a lo largo del año con el fin de cubrir su déficit operativo.

Por su parte, en la capital de Neuquén, la Cooperativa CALF obtuvo el visto bueno del gobierno municipal para aplicar un aumento en las tarifas eléctricas del 12,8%. Según la explicación oficial, dicho incremento se debe a la vigencia de la cláusula ‘’pass through’’ del contrato de concesión del servicio que le permite a los funcionarios autorizar el traslado de los mayores costos salariales a los usuarios.

En este caso, el ajuste que regirá desde marzo se disparó por la incidencia que tuvieron en los ‘’costos de la distribución eléctrica’’ los dos aumentos salariales que la CALF le otorgó el año pasado a los trabajadores de Luz y Fuerza.

Y en el caso de Trelew, la Cooperativa Eléctrica local decidió elevar sus ingresos para atender los mayores gastos del servicio con un curioso pero efectivo intersticio regulatorio. Vedado el camino para subir la tarifa eléctrica, la entidad resolvió incrementar en un 30% el valor del servicio de “aguas y cloacas’’ que no tiene ninguna restricción tarifaria.

A la hora de defender el aumento, los directivos de la Cooperativa de Trelew argumentaron que lo hicieron dentro del marco de la ley provincial aprobada a fines de 2014 que le permite a las operadoras del servicio de aguas y cloacas cubrir todos sus costos operativos con aumentos de tarifas. En este caso-- y aunque no lo admiten públicamente-- parte de la actualización tarifaria aplicada al servicio sanitario tendrá como destino las cuentas del servicio eléctrico.

Estas movidas que soslayan el “congelamiento’’ tarifario que la Nación tiene acordado con 16 provincias se dan en un escenario cada vez más complicado para las cooperativas.

En la provincia de Buenos Aires, las quejas de las cooperativas apuntan tanto a los ministros Kicillof y De Vido, como al gobernador y candidato presidencial, Daniel Scioli.

A los funcionarios de Cristina Kirchner les reclaman los desembolsos para obras pendientes del año pasado. Por el programa de “convergencia 2014” tenían que haber cobrado cerca de $ 450 millones para las inversiones en mantenimiento e infraestructura. Pero de ese total, recibieron algo menos de $100 millones. Con las mismas tarifas de 2012 y sin la totalidad de los fondos prometidos, las operadoras eléctricas bonaerenses tuvieron que afrontar en 2014 los mayores costos de operación, las subas salariales y la mayor parte de las obras que se iban a pagar con los recursos nacionales.

A Scioli le reprochan su rápido apoyo al congelamiento de 2015 que promovió la Casa Rosada y el no haber cumplido con el compromiso de autorizar un ajuste en las facturas para enero tal como habían acordado de palabra en octubre del año pasado.

Para este año, los números globales indican que--sin aumentos tarifarios--, las 230 cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos van a necesitar una asistencia económica no inferior a los $ 1.000 millones para poder encarar las obras prioritarias y pagar los sueldos de sus 2.500 empleados que pertenecen al gremio de Luz y Fuerza.