Presionada por un contexto internacional más adverso, el default soberano y la caída del precio del crudo, la petrolera estatal YPF debió salir ayer a buscar financiamiento en pesos con las alternativas que tiene a mano en el mercado local.
La compañía logró hacerse de $ 950 millones a cinco años de plazo y a una tasa de interés que se ubicó en un 4,74% sobre la Badlar privada mediante una obligación negociable que colocó a las aseguradoras para que pudieran cumplir con el "inciso K" del reglamento general del sector.
Éste es, concretamente, el que les exige a las compañías de seguros generales destinar al menos un 18% de sus carteras a instrumentos que financien proyectos productivos o de infraestructura; a las de retiro, al menos un 14%; y a las de riesgo de trabajo (ART), al menos un 8%.
Por Pablo Fernández Blanco.
El presidente de YPF, Miguel Galuccio , cree que la filial norteamericana de la empresa, denominada YPF Holdings, pagó sobreprecios en la contratación de servicios petroleros entre fines de 2013 y mediados del año pasado. Para despejar sus dudas, ordenó una auditoría sobre uno de sus proveedores y le inició juicio en un tribunal de Houston, Texas. Por el mismo motivo, en julio de 2014 había desplazado de la presidencia de YPF Holdings a su amigo Guillermo Jalfin, un argentino radicado desde hace años en el exterior.
El 26 de diciembre pasado los abogados de YPF en Estados Unidos presentaron en la Corte de Distrito de Houston una demanda en nombre de la subsidiaria norteamericana en contra de Karlin Pacific, con sede en Boca Raton, Florida. La acusan de no poner a su disposición toda la información necesaria para que pueda explicarle a YPF por qué le pagó 2,9 millones de dólares por un contrato que firmó el 19 de agosto de 2013.
El convenio, que luego tuvo modificaciones, contemplaba el análisis para YPF Holdings de las condiciones geológicas y la viabilidad económica de unos 35 yacimientos maduros ubicados en Venezuela, Ecuador y la Argentina, con vistas a decidir su eventual explotación, según difundió el sitio especializado El Inversor Online.
Galuccio conoce en profundidad el negocio de la provisión de servicios petroleros de su paso por la transnacional Schlumberger, una de las mayores empresas del rubro a nivel mundial, donde trabajaba antes de recalar en YPF.
Los allegados al ingeniero entrerriano sostienen que el contrato con Karlin le despertó sospechas de inmediato. Y que teme que sea la punta de un ovillo más largo.
En parte, el presidente de YPF ordenó la investigación como protección a futuras críticas por el ejercicio de su cargo. A quien lo cuestione, podrá mostrarle las 14 carillas que llevan la firma de la abogada Christina E. Ponig para responderle. Pero también por desconfianza a la prestadora de servicios elegida por YPF Holdings.
Las secuelas de esas dudas se deben a una pelea empresaria que se desarrolla en la Argentina. Sucede que uno de los integrantes del directorio de Karlin es Osvaldo Sortino, reconocido socio del ex banquero Raúl Moneta e integrante de Enercana, una joven empresa que a fines del año pasado ganó la licitación de Parva Negra, un área petrolera en Vaca Muerta, bajo una modalidad que impulsó el gobernador neuquino Jorge Sapag y Galuccio cuestionó en durísimos términos.
La demanda de YPF contra Karlin tiene algunos datos llamativos. Por ejemplo, no menciona a Jalfin, un ejecutivo que hasta el año pasado formaba parte del núcleo más cercano a Galuccio.
El ex presidente de YPF Holdings tiene una historia particular. Dejó la Argentina a principios de los 80, muy molesto con el país. Su padre había sido secuestrado por la dictadura y devuelto poco antes de su muerte. Suficiente para que Jalfin estuviera 30 años afuera, algo que le permitió hacer carrera en el plano internacional. Galuccio lo invitó a sumarse a su equipo tras la estatización de YPF, en abril de 2012.
La empresa justifica la salida de Jalfin por su delicado estado de salud. Sin embargo, el alejamiento coincide con el inicio de una serie de investigaciones internas. Los allegados a Galuccio sostienen que el entrerriano no lo volvió a contactar, ni siquiera por teléfono, tras el episodio con Karlin.
En su lugar colocó al abogado Daniel Rico, viejo ariete de YPF. Fue una decisión lógica: si bien la filial norteamericana tiene negocios, su mayor inquietud es una demanda multimillonaria contra su controlada Maxus por contaminación ambiental. Es uno de los lastres más importantes que dejó la estatización.
A eso se suma el trabajo de auditoría sobre los números de los últimos años.
YPF Holdings justifica la demanda porque, según explica, intentó en varias ocasiones hacer una auditoría sobre los números de Karlin relacionados con el contrato, pero no obtuvo la información que pretendía por parte de su proveedor. Según la filial norteamericana de la petrolera local, si no presenta esos datos, YPF no le reconocerá los pagos que le hizo a Karlin, algo muy curioso dado que se trata de compañías que responden en última instancia a la misma persona, es decir, a Galuccio.
En la demanda, YPF Holdings sostiene que el contrato con Karlin le permite auditar sus números hasta un año después de hecho el pago final, algo que completó en marzo del año pasado, por lo que aún está a tiempo de requerir esa información.
El cinco de agosto del año pasado, la filial norteamericana de YPF le notificó a su proveedora que quería auditar ciertos documentos en las oficinas de Florida entre ese mes y septiembre. La empresa se lo concedió. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron los desencuentros.
La compañía de Sortino le respondió a YPF Holdings que sus derechos de auditoría estaban limitados a "revisar los servicios contratados referidos al Acuerdo de Servicios", según figura en la demanda que se presentó ante la Justicia norteamericana. YPF se queja de que Karlin puso a su disposición una pequeña cantidad de documentos, mientras que escatimó la mayor parte de la información al momento de hacer la auditoría.
Según la interpretación de YPF, el contrato con Karlin le permite acceder a archivos que incluyen registros contables, subcontrataciones, notas de trabajo, hojas de tiempo, viáticos y cualquier otra evidencia de respaldo necesaria para explicar los cargos relacionados con el servicio que prestó la compañía, así como también cualquier otro elemento necesario para evaluar costos directos e indirectos del trabajo realizado. Pero en una de las últimas comunicaciones Karlin le informó a YPF Holdings que daba por cerrado el proceso de auditoría.
Por todo eso, la filial norteamericana de la petrolera estatal le pide a la Justicia norteamericana que se le inicie un juicio a Karlin y luego emita una orden judicial permanente contra la empresa. Es algo que decidirá la jueza Lynn Hughes.
