De acuerdo con los meticulosos registros de Pedro Barusco, ex gerente de ingeniería de Petrobras que colabora con la justicia a cambio de beneficios penales, un 1,3% de los 89 mayores contratos firmados por Petrobras entre mayo de 2004 y febrero de 2011 se cobraron en concepto de sobornos. La información fue publicada hoy en el periódico Folha de San Pablo.
Aquellos contratos movieron casi 35.000 millones de dólares al cambio actual, de los que 431 millones fueron desviados. El mayor beneficiado habría sido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) con 164 millones de dólares, mientras que el resto se repartió entre el ex director de Abastecimiento Paulo Roberto Costa, el de Servicios, Renato Duque, y el propio Barusco, quien se comprometió con la justicia a devolver casi 100 millones de dólares.
Once meses después del inicio la Operación Lava Jato (Lavado Rápido) de la policía federal, 39 personas están detenidas, la mayoría altos ejecutivos de empresas constructoras, involucradas en un esquema de sobornos a jerarcas de Petrobras e intermediarios a cambio de contratos. Las autoridades estiman que el esquema de corrupción podría haber movido 4.000 millones de dólares en una década.
La prensa brasileña había informado el jueves de parte de la declaración a la justicia del ex gerente, que derivó en la detención durante unas horas del tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, para declarar ante la policía.
Barusco acusó al partido de la presidente Dilma Rousseff de haber recibido entre 150 y 200 millones de dólares entre 2003 y 2013 a través de los 90 mayores contratos de la petrolera, y aseguró que Vaccari había tenido "participación" en ese desvío.
Tanto el PT como uno de sus fundadores, el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, desmintieron enérgicamente que el partido que gobierna en Brasil hace más de 12 años haya recibido cualquier tipo de donación ilegal y mostraron su "indignación" por la detención de Vaccari.
Afectada por el enorme escándalo de corrupción que afecta a la mayor empresa pública de Brasil,la popularidad de Rousseff cayó 19 puntos entre diciembre y enero, en la que es su peor evaluación desde que llegó al poder en 2011, según la encuesta publicada este sábado por Datafolha.
En medio de una gran tensión política, esta semana renunció la presidenta de Petrobras, Graça Foster, sustituida por un banquero cercano a Rousseff y sin experiencia en petróleo. También fueron apartados otros directivos de la mayor empresa de Brasil.
Janot viajó a Washington junto a los demás procuradores que tienen a su cargo las denuncias sobre los millonarios desvíos de dinero dentro de la empresa hidrocarburífera, que supuestamente fueron llevados a cabo con la complicidad de importantes directivos de la compañía, además de políticos y contratistas.
Si bien las autoridades brasileñas son las que conducen la investigación, tanto el Departamento de Justicia estadounidense como el organismo que regula el mercado de capitales también tienen bajo la lupa el expediente que escandaliza a la sociedad brasileña y que en los últimos meses ha tenido a maltraer a la administración de la presidenta Dilma Rousseff.
El hecho de que Petrobras pueda ser investigada y fiscalizada por las autoridades de Estados Unidos es consecuencia de que las acciones de la firma con sede en Río de Janeiro también cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, además de en los mercados de San Pablo, Buenos Aires y Madrid, según publica el periódico brasileño O'Globo.
Durante su estadía en la capital estadounidense Janot aprovechará para rubricar un acuerdo de cooperación con el Banco Mundial (BM), que estará destinado a reforzar los mecanismos de transparencia y protección de proyectos financiados por el organismo crediticio, con el objetivo de evitar los desvíos de dinero u otro tipo de actividades ilegales.
Estas denuncias sobre la red de corrupción que atravesó la empresa brasileña (la más grande de su país) entre 2004 y 2012 provocaron la renuncia en pleno de su directorio, incluida la de su presidenta María das Graças Foster, quien hasta ese momento era una protegida de Rousseff.
Pero como si todo esto fuera poco, el supuesto desvío de unos 3.900 millones de dólares también amenaza con desatar una crisis política para la mandataria Dilma Rousseff, quien apenas llevapoco más de un mes desde que asumió su segundo mandato.
Esto se debe a dentro del escándalo también estarían implicados decenas de políticos oficialistas, cuyos nombres ya se anunció que serán revelados durante las próximas semanas.
Desplome de Dilma
La popularidad de la presidente brasileña Dilma Rousseff cayó del 42% al 23% este mes, un 19%,según una encuesta divulgada el sábado por la firma Datafolha, en medio de la crisis de la petrolera estatal Petrobras y el empeoramiento de las expectativas económicas del país.
El sondeo fue realizado por Datafolha entre el martes y el jueves de la semana pasada, y dentro del mismo también se observa que el 23% de los brasileños evalúa positivamente a la jefa de Estado, un 33% lo considera regular y el 44% malo ó pésimo.
Estos porcentajes contrastan con los captados por la misma firma encuestadora en diciembre pasado, un mes antes de que la Presidenta asumiera su segundo mandato tras ganar las elecciones en octubre en medio de una ajustada segunda vuelta.
En diciembre, el 42% de los entrevistados evaluaba positivamente a la jefa del Estado, el 33% de manera regular y el 20% la desaprobaba.
La peor en muchos años
De acuerdo con el diario Folha de San Pablo, se trata de la peor evaluación del gobierno de Rousseff y la más baja otorgada a un mandatario de Brasil desde Fernando Henrique Cardosoen diciembre de 1999, cuando el 46% de la población consideró su gestión "mala o pésima".
De acuerdo con Datafolha, el 52% de los entrevistados consideró que Rousseff sí sabía lo que ocurría en Petrobras, el 25% cree que la mandataria "sabía, pero no podía hacer nada para evitarlo", mientras que el 14% dijo que la jefa de Estado desconocía la corrupción en el seno de la estatal.
Cuestionados sobre si el descubrimiento de la corrupción perjudica a Petrobras, el 82% afirmó que sí, frente al 8% que dijo que no.
La popularidad de Rousseff también cae en un momento en el que Brasil registra un débil crecimiento económico, una elevada inflación y unas maltrechas cuentas públicas que han llevado al Gobierno a anunciar medidas de ajuste fiscal.
Un ambiente político poco propicio para Dilma Rousseff y el freno al consumo, desde diciembre hasta ahora, tuvieron ya su impacto en la popularidad presidencial. La última encuesta de la empresaDatafolha, publicada el sábado por la noche, revela un aumento inusitado en la calificación negativa de la gestión, a pesar de estar a apenas un mes y días de la asunción del segundo mandato. Según esa investigación, que abarcó un universo de 4.000 personas a lo largo y ancho del país, 44% de los encuestados evaluó como mala o pésima la gestión gubernamental. El dato relevante es que en diciembre apenas 24% rechazaba a la presidenta brasileña. Los mismos problemas, sumados a la falta de agua, produjo un retroceso del gobernador paulista Geraldo Alckmin, considerado el candidato ideal para las próximas elecciones presidenciales de 2018. El caso de corrupción en Petrobras golpea la popularidad de Rousseff, reelecta por un estrecho margen en octubre pasado. Un 52% de los encuestados respondió que la presidenta “sabía y dejó que ocurriera” la red de sobornos, estafas al Estado y enriquecimiento ilícito, que movió unos 4.000 millones de dólares en la última década. Los directores de la consultora, ligada al grupo editorial Folha de São Paulo, dijeron que una caída de ese porte en tiempo récord solo se vio, anteriormente, en 1999 cuando asumió Fernando Henrique Cardoso su segundo período y puso en práctica una fuerte devaluación del real. El desempeño barranca abajo del actual gobierno tiene mucho que ver con la situación económica. En octubre pasado, solo 6% consideraba que su situación económica iría a empeorar. Hoy se amplió esa franja y suman 26% aquellos que cree que este año será peor que 2014. Todavía hay una mayoría apreciable, de 64%, que considera que los resultados económicos de 2015 serán igual o mejor que el año pasado, pese a que más de 80% cree que la inflación continuará y, por lo tanto, se recortará el poder adquisitivo de los salarios. Pero todo indica, por el momento, que falta bastante para llegar al fondo del pozo. Para los líderes de la oposición, “en breve” deben aparecer los síntomas del descontento: imaginan, como lo han dicho públicamente, que el deterioro de las expectativas económicas de los ciudadanos irá a fermentar el caldo de la insatisfacción, indispensable para generar la ola de manifestaciones que sacudió el país en junio y julio de 2013.El columnista del diario Folha, Marcelo Leite, señaló en su crónica de tapa con los resultados de Datafolha: “Es como si el sentimiento de 2013 hubiera vuelto, pero en sordina: sin las protestas callejeras”. Si se adiciona a esto, “la posibilidad cada vez más concreta de que falte agua y energía”, se tendrán las condiciones ideales que la oposición busca para ganar en el Parlamento lo que perdió en las urnas. La socialdemocracia del ex presidente Cardoso reiteró, la semana pasada, su proyecto de iniciar juicio político a Dilma, que podría acelerarse si las malas condiciones de gobernabilidad se profundizan. El “Príncipe de la sociología”, como lo rebautizó recientemente el también ex presidente Lula da Silva, se encargó de sondear juristas. Un abogado de renombre, Ives Gandra, dio ya su parecer: el impeachment es posible si el proceso se basa en la idea de “responsabilidad”, no de “culpabilidad”, que tendría Rousseff sobre el caso de corrupción en Petrobras. En tono lúgubre, el columnista de Folha pronosticó: “El pesimismo de los entrevistados (por Datafolha) viene determinado por el contraste entre la realidad y la imagen rosa pintada en las campañas electorales del año pasado”. El dato que abona esa tesis es que 54% de los consultados por la empresa encuestadora consideró que Dilma es “falsa”.Lo cierto es que, en la izquierda y la centro izquierda, nadie celebra el plan de ajuste con que Rousseff dio inicio a su segundo gobierno. Hay una convicción en los economistas “heterodoxos” o “keynesianos”: “El plan puesto en práctica puede llevar a Brasil a un cuadro de severa depresión económica”. Fue lo que sostuvo Guilherme Delgado, doctor en economía y profesor de la Universidad de Campinas. El especialista no tuvo medios términos al describir la “catástrofe” en ciernes: “Las consecuencias de la austeridad fiscal, en un momento de crisis externa, de desaceleración fuerte del crecimiento interno, de carencia básicas en recursos como agua y energía, más la crisis en el sector petrolero, podrán ser desastrosas”
