Por JOHN PAUL RATHBONE.

La verdad supera la ficción. Desde que Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires, Argentina –o, más precisamente, el gobierno de Cristina Fernández–, el refrán quedó corroborado. Nadie inventaría una historia así.

Hace tres semanas, Nisman se preparaba para el momento decisivo de su carrera. El fiscal de 51 años estaba a punto de acusar a la presidenta de haber encubierto la supuesta participación de Irán en el peor ataque terrorista que sufrió Argentina: la bomba que en 1994 mató a 85 personas. Unas horas antes de la audiencia ante el Congreso, la madre de Nisman encuentra muerto a su hijo sobre un charco de sangre.

En un primer momento, Fernández sugirió que se trataba de un suicidio. Luego, publicó en Facebook una carta inconexa en la que insinuó que había sido un asesinato a manos de espías "que no eran espías", que buscan desacreditarla.

Las teorías conspirativas se complican. Los funcionarios culpan a "oscuros intereses". Sin embargo, la mayoría de esas teorías son alimentadas por el mismo Estado.

Los argentinos siguen sospechando, y es comprensible, de sus servicios de inteligencia, los cuales cambiaron poco desde que terminó la dictadura militar en 1983. Eso significa que la idea de Fernández de que los espías planearon la muerte de Nisman no es totalmente improbable. Pero eso no convierte a Fernández en una creíble reformista de los servicios de inteligencia, la tarea que reclamó por televisión en una cadena que se prolongó durante una hora el 26 de enero.

Después de todo, la larga experiencia también lleva a los argentinos a desconfiar de las mentiras del gobierno –sobre casi todo, pero particularmente sobre corrupción e inflación. El gobierno, que actúa como si fuera más santo que la Madre Teresa, siempre lucharon contra esas acusaciones.

Pero ahora, atrapado por sus propios errores, ya no puede disfrazar la realidad con palabras. Nadie sugiere que Fernández haya orquestado la muerte de Nisman. Pero la forma de actuar de su gobierno indica que está asustado y que quizás también esconda algo. El comportamiento de Fernández no ayuda. Todavía no ofreció sus condolencias a la familia de Nisman. El miércoles en un viaje a China, también se burló del acento de sus anfitriones, recalcando que el humor era la mejor reacción frente a los agravios.

Ahora toda la atención está puesta en el poder judicial de Argentina. Es lento, ineficiente y quizás corrupto, pero todavía cuenta con gente competente y con mucha experiencia legal. De hecho, su independencia es una razón por la que Argentina no está tan arruinada como Venezuela, pese a que Fernández hace sus mayores esfuerzos por controlarlo.

Hace dos años, por ejemplo, Fernández propuso una reforma que incluía la elección de jueces argentinos por voto popular. Eso supuestamente "democratizaba" el sistema legal. En realidad, lo dejaba a merced de los políticos oficialistas. Finalmente, los tribunales rechazaron la iniciativa, al igual que el acuerdo con Teherán patrocinado por el gobierno por el ataque terrorista de 1994.

No hay que mirar muy lejos para encontrar los motivos que llevan a Fernández a poner el Poder Judicial a su favor. Su riqueza personal creció exponencialmente desde que ella y su fallecido esposo asumieron el poder en 2003. Según la última declaración, en 2013 su riqueza aumentó 15% a u$s 6,6 millones. Pero su presidencia termina este año, no puede aspirar a la reelección y, sin inmunidad quedará legalmente expuesta. El comportamiento de Fernández ofrece a los críticos más motivos para sospechar.

Una solución podría ser que se consiga un equipo creíble de expertos independientes que investigue la muerte de Nisman, y el atentando de 1994. México recibió expertos forenses argentinos para indaguen sobre la muerte de los 43 estudiantes. En forma similar, una comisión respaldada por la ONU estudió la misteriosa muerte de un juez guatemalteco ocurrida en 2009. Buenos Aires podría tomar una medida similar.

Como resultado hay un asesinato que nadie cree que vaya a ser resuelto adecuadamente debido a la complicidad de muchos sectores: el Estado, la presidencia, el Poder Judicial, el Congreso y los servicios de inteligencia. La historia demuestra que Argentina, 32 años después del fin de la junta militar, sigue siendo una democracia defectuosa en el mejor de los casos, y un estado rebelde, en el peor.