La ley de Presupuesto Nacional de 2015, aprobada solamente por el oficialismo, autoriza al gobierno a endeudarse en US$ 50.300 millones, de los cuales US$ 32.420 millones corresponden a inversiones energéticas y dentro de ellas US$ 11.000 millones son para la construcción de centrales nucleares.
El convenio con China firmado en 2014, con media sanción en el Congreso y que está siendo implementado por la Presidente mediante firma de convenios específicos en Pekín, permite que todas las inversiones que surjan del mismo se hagan sin licitación pública, es decir con contrataciones directas, lo que constituye una peligrosa anomalía.
La experiencia internacional indica que las adjudicaciones directas de grandes obras públicas al limitar la apertura y convocatoria a oferentes en forma transparente constituyen fuente de sobreprecios, baja calidad de los suministros, y excesivas comisiones en beneficio de los adjudicatarios y los intermediarios en las compras.
Muchas de la obras incluidas en los convenios específicos como las nuevas centrales nucleares y las hidroeléctricas del Río Santa Cruz son fruto de la improvisación en vez de surgir de un plan para el sector energético debidamente consensuado. Además, los tiempos de ejecución de estas obras exceden largamente el plazo del actual gobierno y no cuentan con los Estudios de Factibilidad que aseguren su viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental, ni el repago de los préstamos que se negocian.
El grupo de Ex Secretarios de Energía afirma que este acuerdo que impulsa el gobierno de Cristina Fernández, a 10 meses de terminar su mandato, en forma inconsulta y no transparente, comprometerá al país por décadas en su economía, finanzas, tecnología y también en la estrategia de su política externa. Se impone por lo tanto que antes de la aprobación definitiva del Convenio con la República de China se someta el tema a un debate integral transparente que provea los acuerdos políticos necesarios – que hoy se limitan al oficialismo gobernante- para asegurar que lo firmado se cumpla sin detrimento de los altos intereses nacionales en juego.
Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco
Los ex Secretarios de Energía Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco emitieron un documento crítico tras el acuerdo energético que la Argentina rubricó con China.
“El convenio con China firmado en 2014, con media sanción en el Congreso y que está siendo implementado por la Presidente mediante firma de convenios específicos en Pekín, permite que todas las inversiones que surjan del mismo se hagan sin licitación pública, es decir con contrataciones directas, lo que constituye una peligrosa anomalía”, señalaron.
“La experiencia internacional indica que las adjudicaciones directas de grandes obras públicas al limitar la apertura y convocatoria a oferentes en forma transparente constituyen fuente de sobreprecios, baja calidad de los suministros, y excesivas comisiones en beneficio de los adjudicatarios y los intermediarios en las compras”, agregaron.
También subrayaron que las nuevas centrales nucleras e hidroeléctricas del Río Santa Cruz “son fruto de la improvisación” y que los tiempos “de ejecución de estas obras exceden largamente el plazo del actual gobierno”.
El grupo de Ex Secretarios de Energía afirma que este acuerdo que “impulsa el gobierno de Cristina Fernández, a 10 meses de terminar su mandato, en forma inconsulta y no transparente, comprometerá al país por décadas en su economía, finanzas, tecnología y también en la estrategia de su política externa”.
