De acuerdo a El Inversor Online.com, la compañía FMC Minera del Altiplano S.A., subsidiaria de la estadounidense FMC Lithium, la cual opera actualmente el yacimiento de litio emplazado en el Salar del Hombre Muerto -en Antofagasta de la Sierra- continúa negándose a pagar el agua, cuyo consumo es medido en millones de metros cúbicos que utiliza en su proceso de extracción de carbonato de litio. 

Ya en el 2012, El Esquiú.com daba a conocer lo siguiente: “La empresa multinacional FMC Lithium, que explota litio en el Salar del Hombre Muerto -Antofagasta de la Sierra- desde 1997 a través de su subsidiaria Minera del Altiplano S.A., se viene negando sistemáticamente a pagar los millones de metros cúbicos de agua que utiliza en su proceso de extracción. En 2010, desde la dirección de Recursos Hídricos le enviaron las facturas de once años reclamando una deuda por alrededor de 200.000 pesos; y el año pasado (por el año 2011), en noviembre, el organismo le facturó más de 1,7 millones de pesos por el canon de agua. En ambas oportunidades, la empresa se negó a pagar argumentando que está eximida por contrato”.

Ahora, según lo reportó el periódico nacional, en dos oportunidades la empresa interpuso Recursos Jerárquicos en la administración catamarqueña para que la provincia se abstuviera de continuar con los cobros. 

Dicho medio indica que la multinacional emplearía miles de millones de litros de agua, tanto superficial como subterránea, sin pagar tarifa alguna a la provincia. Señalaron que el escenario es complejo y que los intentos por gravar el uso del recurso no renovable por parte del gobierno chocan contra la sistemática negativa de la operadora minera.

De acuerdo a la publicación digital, habría crecido con fuerzas que la actual gestión de gobierno estaría analizando cortar el suministro de agua a la empresa que se encuentra explotando el recurso metalífero ya que “lo consideran un incumplimiento”.

Al respecto, el periódico habría consultado al secretario de minería, Rodolfo Micone, quien les contestó que “no hay decisión tomada sobre cortar los recursos hídricos” y que “estamos en conversaciones con Minera del Altiplano”.

Motivos invocados

La explotadora del yacimiento se ampara en un convenio firmado en 1991, el cual fue luego ratificado por el entonces gobernador Arnoldo Castillo en 1994. En aquellos años se dio el inicio para la instalación de la minera en la puna del Norte provincial.
Con la rúbrica del convenio, la gestión del Frente Cívico y Social le entregaba el recurso hídrico a la empresa multinacional eximiéndola de abonar los cánones que por ley debe percibir la provincia, “tratándose de un recurso natural escaso y fundamental para la vida”, se informaba en aquella oportunidad en nuestro diario.

En esa ocasión Luis Manuel Álvarez, presidente de la Cámara Minera de la provincia, comentó que “los proyectos Alumbrera y Altiplano entraron en producción al mismo tiempo, a mediados del ‘97” y que “La Alumbrera paga el canon de agua según se estipula; entiendo que, entonces, se debe a una cuestión contractual”.