Por Mario Fiore.
El oficialismo le hizo cambios al proyecto de ley que envió la Casa Rosada para crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) luego de escuchar una catarata de críticas que realizaron ayer organismos de Derechos Humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que asistieron al Senado para advertir la necesidad de “no repetir las deformidades que hemos visto en los últimos años” en el sistema de inteligencia estatal.
De este modo, el Frente para la Victoria (FpV) firmó el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Penales y Justicia, y dejó todo listo para darle media sanción el próximo miércoles.
Ayer, los senadores oficialistas (la oposición volvió a faltar) debieron escuchar críticas de fondo que Horacio Verbitsky (titular del CELS) y Marcelo Sain (autor de la ley actual sancionada en 2001) virtieron sobre la iniciativa gubernamental. “Este proyecto no disuelve la sociedad promiscua entre la Justicia y los servicios de inteligencia, que son el origen de todas las deformidades que hoy han eclosionado”, explicó el periodista de Página 12.
“La Justicia no puede tener como auxiliar a los servicios; para eso están las fuerzas de seguridad”, agregó.
Atento a esto, el kirchnerismo eliminó el artículo 3° que había enviado Cristina Fernández, que definía qué se entiende por “inteligencia interior” y permitía a los espías colaborar con los magistrados en la “investigación de delitos federales complejos”. Con el cambio realizado, dicen las fuentes oficialistas, los agentes de la AFI podrán “producir” inteligencia nacional y criminal pero no investigar a la par de los jueces. “Eso sólo será posible si hay un expreso pedido de un magistrado”, explicó el senador K, Marcelo Fuentes, al anunciar los cambios.
Pero el CELS pidió que la AFI sólo realice tareas de inteligencia nacional y no se entrometa en tareas de inteligencia criminal, las cuales deberías estar -según Verbitsky- en el Ministerio de Seguridad. “De no modificarse esta confusión de conceptos, los problemas se van a agravar”, señaló y se pronunció a favor de que algunas tareas que se le asignarían a la futura AFI queden bajo la órbita de la Dirección de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad y de inteligencia estratégica militar, que depende del Ministerio de Defensa, cuando corresponda.
Sin embargo, el oficialismo sólo escuchó en parte estos reclamos. Modificó dos artículos para ello. En uno, sacó de las potestades de la AFI hacer tareas para prevenir “amenazas internacionales”, ya que permitía -como dijo Sain- “habilitar la injerencia militar en la seguridad interior”. Pero el FpV hizo caso omiso al pedido de que la Dirección de Inteligencia Criminal mantenga todas sus facultades.
Además, aceptó cambiar el artículo 4° que habilitaba a los agentes o espías de la ex Side a iniciar tareas de inteligencia dándoles un plazo de 72 horas para informar a sus superiores. Ahora dice que los miembros de la AFI deberán informar “inmediatamente” a la dirección del organismo.
Otro cambio que hizo el bloque K es que se pone debajo de la conducción de la AFI a todos los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad, incluso las del Ejército. Esto ya está en la ley de 2001, pero había sido corregido en el proyecto de la Rosada.
En su presentación, el CELS elogió proyecto de ley de la oposición para agudizar el control de los fondos reservados de la ex SIDE y criticó que la iniciativa de la Casa Rosada fije un período mínimo de 25 años para desclasificar documentos. Ninguno de los disertantes objetó el punto más cuestionado por la oposición: que las escuchas telefónicas pasen al Ministerio Público Fiscal.
El jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto, aprovechó para fustigar al arco no oficialista: “La oposición no mira las leyes en función de su trascendencia en el tiempo sino de quién está al frente, circunstancialmente, de aplicarlas”, sostuvo en alusión al rechazo que concita en todo el arco no K la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
No participaron los opositores en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia en el Senado, pero las críticas al proyecto de Cristina Kirchner para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una nueva Agencia Federal las expusieron en duros términos los integrantes del CELS invitados por el propio oficialismo.
Los senadores del Frente para la Victoria adelantaron que aceptarán parte de las sugerencias para modificar el texto y anunciaron un cuarto intermedio hasta las 17, para firmar el dictamen con los cambios que avale el Poder Ejecutivo.
Horacio Verbitsky, titular del CELS, arrancó su exposición con un cuestionamiento a la demora de diez años al compromiso que había asumido Néstor Kirchner en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de reformar el área de inteligencia. E hizo referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman como uno de los motivos para que se retomara ese compromiso. También rechazó el trámite parlamentario veloz al lamentar “la urgencia por sacarlo ya” y enumeró errores puntuales al proyecto, que a su criterio harían “que no se aplique o que tengamos una ley muy mala de la que tengamos que arrepentirnos”.
Entre otros puntos, marcó que la inteligencia nacional “no es inteligencia criminal ni investigación” y pidió para la nueva Agencia la función de análisis de información sin atribuciones operativas para buscar pruebas, que deberían mantenerse en subsistemas como la Dirección de Inteligencia Criminal (en el ámbito del Ministerio de Seguridad, como en la actualidad, y no en la AFI, como establece el proyecto), y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, con control político. “No sólo no se corrige el defecto fundamental, sino que se consolida su actuación como auxiliar de la Justicia”, aseguró.
Luego Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Cels, pidió “pensar de qué modo se puede desmantelar la estructura vigente y profesionalizar” el personal de inteligencia -que según el proyecto pasará completo a la nueva Agencia Federal- y establecer por ley “mecanismos de control necesarios”, en especial sobre los fondos reservados. También advirtió sobre una “confusión conceptual” en el artículo 2, en la definición de la inteligencia nacional, que podría “plantear una visión militarista de la seguridad”.
Otros cuestionamientos giraron en torno a los 25 años de plazo para desclasificar información -dieron como ejemplos las legislaciones de Estados Unidos e Israel, menos rigurosas en ese sentido- y la necesidad de desmantelar el Cuerpo de Investigaciones de la Policía Federal, un "servicio paraestatal de inteligencia".
Previamente, Marcelo Sain -legislador bonaerense de Nuevo Encuentro- ya había marcado críticas sobre algunos de esos puntos y pidió suprimir del artículo 3 el concepto de “inteligencia interior”. Los senadores kirchneristas avanzarán en la firma del dictamen por la tarde, con la intención de aprobar el proyecto en el recinto el miércoles próximo y convertirlo en ley en Diputados antes de fin de mes.
