Por Gustavo Ybarra.
La puja política que estalló a partir de la muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, se instaló ayer con fuerza en el Senado, en donde la oposición anunció que le dará la espalda al debate del proyecto de ley quereforma el sistema de inteligencia nacional. Como contrapartida, el kirchnerismo avanzará hoy con la firma del dictamen, lo que le permitirá llevar la iniciativa impulsada por Cristina Kirchner al recinto de la Cámara alta el miércoles de la semana próxima.
Tal como anticipó este diario en su edición de ayer, la oposición en pleno decidió boicotear el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo, en rechazo de la intención del oficialismo de darle un "trámite exprés". Lo hizo en una conferencia de prensa en la que no faltaron las acusaciones al Gobierno de plantar "cortinas de humo" para desviar la atención de la resolución de la muerte del fiscal Nisman", según denunciaron a coro.
Mientras los referentes de la oposición realizaban sus descargos por el caso Nisman, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y los flamantes jefe y subjefe de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente, defendían el proyecto del Gobierno ante la presencia de los miembros oficialistas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales y de cara a las sillas vacías correspondientes a la oposición.
"Es lamentable la ausencia de la oposición, que confunde la coyuntura electoral de una campaña que, a mi modo de ver, va a ser la más sucia de la historia, con la necesidad que tenemos todos de saldar esta deuda de transparentar los servicios de inteligencia", criticó Marcelo Fuentes (FPV-Neuquén), presidente de Asuntos Constitucionales, la actitud de los bloques de oposición, ante una consulta de LA NACION.
MÁS QUEJAS
El desplante opositor también mereció la queja del nuevo jefe de los espías. "Lamentamos profundamente que haya sillas vacías, porque entendemos que las instituciones se las defiende debatiendo", afirmó Parrilli, antes de calificar como una "actitud casi intolerante" la ausencia de los senadores de la oposición.
Pocos minutos después de estas palabras, y a escasos metros de allí, en el Salón de Lectura, una veintena de senadores de la oposición, encabezados, entre otros, por Gabriela Michetti (Pro), Gerardo Morales (UCR), Adolfo Rodríguez Saá (peronismo disidente), Oscar Castillo (Frente Cívico de Catamarca) y Fernando Solanas y Norma Morandini (FAP), anunciaba su decisión de dejar al kirchnerismo en soledad en el tratamiento del proyecto que disuelve la SI y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal como fue anunciado hace una semana por la jefa del Estado en cadena nacional.
"No estamos dispuestos a seguir la farsa que nos propone el Gobierno para tapar la muerte del fiscal Nisman", afirmó Morales, y enumeró la "otra agenda" que esas bancadas pretenden discutir en el Congreso (como se informa por separado).
Por su parte, Rodríguez Saá calificó de "magnicidio" la muerte del funcionario judicial y calificó como "cortinas de humo" los cambios en el sistema de inteligencia nacional propuestos por Cristina Kirchner al Congreso.
Las críticas de Parrilli fueron replicadas por Laura Montero (UCR). "Se nos acusa de intolerantes, pero yo me pregunto si no es intolerancia la que tiene el Poder Ejecutivo cuando no acepta discutir ninguna de las iniciativas de la oposición", sentenció la senadora por Mendoza.
Tras su breve alusión a la actitud opositora, el ex secretario general de la Presidencia realizó un pormenorizado repaso por los 28 artículos del proyecto del Poder Ejecutivo, destacando que con los cambios que impulsa el Gobierno "se terminará con la inteligencia interior, salvo que esté en riesgo la seguridad del país y de sus ciudadanos".
Tras una intervención excesivamente técnica de Mena, que es el supuesto mentor de la reforma del Código Procesal Penal y subjefe designado de la Secretaría de Inteligencia tras el desplazamiento de la cúpula anterior, fue el turno de Zannini.
Con su habitual tono tranquilo, Zannini prefirió mostrarse cauto y aseguró que el Gobierno no quiere "destruir todo para comenzar algo nuevo", sino que apuesta a cambios graduales.
"Venimos a tratar de mejorar la actual Secretaría de Inteligencia, más allá de su estructura", afirmó el funcionario de mayor cercanía y trato con la Presidenta. En ese sentido, aseguró que la intención es terminar con lo que calificó como "una historia de carpetas y carpetazos", en clara referencia al uso extorsivo que se hizo y se hace de la información obtenida por los servicios de inteligencia.
El debate, sin la oposición, continuará hoy, a las 11, con la presencia del periodista Horacio Verbitsky, en representación del CELS, que impulsa algunos cambios en el proyecto oficial. La intención del oficialismo es, una vez concluida la reunión y escuchadas las propuestas de los invitados, firmar dictamen..
Por Laura Serra.
En plena embestida del Gobierno contra el Poder Judicial, que alcanzó su punto crítico con la muerte del fiscal Alberto Nisman, la oposición en pleno solicitó una audiencia con los miembros de la Corte Suprema. Una jugada política en la que los opositores pretenden exhibirse plantados en la vereda contraria a la del oficialismo.
La oposición no quiere que el foco de atención se desvíe del caso Nisman. Por eso, no dará el debate de la nueva ley de inteligencia en el Congreso y evalúa no participar, mañana, de la reunión de la Comisión Bicameral de Inteligencia, convocada por el oficialismo. En su intento de rehuirle a la agenda del Gobierno, los opositores buscan acordar una serie de acciones en común; por esa razón, y en un hecho inusual en los últimos tiempos, hoy habrá una reunión ampliada de senadores y diputados de toda la oposición.
"Como oposición estamos cansados de participar en debates, de hacer preguntas, y todo eso cae en saco roto. En definitiva siempre imponen la mayoría, sin atender nuestras sugerencias e ideas. Pretenden que se trate todo en forma exprés", coinciden varios legisladores opositores.
Este encuentro legislativo pretende suplir el vacío opositor que dejaron los candidatos presidenciales de los distintos partidos, renuentes a mostrarse juntos aun frente a la conmoción social y política que provocó la muerte del fiscal Nisman. "En las primeras líneas predominan las mezquindades y los recelos. En cambio, en el Parlamento, la relación entre los distintos presidentes de bloque es más aceitada y se pueden programar acciones en común con más facilidad", admiten en los pasillos legislativos.
De arranque, ayer solicitaron una audiencia con la Corte Suprema. Ante los jueces del alto tribunal ratificarán su vocación por una justicia independiente e insistirán en la necesidad de que se arbitren todos los medios institucionales para el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Sería una fotografía de alto impacto político, se entusiasman los organizadores.
También le enviaron una carta a la presidenta Cristina Kirchner. Allí, diputados de la oposición le reclamaron "que incorpore a las sesiones extraordinarias [del Congreso] la derogación del Memorándum suscripto por el gobierno con la República de Irán" y que "ponga a disposición a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para que puedan ser convocados por el Congreso" a informar sobre la causa AMIA y la muerte de Nisman. La carta fue firmada por el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, junto a sus pares Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Pinedo (Pro), Juan Carlos Zabalza y Margarita Stolbizer (FAP) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica).
Asimismo, solicitaron la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. "Gils Carbó no puede permanecer en su cargo si queremos saber la verdad sobre la muerte del fiscal Nisman, sin que se embarre la cancha y sin obstrucciones", enfatizó Negri. En este sentido, la diputada Stolbizer se mostró preocupada por la advertencia del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, quien anticipó que se busca apartar a la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein. "Es grave. Cuidado con la procuradora", alertó la legisladora..
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal propusieron ayer que las intervenciones telefónicas judiciales queden a cargo de las provincias. Lo hicieron durante una reunión de sus representantes con el ministro de Justicia, Julio Alak.
Los dos consejos, que nuclean a los procuradores y fiscales generales de todas las provincias del país, también les enviaron su propuesta a los presidentes de los distintos bloques del Senado, donde hoy comenzó a debatirse la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso para reformar la Secretaría de Inteligencia (SI). Uno de los puntos más controvertidos es quién quedará a cargo de las escuchas judiciales. De acuerdo al proyecto del Gobierno –que lleva la firma de Alak, entre otros–, será la Procuración General de la Nación.
Según la propuesta de los fiscales generales, cada provincia deberá determinar qué organismo debe estar a cargo de las escuchas. Sin embargo, ambos Consejos creen que debería ser el Ministerio Público.
"Estamos de acuerdo que las escuchas en las causas federales y nacionales estén a cargo de la Procuración General de la Nación pero en las causas de competencia provincial entendemos que las escuchas tienen que estar al frente de las procuraciones provinciales", explicó el fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quattropani. Y comentó que el objetivo sería asegurar la autonomía provincial.
No obstante, el fiscal sanjuanino aclaró que "debe reservarse para el organismo de inteligencia una cierta capacidad de poder ordenar escuchas telefónicas para determinados temas que hacen a la seguridad del país".
Fue un grito compartido por toda la oposición: No puede ser que la bicameral de control de inteligencia se haya reunido sólo tres veces el año pasado, en medio de una dura pelea entre los espías y el Gobierno.
Sin embargo, todos olvidaron que informar cuándo y dónde se junta esa bicameral está prohibido, porque su temario y sus invitados deben guardarse en secreto.
De esto se trata la tarea de la bicameral: controlar el accionar de de los organismos de inteligencia sin que nadie lo sepa.
Pero el escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman y el empecinamiento del Gobierno en vincular a la ex Side hacen imposible reunir a la comisión bajo llaves.
Émulo de la secretaría de inteligencia, la bicameral es también una importante caja de alrededor de 6 millones de pesos, ansiada por el oficialismo pero también por la oposición. “Por eso nadie se quejó tanto de que no se reunía. Ahora todos se hacen los heridos”, se burló un asesor de uno de los bloques más grandes de la oposición.
La presidenta de la comisión es la diputada K María Teresa García, quien la convocó para el jueves a las 10.30. Aunque debiera ser secreto, en el Congreso todos saben que el tema es la ley para disolver la Side y que se hará en el sexto piso del anexo del Senado.
Es el edificio conocido como “la ex Caja”, donde se ubican los despachos de los senadores menos poderosos y nunca se reúnen comisiones.
Si los curiosos quieren ir deberán llegar desde alguno de esos despachos y anunciarse previamente en la entrada.
Una vez en la puerta de la oficina del sexto piso, podrá verse quién entra y quién sale y si hay algún invitado inesperado, de esos que tienen que ser secretos.