Iván Lanegra, Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo afirma que se requiere sincerar la política de formalización minera.

En el 2016 culminará el proceso de formalización. ¿Todos los mineros lograrán cumplir esta meta?
Lo que queda claro de las reglas del proceso es que no todos los mineros que hoy en día se dedican a esta actividad van a poder seguir.

¿Y qué se debe hacer ante esta situación?
Se requiere de sincerar la política (de formalización), y señalar en realidad cuánto espacio está disponible para desarrollar una actividad a pequeña escala (…) El Perú carece de una política de ordenamiento territorial y eso requiere de una corrección urgente sino se va generar una expectativa irreal.

¿Tienen un estimado de cuántos mineros podrán legalizarse?
No (…) La experiencia en Puno revela de que sí hay un espacio importante para la formalización, pero es evidente que una parte del total de los mineros no podría seguir en la actividad bajo la reglas hoy en día existentes.

Esta situación generará conflictividad…
Mientras se esté en el proceso – que culmina en el 2016 – no habrá tensión, pero efectivamente esto va a ocurrir.

En el 2016 habrá elecciones generales. ¿Podría ser un tema de campaña?
Sin duda será un tema y plantearán alguna propuesta de solución a las demandas, pero más allá de eso los presidente regionales tienen una tarea específica, lo más probable es que planteen algunos ajustes o mejoras las políticas. Además, los actores están enfrentando un periodo en el que el precio de los minerales no han aumentado sino más bien han disminuido.

¿Esto implicaría que este sector podría perder lago de atractivo?
Va a dar un espacio para negociar, sin embargo la probabilidad que la ausencia de opciones de nuevas actividades combinado con la movilización de tiempos lectorales podría originar algunos conflictos entre el 2015 y el 2016.

Informe
La política emprendida por el Estado en el año 2012 en materia de formalización minera no ha dado resultados enfatizó la Defensoría del Pueblo en base a un balance cuantitativo de la situación descrita en el informe “Balance de la gestión estatal frente a la Minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014. Supervisión a las entidades de alcance nacional”.

¿Qué otros detalles no puede dar del informe?
Una primera cuestión que uno observa es que los resultados más importantes en temas de formalización se dan en Puno, más de 600 mineros, a través de 16 proceso que se han logrado concretar lograron culminar todo el proceso muestra que hay posibilidades de implementación de esta política. Sin embargo, si uno mira el resto de las regiones uno encuentra en las demás no hay ese nivel de avance.

¿Por qué hay esa diferencia?
Hay que entender el tipo de minería que se produce en Puno, es decir estamos hablando de procesos en la zona andina, donde existen, tradición y experiencia en la minería y hay organizaciones importantes de base, todo eso contribuye a que el proceso de implementación tenga interlocutores procesos de negociación más claros. De otro lado, los actores sienten que hay que hacer minería bajo ciertas reglas y que por lo tanto la formalización se ve como un paso de calidad.

¿Y en Madre de Dios?
En Madre de Dios uno encuentra que uno solo de los procesos de formalización se ha culminado, sin embargo se ha desarrollado el mayor número de acciones de interdicción. El 80% se lleva a cabo en Madre de Dios. La formalización no está avanzando.

Ustedes mencionan también el número de personal que trabaja en el proceso de formalización.
Sí a la relación entre el personal y las acciones que deben de llevarse a cabo. Por ejemplo, por cada 81 procesos de formalización hay una persona a cargo en Madre de Dios. Mientras que en Arequipa por cada persona hay 693 procesos.

¿Y dónde está el problema en Madre de Dios?
Lo que pasa es que existen derechos preestablecidos por múltiples otros actores que impiden que el proceso avance. Donde se quiere hacer minería ya hay derechos mineros otorgados y tiene que negociar con el concesionario y a veces no se logra llegar a un acuerdo. También hay derechos de comunidades, bosques, áreas protegidas. Y si eso no funciona, entonces es muy difícil que el proceso de formalización pueda avanzar.