Los más de 3.000 glaciares que existen a lo largo de Chile constituyen una de las mayores reservas de agua dulce de América del Sur, pero están constantemente amenazados por grandes proyectos mineros y de infraestructura, advierten ambientalistas y expertos.

La falta de una legislación que los proteja, ha permitido a la organización ecologista Greenpeace fundar la República Glaciar en marzo de 2014, un país virtual creado sobre 23.000 kilómetros cuadrados de glaciares en los Andes chilenos, que ya tiene más de 165.000 ciudadanos y 40 embajadas repartidas por el mundo.

«La República Glaciar surgió como una necesidad, porque los glaciares en este país no están protegidos», afirma el director ejecutivo de Grenpeace Chile, Matías Asún.

Los glaciares son grandes masas de nieve y hielo recristalizado que guardan el 69 por ciento del agua dulce del planeta. Se forman cuando la acumulación de nieve caída durante el invierno excede sobremanera la cantidad que se derrite en verano, juntando enormes cantidades de material en un período geológico corto.

«Se trata de reservas estratégicas de agua que aportan de manera significativa en períodos de sequía y que se encuentran no sólo en la alta montaña sino también en el sur del país», explica Asún. «Hay muchos glaciares que han quedado enterrados y que conservan importantes reservas de agua. Estos aportan a las cuencas, y de ellas dependen no solo las actividades humanas más básicas, sino también la agricultura y la economía del país», agregó.

Chile, un país minero cuya principal riqueza es el cobre, cobija el 82 por ciento de los glaciares de América del Sur, según Greenpeace. Sin embargo, la mayoría de ellos muestran un retroceso evidente debido a los impactos del cambio climático y a las actividades de la minería a gran escala.

En una intervención ante el parlamento chileno, el glaciólogo Alexander Brenning, de la canadiense Universidad de Waterloo, aseguró en 2014 que la magnitud de las intervenciones en glaciares de Chile no tiene parangón en el mundo e instó a evaluar sus efectos acumulativos.

«Los expertos han sido enfáticos: Chile cuenta con uno de los récords mundiales en destrucción de glaciares. Esta es la triste situación que nos obligó a fundar la República Glaciar», precisa Asún. «Dado que los glaciares estaban en tierra de nadie, usamos ese vacío legal para fundar la República Glaciar. Tomamos posesión de toda la superficie glaciar que existe en Chile y nos declaramos una República independiente», añade.

El país glaciar fue fundado con base en la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, más conocida como Convención de Montevideo, donde fue suscrita en 1933, y que en su primer artículo establece cuatro requisitos para declarar un Estado: poseer una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados.

La finalidad central de esta República es obtener una ley de glaciares que sus ciudadanos denominan «de cinco estrellas», que garantice la protección absoluta de los glaciares en Chile.

En el detalle, se busca establecer una figura legal para los glaciares en la Constitución, que los convierta en bienes nacionales de uso público. También que se establezca por ley que «los glaciares representan reservas estratégicas de agua en estado sólido», y que exista una definición de glaciar que quede establecida por ley.

Además, los activistas piden que se incluyan en la ley los diferentes tipos de glaciares y sus ecosistemas, y precisar qué actividades están permitidas y cuáles están prohibidas para cada uno de esos tipos. Finalmente, se busca dejar establecida dentro de la ley la creación de un cronograma de transición para que los emprendimientos y actividades que se desarrollan actualmente en áreas protegidas, o potencialmente protegidas, se adecuen a la nueva normativa.

En mayo de 2014, diputados de la autodenominada «bancada glaciar», compuesta entre otros, por la exlideresa estudiantil y actual diputada comunista Camila Vallejo, introdujeron en el bicameral Congreso legislativo el proyecto de ley para crear un marco jurídico que entregue protección a los glaciares chilenos.

La actual legislación permite que un proyecto productivo afecte un glaciar, si el impacto es explicitado en el estudio de impacto ambiental y compensado de alguna forma. En agosto, se aprobó avanzar hacia una nueva ley, pero aún no hay luz verde para el proyecto, que genera variados reparos.

El glaciólogo chileno Cedomir Marangunic, quien trabaja con tecnologías para salvar y crear nuevos glaciares, dijo a Tierramérica que es esencial que en la legislación no se cierre parte importante del territorio a todo tipo de actividades, como turismo o proyectos de desarrollo, «sin aportar en nada a la persistencia de los glaciares». Se debe establecer el dominio de los glaciares, principalmente los que están ubicados en un terreno privado, observa.

Marangunic, geólogo de la Universidad de Chile y doctorado en glaciología en la estadounidense Universidad de Ohio, asegura que si bien «alguna minería» daña los glaciares, «la contaminación ambiental en grandes urbes, como Santiago, o el humo de la quema de pastizales y de bosques» también dejan sus huellas en esos hielos.

Pero para la Comunidad Diaguita del Valle del Huasco, donde se emplaza el proyecto minero de oro y plata Pascua-Lama, en la norteña región de Atacama, y que controla la empresa canadiense Barrick Gold, no hay lugar a dudas.

«Los glaciares son los reservorios de agua que hemos tenido durante miles de años y hoy, en tiempos de sequía, son los que nos mantienen con agua y con vida», afirma el portavoz de la comunidad, Sebastián Cruz.

El valle del Huasco, ubicado en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, es un valle transversal que cruza desde la cordillera hasta el mar y que se nutre del agua proveniente de los glaciares, añadió el representante de la comunidad dieguita, el pueblo originario asentado en el vulnerable ecosistema.

El proyecto Pascua-Lama, no solo «ha intervenido directamente los glaciares», dice Cruz, sino que además, lejos de cumplir con el compromiso adquirido en su estudio de impacto ambiental, ha afectado a los glaciares Toro 1 y 2 y Esperanza, «que están destruidos casi en un 99 por ciento». Debido a esto, para la comunidad una ley de glaciares debe proteger ciertas áreas de conservación y debe impedir cualquier tipo de actividad extractiva en el área glaciar y periglaciar.

La presidenta socialista Michelle Bachelet se comprometió a proteger los glaciares durante su discurso a la nación, en mayo de 2014, pero no ha hecho más pronunciamientos públicos al respecto. Un grupo de diputados de la gobernante Nueva Mayoría sí respaldaron el proyecto de ley.

Con todo, los ciudadanos de la República Glaciar prometen mantenerse firmes hasta que se apruebe una «buena» ley de glaciares.

«Por el momento, los glaciares pertenecen a la República Glaciar y estaremos en disputa con el estado de Chile hasta que escuchemos un compromiso decidido con una ley de verdad», concluye Asún.