Los resultados del proceso de formalización son mínimos. A tres años del proceso iniciado por el actual gobierno, apenas la mitad de los mineros que emprendieron el proceso han avanzado a la segunda etapa de saneamiento. En medio de este panorama negativo, la región de Puno destaca por ser la única que ha logrado formalizar completamente a mineros. Son cerca de 1,000 personas.
SEMANAeconómica conversó con César Rodríguez, ex director de la Dirección Regional de Minería del Gobierno Regional de Puno (DREM Puno), sobre cómo lograron este avance.
Mucha voluntad y ganas de hacer las cosas. Hemos organizado a los mineros en cooperativas o asociaciones para poder formalizarlos, porque el proceso es muy caro si un minero lo realiza de manera individual. En cada cooperativa y asociación hay entre 50 y 200 personas operadores mineros.
También ayudó mucho instalar mesas de diálogo: instalamos 35 con la participación de los mineros informales y la DREM Puno.
Hay mucha carencia de información entre los mineros. Ellos desconocen la legislación minera. También tienen mucho temor de que, una vez formalizados, van a ser perseguidos por la SUNAT. En tercer lugar, no tienen acceso a la tecnología minera requerida, sobre todo para el aspecto ambiental [equipos de procesamiento para mitigar el impacto].
Todo el trámite debe costar entre S/.70,000 y 100,000. Lo que más cuesta es el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAC), que cuesta entre S/.10,000 y S/.20,000, el monto depende de la complejidad de la zona.
Las licencias de agua también son caras, que se solicitan a la Autoridad Local del Agua (ALA). Éstas requieren estudios especializados con profesionales preparados, que cuestan alrededor de S/.15,000. Si esto se divide entre varios facilita mucho más el proceso.
Existen aproximadamente 11,000, entre titulares de concesiones y operadores mineros. Esta cifra es tomada a partir de las declaraciones de compromiso [solicitud presentada por los mineros que se acogieron al proceso de formalización].
A nivel más general, cerca de 60,000 personas se dedican directa o indirectamente a la minería en la región de Puno. Aparte de los 11,000 directamente involucrados, existen personas como compradores de oro, transportistas y demás personas que apoyan para a las actividades de los mineros.
11,000 es la cifra de mineros que decidieron formalizarse, ¿pero no existe una cantidad importante de ilegales que no inició el proceso?
Una buena cantidad [del total de mineros ilegales] ha logrado presentar sus declaraciones de compromiso [para iniciar el proceso de formalización].
Se critica mucho la ‘tramitología’ o demoras en la aprobación de trámites para formalizar a los mineros. Los plazos señalados en el papel no se cumplen. ¿Cómo logró la DREM Puno reducir los plazos?
Eso tiene que ver con la Ventanilla Única de Formalización Minera, creada para agrupar a todas las autoridades comprometidas con el proceso de formalización: la Autoridad Local del Agua, el Ministerio de Cultura, Sernanp [que otorga los permisos en áreas naturales protegidas], Registros Públicos, etc.
¿Había personas dentro de la DREM Puno encargadas de ver todo este proceso?
Cuando estuve a cargo de la DREM, conversamos con Daniel Urresti [entonces encargado de liderar el proceso de formalización] para que nos ayudaran y pudieran enviar a funcionarios públicos de estas autoridades a la DREM Puno.
Nosotros proporcionamos un local y todo lo elemental para que pudieran trabajar, y se logró que estos funcionarios estuvieran presentes en la DREM para agilizar los trámites. Era como una única Ventanilla Única antes de que se creara [oficialmente].
¿Usted cree que aprobaban los trámites de formalización minera de manera rápida? ¿Hubo problemas?
Sí hubo problemas. Fuimos la primera DREM en tener choques. El primer choque fue con la Autoridad Local del Agua de Puno, porque no tenían idea de cómo iban actuar en este proceso. Tuvimos reuniones con la Autoridad Nacional del Agua (a cargo de todas las ALA) en Lima para que ordene y capacite a las autoridades de Puno para que colaboren con el proceso de formalización.
De igual manera, hablamos con el director general de Cultura en Lima para que facilite [el proceso en Puno]. Se han agilizado estos procedimientos: hemos modificado y cambiar resoluciones que obstaculizaban el proceso de formalización.
En cada paso hemos encontrado muchos problemas; otros sectores [ministerios] no entendían el proceso, pero seguimos avanzando. Una de las claves ha sido presionar para que todos trabajen.
Tengo entendido que actualmente hay diez empresas formalizadas en Puno bajo el proceso de formalización [vía extraordinaria]. Otras diez se han formalizado bajo la vía ordinaria [el proceso tradicional para iniciar una operación minera].
Cuando me fui, dejé 16 empresas formalizadas y 205 IGAC pendientes de evaluación. Estos expedientes se han presentado de manera colectiva [un IGAC presentado para toda una cooperativa o un grupo de mineros]. Por ello, las 20 empresas formalizadas benefician a 1000 mineros.
No teníamos mucho dinero. Nuestro presupuesto anual era entre S/.200, mil y S/.300,000, y lo pudimos aumentar hasta S/.400,000. Lamentablemente el gobierno central no nos ha dado ningún sol, a excepción de ciertos convenios dentro del proceso de descentralización.
Recién en la segunda mitad del año pasado nos entregaron el financiamiento para implementar la Ventanilla Única creada en octubre del 2013, por S/.480,000, y recién en diciembre del 2014 [con el gobierno regional de salida] pudimos obtener las camionetas y equipos necesarios. Hemos hecho la formalización sin la ventanilla única. Importó más la voluntad de querer hacer las cosas.
Otro factor importante era la escasez de profesionales. Hemos tratado de buscar a expertos: metalurgistas, mineros [porque conocen del tema]. También gestionamos para que el Ministerio de Energía y Minas nos enviara personal contratado por ellos mismos.
Una de las cosas que se les critica a los gobiernos regionales es la escasa fiscalización de los gobiernos regionales a la pequeña minería, ¿cómo han manejado esto con su pequeño presupuesto?
Dentro de la DREM implementamos una oficina de fiscalización y una Dirección del Medio Ambiente, que tiene un área de fiscalización y de evaluación. Teníamos un programa de fiscalización para los mineros que manejan una declaración de compromiso (DU), pero era complicado porque no teníamos personal ni vehículos.
Si el minero continuaba cometiendo errores, anulábamos su declaración de compromiso (DU) y se le retiraba del proceso de formalización. Logramos anular varias DU.
He conversado con mineros formalizados y están más tranquilos. Me dicen que ahora trabajan tranquilamente, están tratando de exportar y son sujetos de crédito. No son objeto de denuncia por contaminación ni algo parecido. Es un gran avance en ese sentido y beneficia a Puno.
Lo malo es que no hay apoyo ni voluntad por parte del gobierno central. La dirección nacional de formalización apoya poco o nada a las direcciones regional
El tema económico y el poco apoyo son las principales trabas. Hace falta mucha voluntad para lograr resultados. El caso de Puno es un gran ejemplo de que el proceso de formalización sí es posible y funciona. Lo que pasa es que muchos grupos [como frentes y gremios mineros] no quieren hacerlo.
