Hace unas semanas, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, alertó sobre la posibilidad de que la derogación del DL 600 abra espacios para una nueva discusión: modificar el royalty minero, que es un impuesto que pagan las empresas mineras en Chile desde 2005. Con el DL 600, el Estado firmaba un contrato con los inversionistas extranjeros, en el que se comprometía, entre varios elementos, a la protección de su capital.

La posibilidad de modificación del royalty minero fue descartada de forma inmediata por parte del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien afirmó que no habrá innovación en esa área. 

“Como Gobierno hemos tenido una agenda clara y transparente, primero sobre las transformaciones que se quieren llevar adelante, y segundo, en materia impositiva se dijo lo que precisamente se hizo durante la tramitación de la reforma tributaria. Dicho eso, como Gobierno hemos sido claros en esta materia”. 

Céspedes sostuvo que “la reforma tributaria alcanzó un acuerdo amplio y transversal, ya que se entendió que era necesario financiar los distintos procesos de transformación social, como la reforma educacional y también otros sectores como salud, y en eso hemos sido claro tanto en nuestra estrategia como Gobierno, como en lo relacionado con la nueva institucionalidad para promocionar la inversión extranjera en Chile. Eso la gente lo sabe”.