Lejos de derretirse con la ola de calor que por estos días afecta a Brasil, el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras no para de crecer.
Mientras la policía federal anunció que ampliará a diez empresas más -entre ellas, Techint- la investigación sobre el pago de sobornos, por la que ya fueron procesados ejecutivos de las siete principales constructoras del país, una nueva fuerza de tareas creada por la Procuraduría General de la República comenzó a recabar pruebas contra los políticos involucrados en la millonaria trama.
Luego de que en noviembre el juez federal Sergio Moro, de Curitiba, procesara y ordenara la detención preventiva de 36 empresarios -entre ellos, altos ejecutivos de las compañías Camargo Correa, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, Engevix, Iesa, OAS y UTC-, ahora la policía federal inició pesquisas sobre la actuación de las constructoras Andrade Gutiérrez, Techint, Setal, MPE, Alusa, Promon, GDK, Schahin, Carioca Christiani Nielsen y la sueca Skanska (también involucrada en supuestos sobornos en la Argentina, hace varios años).
Todas ellas, junto con algunas otras empresas, fueron citadas en las declaraciones que dieron a la justicia los tres ex directivos de Petrobras arrestados hasta ahora: Paulo Roberto Costa, quien estuvo a cargo del sector de Abastecimiento de la petrolera; Ricardo Duque, ex director de Servicios, y Néstor Cerveró, ex director el área Internacional. Y habrían formado parte de un cartel para, a través de sobornos y sobrefacturación, repartirse contratos con Petrobras en la última década, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) llegó al poder.
"El esquema criminal de fraude en las licitaciones, sobreprecios y sobornos va mucho más allá de Petrobras", advirtió esta semana el juez Moro, mientras que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, instauró una fuerza de tareas especial para investigar la participación de políticos del PT y sus partidos aliados en la enorme red de desvíos de dinero conocida como "petrolão".
Janot y los ocho fiscales de este nuevo grupo especial buscarán pruebas de las acusaciones contra políticos oficialistas que hicieron algunos de los ejecutivos y directivos de Petrobras que, a cambio de una reducción de sus penas, están colaborando con la justicia, en especial contar los apuntados por Costa, el primer "arrepentido" y presunto eje de todo el esquema.
En sus declaraciones, que se mantienen en secreto, aunque algunos detalles se filtraron a la prensa, Costa habría señalado a una treintena de legisladores y hasta a algunos miembros del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, que habrían financiado campañas con fondos desviados de Petrobras. Se espera que las primeras denuncias contra los políticos sean presentadas por Janot ante el Supremo Tribunal el próximo mes.
Si bien hasta ahora las autoridades judiciales estimaban en unos 4000 millones de dólares el costo de la corrupción en Petrobras, ayer la misma estatal reveló en sus cuentas que los contratos sobrevalorados habrían causado daños por unos 34.500 millones de dólares.
Ya a fin del año pasado, en un intento por lavar su imagen, la compañía anunció que vetaría de futuros contratos a 23 empresas sospechosas de haber formado parte del que ha sido bautizado "el club de las constructoras", varias de ellas ahora formalmente investigadas.
"Las constructoras son protagonistas de un gran y dañino esquema criminal de sangría de recursos públicos que lleva muchos años. La corrupción es practicada hace tanto tiempo por esas empresas que se volvió un modelo de negocios con el objetivo de mejorar su lucro. Si las empresas se organizaron en carteles para fraguar licitaciones y aumentar ilegalmente sus márgenes de ganancia, no tiene sentido alegar que fueron víctimas de presiones por sus cómplices", dijo el fiscal Deltan Dallagnol, en Curitiba, acerca de la estrategia de muchos empresarios acusados de presentarse como obligados a pagar los sobornos a los directivos corruptos de Petrobras.
Jaqueada por el escándalo, la compañía ya perdió el año pasado casi el 40% de su valor de mercado -dejó de ser la mayor empresa de Brasil para caer al tercer lugar, detrás de la cervecera Ambev y el banco Itaú-, y las denuncias han tenido un fuerte impacto en sus socias sospechadas de corrupción, que en los últimos dos meses debieron suprimir unos 12.000 empleos ante la perspectiva de no poder ya trabajar con Petrobras.
Temerosa de que el escándalo paralice las inversiones y empeore las de por sí ya débiles perspectivas de crecimiento este año (0,3%, según proyecciones del FMI), Dilma llamó anteayer a no castigar a las empresas, sino a sus directivos corruptos.
"Cada vez que intentaron en Brasil desprestigiar al capital nacional estaban buscando en verdad disminuir su independencia. Tenemos que cerrar las puertas a la corrupción, pero no podemos, de ninguna manera, cerrar las puertas al crecimiento, al progreso y al empleo", subrayó la jefa del Estado en la primera reunión de gabinete de su flamante segundo mandato.
Para los analistas, la postura de la presidenta va a contramano de la actitud que debería tener frente a este caso que amenaza con sacudir fuertemente a su gobierno.
"Debería aprovechar el escándalo para fortalecer las instituciones en diferentes niveles. El caso de Petrobras obliga a repensar la forma de gestión de las empresas de capital mixto que están contaminadas por la política", declaró a LA NACION el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias.
La sequía que golpea la región sudeste inquieta, desde hace meses, a una parte de la industria del país, un sector que ya se vio obligado a activar las alarmas ante una de las peores crisis hídricas de Brasil.
Las industrias de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, los principales estados de Brasil, trabajan desde hace meses en la búsqueda de soluciones para enfrentar un posible desabastecimiento de agua en los próximos meses, una hipótesis planteada por algunos especialistas ante el bajo nivel de los reservorios.
La escasez de agua también alimentó el temor entre los industriales sobre un posible racionamiento de energía, dado que la matriz energética de Brasil depende en gran parte de las centrales hidroeléctricas.
"Para la industria, el riesgo de desabastecimiento de agua y de energía eléctrica es un factor más que inhibe la actividad productiva, eleva los costos, encarece las inversiones y, consecuentemente, perjudica el crecimiento de la economía como un todo", subrayó un informe de la Confederación Nacional de Industria (CNI).
En medio de este escenario, las industrias del Sudeste comenzaron a implantar medidas para paliar los posibles efectos de la sequía, como la captación de agua subterránea a través de pozos artesanales o la intensificación de la reutilización del líquido. Sin embargo, los industriales todavía no definieron un plan de contingencia común ante una eventual falta de agua en la región más rica del país y el rumbo por seguir continúa indeterminado.
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Un corte estatal brasileña congeló los activos del ex presidente ejecutivo de Petrobras José Sergio Gabrielli, en medio de una investigación por corrupción y lavado de dinero en los contratos de la petrolera estatal con constructoras.
Fiscales estatales en Río de Janeiro sospechan que Gabrielli participó en un plan para cobrar un sobrecosto a Petrobras de 32 millones de reales (12,4 millones de dólares) para proyectos de construcción realizados por la compañía local Andrade Gutierrez SA.
Gabrielli fue presidente ejecutivo de Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, entre 2005 y 2012.
La corte también permitió a los fiscales acceder a los registros impositivos, bancarios y telefónicos de Gabrielli, así como los de los ex ejecutivos de la empresa Renato Duque y Pedro Barusco. Ambos son formalmente investigados por fiscales federales. Los intentos por ubicar a Gabrielli fueron infructuosos.
Representantes de Andrade Gutierrez no estaban disponibles de inmediato y Petrobras no respondió a pedidos por comentarios.
La investigación a Gabrielli es apenas una rama de un creciente escándalo multimillonario que ha afectado las acciones de Petrobras.
Los fiscales dicen que firmas de ingeniería pagaron sobornos para ganar los contratos de Petrobras, y destinaron una parte del sobrecargo a ejecutivos, vendedores y partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores.
Una revisión de Reuters de una investigación federal de 2009 a Petrobras y entrevistas con quienes la realizaron indican que los ejecutivos en la compañía desaprovecharon oportunidades para frenar el fraude antes de que estallara en una crisis tan grande que podría llevar a la economía brasileña a otra recesión este año.
En tanto, el portal de noticias brasileño em.com agrega que la orden judicial es del estado a instancias de la Fiscalía.
