Tras varias semanas de revisión en los ministerios de Hacienda, Economía y en La Moneda, ayer ingresó a tramitación el proyecto de ley que modifica el marco legal de la industria de distribución de gas por redes.

La iniciativa anunciada a mediados de noviembre por el ministro de Energía, Máximo Pacheco, busca corregir los vacíos de la actual legislación, que data desde 1931, como la falta de una fórmula para fijar tarifas a la distribuidora Metrogas, luego que el chequeo de rentabilidad, encargado por la Comisión Nacional de Energía a las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, determinó que la firma superó el límite de 11% con 11,4% y 16,9% en 2012 y 2013, respectivamente.

Entre los principales cambios planteados en el texto figura que se amplía el rango de consumo que permite que los clientes residenciales, comerciales e industriales puedan acceder a precios regulados, ya que actualmente sólo podrían hacerlo aquellos con volúmenes inferiores a 100 gigajoules mensuales, lo que representa a un porcentaje menor respecto del total de clientes.

El proyecto eleva este límite a 10 mil gigajoule mensuales, lo que deja al 94% de los usuarios en condiciones de tener tarifas reguladas. Estos consumen el 44% del gas natural que se vende en Chile, mientras que el 6% restante, principalmente grandes empresas, representan el 56% restante.

"Con esto, la totalidad de los clientes residenciales, los condominios, edificios, comercio y una parte de los industriales pagarán precios fijados por ley", señala la propuesta.

Fuentes señalan que con esto se busca terminar con las tarifas diferenciadas, que las distribuidoras aplican dependiendo del nivel de consumo. Por ejemplo, según información de Metrogas en su página web, solo en el segmento de consumo hasta 900 m3/mes de gas natural, tiene diez tramos distintos de cobro. La firma es la mayor distribuidora del país con más de 500 mil clientes.

Asimismo, la tasa de rentabilidad para las distribuidoras se reduce desde el 11% actual a 9%, que al ser excedido por alguna empresa en la práctica recién activará el proceso de fijación de tarifas.

También se cambiará la metodología del chequeo de rentabilidad anual y su plazo se amplía a tres años móviles. Además, establece mecanismos de compensación para los clientes en caso de cobros excesivos por parte de las distribuidoras, cuestión que hoy la ley no contempla.

Si bien había sido anunciado por el gobierno como uno de los ejes del proyecto de ley, la iniciativa enviada al Congreso no contempla la apertura de las redes de distribución a terceros, como un mecanismo para incentivar la competencia.

Ayer, Pacheco confirmó que el gobierno optó por el proyecto que lleva adelante la eléctrica E-CL, filial de GDF Suez, para interconectar los sistemas eléctricos SIC y SING. La autoridad indicó que licitarán otras dos líneas para complementar esta alternativa: un tendido de 2x220 kV entre las subestaciones Los Changos y Kapatur, y otro de 500 kV entre Los Changos y Nueva Crucero-Encuentro. El gobierno estimó en US$ 1.100 millones el beneficio económico derivado de la unión de estos sistemas.