El sector de la minería de carbón en España vive un momento amargo. Lleva más de dos décadas inmerso en un proceso de reestructuración que se ha llevado por delante un elevado número de empresas y que ha visto reducida su producción y el volumen de ayudas.
Las cifras no engañan. Si en 1990 el número de empresas que conformaban el parque minero ascendía a 234, en las que trabajaban más de 45.000 trabajadores, con una producción de casi 20 millones de toneladas, en 2013 ?a falta de los datos oficiales de 2014- el número de empresas mineras es tan sólo de 15, que emplean a poco más de 5.000 trabajadores -entre empresas y subcontratas-, y una producción de carbón de 4,37 millones de toneladas.
Un año especialmente difícil que finalizaba con la aprobación, en el mes de octubre, del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018. Un Plan que propone el mantenimiento de un papel destacado del carbón nacional dentro del mix energético, pero dentro de los límites marcados en Europa que, en diciembre de 2010, decidió prorrogar hasta 2018 la posibilidad de que los Estados miembros concedan ayudas para cubrir costes relacionados con el carbón, de tal manera que aquella minería que haya alcanzado condiciones de competitividad antes de esa fecha pueda seguir funcionando, pero tendrá que devolver las ayudas recibidas entre 2011 y 2018, algo con lo que no está de acuerdo la Federación de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), que ha demandado esta situación.
Sin embargo, nos explica Mercedes Martín, directora general de Carbunión, ?Luxemburgo no ha admitido a trámite nuestra demanda, ni siquiera dan una opinión sobre el fondo de la cuestión; por tanto, tendrá que ser el Gobierno el que nos ayude a ganar esta batalla. No tiene sentido cerrar empresas mineras en 2018 si éstas son competitivas y no reciben ayudas, y menos lógico es trabajar por conseguir la competitividad y después tener que devolver esas ayudas desde 2011?.
La mejor manera de conseguirlo, prosigue Martín, ?sería llevar a Europa un Plan de Cierre donde sólo estén incluidas las minas que se van a cerrar y dejar fuera aquellas que, como las de cielo abierto, han cobrado ayudas hasta ahora, y pedirle a Bruselas que las ayudas recibidas entre 2011 y 2014 no se devuelvan porque se consideren ayudas de un sector en reestructuración?.
En el caso de la minería de interior, la ayuda unitaria está siguiendo una senda decreciente que comenzó con 30 euros por tonelada en 2013 y que está disminuyendo en 5 euros al año por tonelada hasta llegara la cifra de 5 euros en 2018. En el caso de laminería de cielo abierto, dichas explotaciones no reciben ninguna ayuda desde el 1 de enero de 2015.
A groso modo, se aventura la responsable de Carbunión, ?creemos que, de las 24 unidades de producción que tenemos en la actualidad, localizadas principalmente en la comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias, alrededor de 16 -todas las de cielo abierto y dos o tres subterráneas- alcanzarán la competitividad, lo que equivaldría a 5,5 millones de toneladas de producción?.
Otro de los objetivos incluidos en el Marco 2013-2018 es el de fijar un hueco térmico para la cobertura de la demanda con centrales que consumen carbón nacional. Para ello, se encomendó a Red Eléctrica la tarea de trabajar en un mecanismo que permitiera, a partir del 1 de enero de 2015 y sin costes adicionales para el sistema eléctrico, mantener un hueco térmico suficiente para el carbón, estimado en el 7,5 por ciento, en base a los datos históricos de generación eléctrica con carbón y la producción de mineral.
Sin embargo, el nuevo año ha llegado y el mecanismo aún no se ha puesto en marcha, lo que está provocando un gran nerviosismo en el sector. Todo esto coincide, además, con la finalización, el 31 de diciembre de 2014, del RD de Garantía de Suministro que el Gobierno aprobó en 2010, y que obligaba a las centrales de producción de energía eléctrica a abastecerse de carbón autóctono y a producir determinados volúmenes de electricidad a partir de ese tipo de carbón que el Gobierno marcaba mediante resoluciones anuales.
?Se nos ha acabado el Real Decreto en el peor momento de precio de los últimos años, porque su cotización en el mercado internacional está, actualmente, en unos 60 dólares, mientras que hace un par de años una tonelada de carbón se pagaba a 110 dólares?, comenta Mercedes Martín.
Para paliar las dificultades de acceso al mercado diario de la venta de electricidad que encuentran estas centrales, la medida estableció un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente, que consiste en que la electricidad producida por esas centrales debe ser comprada con carácter prioritario respecto de la producida por centrales que utilizan carbón importado, fuel oil y gas natural, o que operan en régimen de ciclo combinado. La electricidad producida por este último grupo de centrales se retira del mercado diario de energía para garantizar la venta en ese mercado de los volúmenes de electricidad producidos a partir de carbón autóctono por las centrales beneficiarias de la medida.
Los titulares de las centrales beneficiarias de la medida obtienen una compensación equivalente a la diferencia entre los costes adicionales de producción soportados y el precio de venta en el mercado diario de electricidad. El mecanismo se financia mediante los costes del sistema.
?El RD ha tenido altos y bajos en su funcionamiento, siempre dependiente del hueco térmico disponible y, por tanto, en años con mucho viento y lluvia, no se han cumplido los objetivos de compra y consumo anuales reflejados en cada resolución anual. 2014 ha sido un año verdaderamente malo para algunas empresas mineras que han cumplido sus objetivos de ventas en menos de un 10% de lo previsto, lo que ha supuesto un mal inicio para 2015?, explica Martín.
Tal y como se encuentra el mercado, la solución estaría en conseguir de manera tutelada un contrato a largo plazo con las eléctricas para la compra de carbón y que las eléctricas, a su vez, obtuvieran ayudas del Estado -pagos por capacidad- para realizar las inversiones a las que les obliga la Directiva Europea de Emisiones Industriales y que establece la obligación de acometer inversiones antes del 1 de enero de 2016, para la reducción de agentes contaminantes (SOx, NOx), una decisión que tienen que tomaren octubre del presente año.
En el caso de que las empresas generadoras de electricidad mediante la quema de carbón no realizaran estas inversiones, tendrían que reducir de forma significativa su funcionamiento: hasta 1.500 horas al año ó 17.500 horas remanentes que, una vez cumplidas, provocarían el cierre de la central. Estos límites reducirían el uso del carbón nacional en las centrales, lo que afectaría a la viabilidad de las empresas mineras y la mina que las abastece. Si cerrara la central, también cerrarían las empresas mineras.
A este respecto, el comité de empresa de Endesa en el Bierzo ha hecho un llamamiento a las comunidades de Castilla y León, Asturias y Aragón para que se unan y exigir al Gobierno medidas que aseguren el futuro de la minería y de las centrales térmicas. Su presidente, Ignacio Álvarez, ha advertido de que sin este mecanismo es probable que Endesa no invierta en la reforma de la central térmica de Compostilla para adaptarse a la normativa europea de emisiones, por lo que se vería abocada al cierre a partir de 2023.
