No hay motivos para derogar el DL 600, asegura Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Mientras el gobierno anunció que enviaría un proyecto de ley para crear una nueva institucionalidad de la inversión extranjera -tras convocar a una comisión de expertos en la materia-, el líder gremial afirma que la autoridad no cuenta con argumentos válidos para impulsar una modificación al Estatuto de Inversión Extranjera (1974) que, entre otros, entrega a los inversionistas foráneos la posibilidad de acogerse a inviariabilidad tributaria.

Villarino cree que la eliminación del DL 600 abrirá la puerta a otro cambio aún de magnitud mayor: el cambio en el impuesto específico, o royalty, a la minería.

¿Existen motivos para derogar el DL 600?

Nunca hemos escuchado una razón que justifique la derogación. El DL 600, es un instrumentos que se sigue utilizando para la inversión extranjera en el país y ha demostrado ser eficiente. Chile siempre ha contado con estatutos de inversión extranjera y hay otros países que también los tienen y que son competidores directos para atraer capital. Por lo tanto, no habiendo un argumento contundente, no debiera derogarse.

¿Cómo ha sido utilizado por la minería?

Ha ido variando en el tiempo y es verdad que no sólo se utiliza el DL 600. En 2013, el total de inversión extranjera en la minería fue US$ 3 mil millones con una participación en la inversión extranjera total del 54%.

¿Las empresas consideran que esto es un desaliento a la inversión?

Su derogación no ha sido hasta ahora un elemento disuasivo para seguir invirtiendo, es algo adicional. Cuando se modifican la legislación laboral, tributaria, mediambiental, de glaciares, de aguas, y de inversión extranjera, se configura un escenario complicado, y en ese sentido, la derogación del DL 600 es quizás la modificación menos justificada y despierta suspicacias. ¿Por qué se está derogando si no existe una razón explícita? Todo indica que lo que se busca es tener una mayor libertad a la hora de modificar el royalty minero.

¿Cómo ha sido el intercambio de información con las autoridades?

Hemos mantenido una conversación permanente con el Comité de Inversiones Extranjeras y participamos en la comisión transversal que trató cuál iba a ser el régimen posterior a la derogación del DL 600. Hicimos presentes nuestras aprensiones y presentamos un análisis que mostraba cómo la derogación del DL 600 nos dejaba en una situación de peor competitividad frente a otros países mineros. Así, si bien hemos tenido una autoridad que intercambia ideas, no hemos recibido una explicación razonable para derogar el DL 600.

¿Comparten algunas de las conclusiones de la comisión?

Sí. La primera es la creación de la Agencia de Promoción de las Inversiones. También la idea de pasar desde una cierta pasividad a una actitud activa en términos de atracción de la inversión. Además, parece razonable tener una política de atracción para sectores estratégicos y celebramos la unanimidad en torno a que todo inversionista extranjero tenga acceso al mercado cambiario informal para el retiro de sus utilidades y de su capital sin limitación alguna. Nos inclinamos también por lo que algunos comisionados propusieron que es que existan una cierta invariabilidad.

¿En qué sentido?

No es una discusión sobre invariabilidad tributaria general. Estamos de acuerdo en que exista una invariabilidad en el impuesto específico a la minería, en el royalty, no en los tributos generales de la nación, ahí entendemos que exista un régimen igualitario.

¿Y qué se espera con el royalty?

Lo razonable es que se mantenga la tasa específica por un periodo mínimo de 15 años. Sin esta disposición, la tentación de subirlo frente a cualquier apriete económico es muy grande, lo que genera inestabilidad a quien quiera invertir grandes sumas. Si se garantiza un royalty por un periodo de tiempo fijo, digamos 15 años, parece un periodo razonable. No solo diría que esto debería ser para la minería y para inversionistas extranjeros, también debería incluir a inversionistas nacionales. Esto debiera estar garantizado por un contrato de ley celebrado entre los inversionistas y el Estado o algún otro tipo de herramienta que de esa sensación de estabilidad.

¿Por qué cree que el gobierno dice que es necesario derogar el DL 600?

Al gobierno le asiste el convencimiento de que este instrumento no es necesario. Ni a nosotros, ni al país ni a nadie le ha explicado por qué no es necesario si todavía es utilizado. Si es útil para captar un porcentaje de la inversión, no le hace daño a nadie. ¿Por qué sacarlo? Parece más bien que es un gusto ideológico que otra cosa.

¿Cuál cree que es esa carga ideológica que está detrás de esto?

Probablemente por el origen del DL 600, por la época en que fue promulgado. Puede ser un gustito ideológico, pero creo que el costo es mayor que el gusto. No es correcto que Chile tiene clavada la rueda de la fortuna y que siempre va a haber inversión porque ya la ha habido. Chile compite con otros países para atraer capital y por lo tanto, no puede darse el lujo de creer que porque hemos tenido ya inversiones y hemos firmado muchos tratados de libre comercio esto va a seguir con una inercia de manera permanente.

¿Es oportuno hacer esta modificación en estos momentos?

Es inoportuno que se elimine esta herramienta que genera cierta sensación de estabilidad, sobre todo cuando se están haciendo tantos cambios en el país. La decisión ya está tomada y en ese escenario, lo rescatable es el nuevo rol que pretende asignársele al Comité de Inversiones Extranjeras, el que se transformaría en una agencia para la atracción de inversión. Al quitar el DL 600, se da una señal, y esa señal cuando no tiene los fundamentos claros genera suspicacia. Eliminando la invariabilidad tributaria, se pierde la certeza jurídica que otorga el vínculo entre el inversionista y el Estado. Todo indica que lo que se busca es quedar en libertad para modificar el impuesto específico a la minería. Esa es la idea que surge detrás de una modificación que carece de justificación.

Lo que se viene

¿Qué expectativa hay frente al proyecto de Ley?

Lo que uno esperaría es que el ministro (de Economía) Luis Felipe Céspedes al momento de preparar la Ley, haga uso del informe elaborado por la comisión en su integridad y que éste no haya sido sólo el uso de un ejercicio dialéctico. Se espera que el ministro también se haga eco de algunas de algunas de las propuestas que provienen de sectores no tan afines al gobierno.

¿Por qué cree que la comisión no alcanzó más acuerdos?

Existen distintas visiones frente a varios temas. Primero sobre el rol que cumple el DL 600, también porque hay algunos sectores que creen que Chile tiene garantizada la inversión y otros que creen que todavía estamos en etapa de crecimiento y desarrollo del país en la cual hay que seguir manteniendo incentivos para atraer inversión.

¿Se deben tomar precauciones?

Hay que ser humildes, hemos hecho bien las cosas como país, pero nos queda mucho camino por recorrer. No somos un país desarrollado. Chile está hoy en un periodo de replanteamiento de algunos elementos estructurales y por lo tanto, es bueno que si queremos seguir atrayendo inversiones extranjeras y no hacer un paréntesis se le siga dando garantías a los inversionistas de una cierta estabilidad.

Considerando el contexto macroeconómico, ¿esta discusión debería postergarse?

Lo que habría sido razonable, es discutir sobre la conveniencia de la creación de la agencia de promoción de la inversión, la definición del rol de la misma y su foco. Además de la determinación de los recursos para su implementación, porque en todo hay bastante acuerdo.