Transcurridos tres meses desde que el alcalde de Maipú, Christian Vittori, realizó una presentación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que gatilló la consulta para una eventual regulación de las tarifas de Metrogas, la próxima semana los involucrados se verán las caras.
La distribuidora filial de Gasco, controlada por grupo CGE, prepara su defensa y en ese marco la semana pasada ingresó dos estudios clave para fijar ante el tribunal que no excedió el límite de rentabilidad fijado y que la norma que regula la entrega de gas natural por redes no tiene mecanismos para establecer una tarificación.
La audiencia ante el organismo presidido por Tomás Menchaca está fijada para el próximo martes 3 de febrero, instancia en que los abogados de las partes presentarán sus argumentos.
Metrogas está representada por los estudios Bulnes, Urrutia & Bustamante, encabezado por el abogado Felipe Bulnes, y Avendaño Merino Abogados, encabezado por José Miguel Gana.
Dada la polémica suscitada por el doble rol de Bulnes como agente de Chile ante La Haya y defensor de Metrogas, el abogado y ex ministro de Piñera habría optado por mantenerse en segunda línea, y no acudiría a la audiencia.
El equipo de la empresa lo completan los abogados Eugenio Evans y Gonzalo Cubillos, de la oficina Cubillos Evans, en asesoría legislativa, y el Centro de Estudios de Libre Competencia de la Universidad Católica.
El gobierno, a través del Ministerio de Energía, cuenta con el apoyo de los abogados especialistas en libre competencia Nicole Nehme, Javier Velozo y Andrea Butelmann, estos dos últimos ex ministros del TDLC y del economista Juan Pablo Montero.
Argumentos
Metrogas buscará desvirtuar el chequeo de rentabilidad elaborado para el gobierno por las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, que determinó que la firma excedió sus retornos en 2012 y 2013 con tasas de 11,4% y 16,9%, respectivamente, y también el estudio de estimación de la tasa de costo de capital encargado a Guillermo Le Fort.
La firma también midió estos factores, a través de estudios a cargo de la consultora Systep, del académico Hugh Rudnick, y EY (ex Ernst & Young).
La Asociación de Distribuidores de Gas Natural, AGN Chile, recurrió a los economistas Alexander Galetovic y Jorge Quiroz para que hicieran mediciones sobre competencia en la industria y los vacíos legales de la regulación.
Pieza clave en este despliegue es un estudio en derecho que fue elaborado por el constitucionalista Patricio Zapata Larraín, en el cual se sostiene que la ley que rige la distribución de gas por redes no establece límite de rentabilidad para las firmas, por lo que sus tarifas no se pueden regular por esta vía.
"Nada en el artículo 31° insinúa siquiera que la obtención de rentabilidades superiores al umbral que allí se define represente o constituya el incumplimiento de alguna obligación legal", postula el el abogado en ese documento.
Asimismo, el economista Jorge Padilla, director general de Compass Lexecon Europa, sostiene que aplicar el chequeo de rentabilidad a Metrogas, considerando su costo de aprovisionamiento del hidrocarburo importado, distorsiona el funcionamiento del mercado local.
la disputa ante el tdlc
Chequeo de rentabilidad
A mediados de octubre, la CNE dio a conocer el chequeo de rentabilidad para 2012 y 2013, que determinó que Metrogas había excedido el 11% establecido en la ley, por lo que el TDLC debía ordenar la regulación de las tarifas.
Proyecto de ley
Luego de analizar posibles escenarios, el Ministerio de Energía declinó consultar al TDLC y anunció el envío de un proyecto de ley para tarificar la distribución de gas natural por redes. Si bien el texto ya está redactado, el proyecto aún no ingresa al Congreso. Paralelamente, el alcalde de Maipú, Christian Vittori, acudió al TDLC para activar el mecanismo de consulta establecido en la normativa vigente, lo que activó el actual proceso.
