La decisión del Gobierno Nacional de subvencionar la producción petrolera en el actual contexto internacional de bajos precios del crudo, consensuada con las provincias, empresas y sindicatos con el objetivo de evitar que se frene la actividad y proteger el empleo, fue respaldada por expertos del sector consultados por Télam.

“La subvención con 3 dólares por barril de hidrocarburos a las petroleras que mantengan la misma producción y adicionar otros 2 dólares a las que continúen con igual nivel de exportaciones, es un acto de realismo”, aseguró el consultor energético Daniel Gerold.

“Los altos costos del sector y la escasa productividad geológica de nuestro país sin esa decisión llevarían a que no se produjera el petróleo necesario y obligaría a más importaciones, con la consiguiente erogación de divisas” detalló el experto, al tiempo que consideró que “esta es una medida de emergencia para esperar que los precios en el mundo se recuperen y tratar de mantener, en tanto, la producción nacional”.  

Explicó que “si porque el precio internacional del crudo está muy barato y se deja de invertir, se cae más la producción, y en 4/5 años más estaremos en mayores problemas, con necesidad de importar alrededor del 50% de la demanda estimada”. 

Aclaró Gerold que “esto no es un subsidio sino una medida de defensa de la economía del país, porque si se deja caer la producción habrá que importar más en el futuro, y seguramente con precios internacionales más altos”.

“Los que no conocen nada del sector de los hidrocarburos, seudoexpertos, algunos economistas, creen que subir la producción es abrir una canilla y ya está, y no es así”, enfatizó.

Los ministros de Economía, Axel Kicillof; de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Trabajo, Carlos Tomada, se reunieron ayer en el Palacio de Hacienda con gobernadores de provincias petroleras, directivos de las compañías y sindicalistas, quienes les transmitieron sus preocupaciones por la caída de la actividad a partir de los bajos precios internacionales del crudo.

Al término del encuentro, representantes del Gobierno Nacional, gobernadores, directivos de empresas y sindicalistas firmaron un acta para que “la actividad se desarrolle en un marco de paz social y ausencia de conflictos, en el marco de los convenios colectivos de trabajo para sostener la productividad del sector”.

Por su parte, el director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedades (CEEPyS), Víctor Bronstein, sostuvo que la decisión de subvencionar la producción es complementaria con la que fijó un precio del crudo a fin de diciembre, desacoplado con el internacional, “para bajar 5% los precios de venta de los combustibles al consumidor final”.

El precio internacional del barril de petróleo está hoy en torno de los 48 dólares y en la Argentina, dependiendo de la calidad, entre 68 y 73 dólares, y esa diferencia tiene que ser compensada para no bajar la producción.

“La idea es sostener la producción en el país, porque esta baja de precios internacionales ha llevado a Estados Unidos, desde noviembre pasado, a reducir sus equipos de perforación, no su producción, porque esto se produce de manera más lenta. Pero eso se traducirá en 6 meses/un año en una baja de producción, y una consecuente alza de precios”, explicó en declaraciones a Télam.

“Acá, el Gobierno decidió no manejarse con los precios del mercado sino definir un precio que permita a las empresas mantener la producción e intentar aumentarla. Esa es una mirada estratégica que deben tener los gobiernos respecto de un recurso que todavía es irreemplazable, y no dejarlo sólo en manos del mercado”, afirmó. 

Por lo expuesto, Bronstein celebró “la decisión del Gobierno de intervenir en el sector para garantizar el recursos para el sistema productivo y la sociedad toda”.

Mencionó como ejemplo que la petrolera inglesa Schlumberger anunció el despido de miles de empleados “y eso es algo que el gobierno argentino no quiere, pues tiene la experiencia de 1996/97 cuando otra fuerte caída del crudo generó una crisis muy importante en las provincias petroleras, porque al dejar de perforar queda gente sin trabajo, de manera directa e indirecta, y la actividad económica de la región se resiente”.