El intendente de Valcheta, Yamil Direne, interpuso una acción de amparo a los efectos de que la provincia no deposite residuos mineros de la ex Mina Gonzalito en el ejido perteneciente al municipio que conduce.

Direne se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia, donde fue recibido por el presidente del cuerpo, Sergio Barotto.

Allí el intendente solicitó que la Justicia intervenga para que se evite que los componentes contaminantes de plomo y otros metales pesados situados en el ejido urbano de San Antonio Oeste y provenientes de la ex Mina Gonzalito sean depositados en establecimientos rurales del Paraje Mancha Blanca.

Cabe recordar, que el día 14 de enero el Gobierno provincial anunció la firma del convenio para la remediación ambiental en el predio de la ex Mina.

La reunión donde se firmó dicho convenio contó con la presencia del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; el secretario General de la Gobernación de Río Negro, Matías Rulli; el intendente de San Antonio Oeste, Javier Iud; la secretaría de Ambiente de la provincia, Dina Migani; el secretario de Minería provincial, Rubén Fiorini; los legisladores Luis Esquivel y María Liliana Gemignani y el presidente del Concejo Deliberante de SAO, Claudio Palomequez.

En los fundamentos de la presentación, Direne sostuvo que “no se debe correr el riesgo de contaminar con dichos residuos una zona rural dedicada a la producción ganadera”.

Con el propósito de acreditar la legitimidad de su intervención, el jefe comunal incorporó a su presentación la Ordenanza Nº 68 del 2014. Dicha normativa autoriza al intendente a “realizar todas las acciones que fueran necesarias para evitar que los residuos mineros sean depositados en Mancha Blanca”.

Amparo ambiental
El segundo párrafo del Artículo 43 de la CN dice que “podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente”.

Ahora la Justicia deberá dar traslado pidiendo informes a los distintos accionados, pudiendo o no efectuar un llamado a una audiencia de conciliación. Es probable que deban dar respuestas la Nación, provincia, Medio Ambiente y la empresas intervinientes.