La fuerte caída del precio del petróleo durante los últimos meses ha supuesto un inesperado contratiempo en los planes del Gobierno mexicano. La reforma energética, el proyecto bandera del sexenio del presidente Peña Nieto, ha entrado este año en su fase crucial con la presentación de las licitaciones de yacimientos petrolíferos a las empresas privadas. El temor a una desbandada de los inversores ha provocado incluso que el Gobierno se plantee retrasar su lanzamiento al mercado hasta que el precio del crudo se recupere. Pero de momento, la agenda sigue adelante sin retoques y grandes compañías como Shell, Chevron y Exxon han abierto la veda y pelean ya por los primeros pozos petrolíferos.
Los contactos entre el Gobierno y las compañías interesadasempezaron en septiembre. El precio del barril de mezcla mexicana (MME) rondaba entonces los 100 dólares y las expectativas ante la liberalización de los recursos del tercer productor de crudo del continente eran fundadadamente optimistas. En apenas cuatro meses la cotización se ha desplomado un 60% hasta caer a niveles de 2009.
La caída llega en el peor momento, en plena fase de negociaciones para adjudicar los contratos. En julio se conocerán los primeros resultados, correspondientes al reparto de los pozos en aguas de menos de 500 metros (aguas someras). Se trata de 14 áreas frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de fácil perforación y sin conflictos sobre la propiedad de los yacimientos.
Un total de 30 compañías han mostrado interés por las licitaciones de aguas someras
Un total de 30 compañías han mostrado interés por esta primera oferta, según la información que laComisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) va aportando a medida que avanza el proceso. Entre los participantes que se encuentran en una posición más adelantada se sitúan las multinacionales estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, y la anglo-holandesa Shell. Estos tres gigantes del sector cuentan ya presencia en México y son sus filiales las que están participando en la apertura del mercado mexicano tras más 70 años de monopolio estatal.
Pemex se limitaba hasta ahora a contratar servicios en nichos menores del negocio, como la petroquímica o el licuado. La ventana que se abre ahora para las empresas privadas es la de la perforación y la producción. La reforma busca, además de la atracción de capital, reanimar el pulso de la producción en el país, que en manos de Pemex ha caído en los últimos diez años de 3,3 millones de barriles diarios a 2,5 millones.
La merma tanto del precio como de la producción de petróleo, que supone el 30% de los ingresos del Estado mexicano, está impactando ya en la cuadratura de las cuentas públicas. En un entorno, además, de débil crecimiento económico, el Gobierno ha anunciado que no descarta meter la tijera en el gasto público para el año que viene.
Pese al interés mostrado en esta primera fase por importantes petroleras, la salida al mercado de los bloques en aguas profundas y los recursos no convencionales está envuelta en un clima de incertidumbre. La brusca caída del precio del crudo ha colocado en una difícil tesitura la explotación de estos yacimientos dados los altos costes que requieren. El calendario previsto para las licitaciones es febrero y marzo. Pero el ministro de Hacienda, Luís Videgaray, anunció la semana pasada un posible aplazamiento de su salida con la esperanza de que el precio del crudo se recupere en la segunda parte del año.