Natalio Alberto Nisman, hallado muerto en su departamento esta madrugada, tenía 51 años y se desempeñaba como fiscal en la investigación del atentado contra laAsociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 se llevó la vida de 85 personas.
Nisman adquirió experiencia como fiscal en los tribunales de Morón. Estuvo casado con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con quien tuvo dos hijas. Su mujer se desempeñó al frente del Juzgado Federal en San Isidro.
El fiscal se encontraba en la mira del servicio de inteligencia argentino, pero también en este tipo de entidades del extranjero -entre ellos las de Estados Unidos, Irán y e Israel-.
En mayo de 2008 pidió, en el marco de la causa AMIA, la detención del ex presidente Carlos Menem y del ex juez Juan José Galeano. Según un cable de la diplomacia estadounidense que reveló WikiLeaks, el fiscal buscó "congraciarse con la presidenta Cristina Kirchner mediante la persecución de sus enemigos políticos". En ese momento mantenía buena relación con el matrimonio presidencial, en particular con el ex mandatario Néstor Kirchner.
También tenía vínculos con el -hasta su reciente retiro- hombre fuerte de la SIDE, Antonio "Jaime" Stiusso.
Durante la presidencia de Cristina Kirchner se manejó la posibilidad de que fuera sucesor de Esteban Righi al frente de la Procuración General de la Nación, aunque el oficialismo terminó por nominar a Daniel Reposo -y su currículum fallido-, para luego inclinarse por Alejandra Gils Carbó.
Nisman se alejó del Gobierno a medida que comenzó a trascender el polémico memorándum con Irán. A tal punto que el mientras el Gobierno defendía su política hacia Teherán, presentó un dictamen en mayo de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países de América latina para fomentar actos terroristas.
La semana pasada, a dos años de la firma del Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán, el fiscal federal afirmó que la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman , acordaron "la impunidad de Irán" antes de la firma del tratado de cooperación con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, que dejó 85 víctimas fatales cuyas muertes permanecen impunes.
Al menos hasta el viernes a la tarde, la Unidad Especial para la causa AMIA apuró un trabajo infrecuente para los tribunales. Los empleados de esa fiscalía debieron aprender los métodos más rápidos y confiables para sacar copias del contenido de alrededor de 330 compacts discs: resguardaron así los originales de las escuchas telefónicas que Alberto Nisman habría usado como prueba para denunciar al Gobierno por haber impulsado el pacto con Irán. Clarín pudo conocer esa información gracias a fuentes del caso, que también adelantaron que el fiscal basará su exposición de mañana en el Congreso en la lectura de las partes que considera más comprometedoras de los diálogos que tiene registrados entre autoridades de la República Islámica de Irán con supuestos agentes de Inteligencia de la Argentina y, sobre todo, con dirigentes de confianza de la presidenta Cristina Kirchner.
El fiscal dijo en declaraciones a los medios que gracias a esas comunicaciones interceptadas en secreto conoció quiénes y cómo participaron en las negociaciones para que argentinos e iraníes lleguen a un entendimiento por el caso AMIA: son acciones que, según él, incluyeron delitos y sólo buscaban garantizar la impunidad de los sospechados de haber volado la mutual judía el 18 de julio de 1994.
Nisman dio a entender en distintas entrevistas que las comunicaciones intervenidas que más información le aportaron a su pesquisa fueron las que se vehiculizaron a través de las líneas de uno de los prófugos de la causa AMIA, el iraní Mohsen Rabbani. Y también las que realizó y realizó Jorge “Yussuf” Khalil, a quien describe como el referente de Irán con mayor influencia política en la Argentina.
Tanto “Yussuf” como Rabbani habrían negociado el pacto entre Argentina e Irán por el caso AMIA con interlocutores de la Secretaría de Inteligencia (SI) y de la Casa Rosada, que asegurarían que hablaban por indicación de la Presidenta.
El desarrollo del caso es único en democracia.
En una denuncia que aún no se conoció completa, Nisman afirma que fue la propia Cristina la que decidió poner “en funcionamiento” a lo que describe como una “confabulación criminal”. Es por eso que pidió la declaración indagaroria de la Presidenta; del canciller; del diputado Andrés “Cuervo” Larroque; del ex piquetero Luis D’elía; y del iraní Khalil, entre otros.
El fiscal también solicitó que la Justicia cite como imputados a agentes de la SI, a los que no identificó porque su actividad está regida el secreto.
Nisman pidió a la Casa Rosada que le permita difundir los nombres de esos espías, y sobre todo las pruebas que recolectó sobre ellos.
Fuentes judiciales aseguran que los agentes habrían sido registrado en diálogos con iraníes involucrados en el caso AMIA, a los que incluso les habrían adelantado las decisiones que el Gobierno iba a tomar sobre el pacto con el régimen de su país.
Uno de ellos, incluso, habría sido registrado en las escuchas demostrando que tenía acceso a la intimidad de la Quinta de Olivos.
Quien debe decidir si se levanta o no el secreto que protege a estos espías es el titular de la SI, Oscar Parrilli, hasta hace pocas semanas secretario General de la Presidencia. Las escuchas telefónicas del caso comprometerían a ese mismo funcionario.
De la denuncia del fiscal se desprende que hay registros de diálogos de los agentes de la SI –y de otros involucrados en la causa– en las que se revela que, el mismo día que se firmó oficialmente el pacto con Irán, Parrilli llamó a D’Elía para pedirle prudencia pública sobre la cuestión: “...Por las dudas que te llamen hoy los medios o alguno, tené perfil bajo, por diez días por lo menos…”, le dijeron al ex piquero, según se transcribió en el texto de la denuncia de Nisman. En ese escrito se cuenta que D’Elía habría respondido a la orden del poder K: “Bárbaro… me dijo Parrilli recién también”. Los interlocutores que le transmitieron ese mensaje a D’Elía habrían afirmado que estaban cumpliendo órdenes presidenciales.
Nisman dijo que las escuchas fueron registrados por la SI, y agregó que las autorizó el juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral.
El fiscal tiene planeado difundir mañana más pruebas comprometedoras para el Gobierno.
