(por Néstor Pablo Aleksink*) El 15 de enero del corriente año la OMC emitió el “Informe del Órgano de Apelación sobre las medidas aplicadas a las importaciones en la Argentina” que como se preveía en nuestro último informe al respecto fue confirmatorio de lo tratado en el Tribunal en su momento y obliga a nuestro país a modificar el actual régimen de licencias imperante a la fecha.
Por ende, la probabilidad de que Argentina afronte sanciones comerciales previstas en la OMC y que autoriza su aplicación a los países demandantes por situaciones relacionadas con conflictos comerciales denunciados dentro del Organismo, es realidad y está muy cercana en el tiempo de concretarse.
En su momento, en las denuncias efectuadas en contra de nuestro país, se argumentaban en la aplicación por parte de Argentina de un grupo de medidas no arancelarias que obstruían (y obstruyen) el libre ingreso de mercaderías de origen importado, no existiendo para tal obstrucción cuestiones relativas al valor de la mercadería u otros elementos que pudiesen establecer un parámetro de defensa comercial por parte de nuestro país y que son admitidos por el Organismo Multilateral.
En realidad, el régimen de DJAI´s lo que persigue es regular, de cierto modo, el egreso de divisas por el pago de importaciones y no otros asuntos, por lo cual seguramente Argentina deberá orientarse en un futuro no muy lejano a un régimen mixto de licencias de importación, o modificar sustancialmente el actual régimen vigente.
Si el país objeto de la reclamación pierde, (como es el caso de la Argentina en la actualidad) debe seguir las recomendaciones formuladas en el informe del órgano de apelación, y debe manifestar su intención de hacerlo en una reunión del OSD que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe.
En caso de que no sea factible cumplir de inmediato las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado un “plazo prudencial” para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de ese plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante (o los países reclamantes) para establecer una compensación mutuamente aceptable: por ejemplo, reducciones arancelarias en esferas de interés especial para la parte reclamante.
Aleksink: Argentina tendrá un "plazo prudencial
Esta situación se da en un momento muy particular. Si bien al momento de este informe todavía no fueron dados a conocer los datos finales del año 2014, es un hecho que nuestro país afronta por decimoquinto mes consecutivo una caída de las exportaciones mensuales comparadas con el mismo mes del año anterior, y en consecuencia, también una significativa merma en el superávit comercial, esto a pesar de las trabas a las importaciones ya mencionadas.
Además, la coyuntura internacional no es la más propicia, dado que se siguen verificando caídas sustanciales en los precios de los “commodities” (componente importante de nuestras exportaciones) además de ajustes en algunas economías (ej. Brasil) o directamente con situaciones de crisis en otras (ej. Rusia) lo cual muestra un escenario complejo que probablemente afecte aún más los alicaídos números que muestran nuestras ventas externas.
En este escenario, no sería descabellado pensar que al final del corriente año, el actual estado de la balanza que muestra un superávit comercial en caída, sea nulo o incluso de carácter deficitario.
Los países demandantes estiman que el perjuicio que les ocasionó las medidas restrictivas impuestas por la Argentina superan, en su conjunto, los u$s 6.000 millones, y si bien las sanciones económicas no son cuantificables directamente en los montos mencionados, sin dudas de ser aplicadas le generarían a nuestro país un nuevo escollo para el ingreso de productos en los mercados de los países que llevaron adelante la demanda.
Preguntas y respuestas:
P: ¿Las medidas enunciadas en el informe son de aplicación inmediata?
R: No, su aplicación “real” puede demandar entre 60 y 90 días. Argentina puede apelar la resolución, pero las alternativas de modificar la misma son nulas.
P: ¿Las sanciones económicas son aplicables?
R: Si, esto es posible si la Argentina no se allana a lo resuelto por el OSD y no modifica el régimen de licencias a la importación.
P: ¿Las sanciones económicas son monetarias?
R: No, pero en caso de aplicarse por los países demandantes, generaría sin dudas un perjuicio económico para la Argentina, fundamentalmente porque obstaculizaría el acceso de nuestros productos en esos mercados externos.
P: ¿Argentina puede apelar la resolución?
R: Si, pero como fue mencionado, las alternativas de modificar la misma son nulas. Esta apelación sólo generaría una demora en lo temporal para la real aplicación de las medidas.
P: En el futuro no muy lejano, ¿Argentina debe eliminar el régimen de DJAI?
R: Si, con seguridad, o por lo menos, deben morigerar su efecto y hacer del actual régimen uno más eficaz, previsible y transparente, más allá de las modificaciones realizadas en el último tiempo.
P: ¿Las denuncias efectuadas y su resolución, solo persiguen un fin comercial o está incluido el aspecto político?
R: Como las denuncias son efectuadas por los países y no por particulares afectados, en muchos casos las resoluciones de estos conflictos llegan a través de negociaciones políticas.
P: ¿En qué consistirían las sanciones que puede afrontar la Argentina?
R: En caso de no modificarse el régimen, nuestro país puede ser afrontar sanciones económicas o de acceso a mercados similares a las que ocasionó según los países demandantes, la aplicación del actual régimen de licencias
P: ¿Los países demandantes aplicarán las sanciones?
R: Como fue dicho, estas sanciones tienen un costado económico y político, por lo cual se estima que con seguridad algunos países involucrados aplicarían sanciones y otros no, esto se basa en la coyuntura de las relaciones bilaterales de nuestro país con cada uno de los demandantes, ya que su aplicación efectiva, más allá de ser “legal” le agregaría un condimento negativo al desarrollo de las relaciones entre los países involucrados.
*Director Ejecutivo Programa Argentina Exporta
Especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
(Fuente: www.wto.org)
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ayer cuestionó la aplicación deDeclaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI) por parte de la Argentina,"no promueve en forma inmediata ninguna modificación en la política de la administración de comercio" que mantiene el gobierno nacional.
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Capitanich adelantó que "es imprescindible un análisis exhaustivo y minucioso de los términos del fallo".
Consideró además "posible que se establezcan criterios de negociación bilateral con los países denunciantes -Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, pero no sin antes hacer un análisis de contexto", dada la crisis que aún afecta a la economía mundial.
El jefe de Gabinete cuestionó luego las "operaciones de prensa respecto de supuestos faltantes de determinado tipo de bienes e insumos, debidos a la falta de previsión de las empresas o de acciones especulativas de las mismas compañías, pero no ocurren por un problema de restricción o autorización" de parte del Gobierno.
Capitanich recordó que la Argentina "está entre los diez primeros países que más aumentaron sus importaciones en los últimos once años", mientras los países denunciantes en la OMC son también "los principales denunciados y con mayor cantidad de fallos adversos" en el organismo, por sus prácticas en materia comercial.
Por otra parte, agregó, "los ataques especulativos y las guerras de monedas distorsionan las perspectivas de crecimiento de la economía y el comercio mundial", a partir de la "crisis estructural del sistema financiero" iniciada en 2008 y con fuertes consecuencias desde entonces.
"A excepción de 2009, en 2014 se registró la menor tasa de crecimiento del PIB mundial, con 1,8%, mientras la suba en América Latina fue de 1%", precisó Capitanich.
Sostuvo luego que "esto tiene una afectación de carácter sistémico, con dificultades en el financiamiento del comercio mundial", y puso como ejemplo el caso de Rusia, cuyos envíos se concentran casi en un 70% en hidrocarburos.
"En este contexto -evaluó el funcionario- cuando hay una decisión de carácter geopolítico a nivel estratégico, con fuerte disminución del precio del petróleo y el gas, automáticamente disminuye el influjo de sus exportaciones".
A eso se suman los "ataques especulativos, con hasta 120 % de devaluación del rublo y reacomodamiento de precios, lo cual genera una diferencia cualitativa en el valor de los productos que nosotros vendemos, como peras, manzanas o vino".
Capitanich dijo, por otra parte, que el cuestionado sistema de DJAI "implica análisis previos de las importaciones, en función de los planes y las proyecciones de las empresas para garantizar su previsibilidad", y es además "una herramienta que permite regular el normal abastecimiento de los bienes del interior del país y un instrumento de la gestión de riesgo aduanero".
"El anticipo de información es considerado por la Organización Mundial de Aduanas para asegurar y facilitar el comercio mundial", a la vez que permite "garantizar un resguardo en materia de seguridad".
El jefe de Gabinete dijo que el sistema se aplica de modo "transparente" a través de la página web de la Secretaría de Comercio, con vínculos que permiten observar el plan de inversiones y de comercio exterior de cada compañía.
Añadió que existe "un sistema ágil y un curso normal para la aprobación automática (de importaciones) y el abastecimiento de productos depende de la gestión y comercialización empresaria, de la previsión de sus necesidades, la evaluación de stock y niveles de producción, la logística y la distribución".
"Si hay algún inconveniente derivados de falla de las mismas empresas pueden existir problemas de abastecimiento, pero no están asociados a los problema derivados de la aprobación, en virtud de la automaticidad del sistema", insistió.
Por NATALIA DONATO.
La Argentina deberá eliminar los controles a las importaciones en los próximos meses, tras perder el juicio que le iniciaron Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por considerar que las medidas aplicadas por el país violan las normas de comercio internacionales.
La sentencia fue confirmada por el Órgano de Apelación de la OMC, luego de que fuera rechazada la apelación realizada por el gobierno argentino en septiembre pasado.
A partir de ahora, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) deberá tomar el informe, ratificarlo e instar a la Argentina a ajustarse a la medida con plazos predeterminados.
El Gobierno tendrá luego un tiempo para negociar con los países demandantes, que podría extenderse hasta seis meses, dijeron expertos en la materia. De no llegar a ningún arreglo, la OMC intimará a la Argentina y los países afectados tendrán un plazo para aplicar represalias, que podrían abarcar desde aranceles a la importación de productos argentinos, cuotas o directamente prohibición al ingreso de ciertos bienes.
Si bien el Gobierno no desmantelará el sistema de administración del comercio, trascendió que tiene vocación de negociar con los representantes de los estados afectados para mejorar algunos procedimientos. De todos modos, diversas fuentes que mantienen fluido contacto con los negociadores argentinos admitieron que la estrategia será dilatar las negociaciones el mayor tiempo posible, con el objetivo de que sea el próximo gobierno el que deba poner fin a las barreras comerciales.
En respuesta a la definición de la OMC, la Unión Europea manifestó que "la Argentina no debería continuar requiriendo a las empresas extranjeras limitar sus importaciones, compensar el valor de sus importaciones con exportaciones equivalentes, invertir en el país y mantener allí sus beneficios, o usar una cierta cantidad de contenido argentino en sus productos". Tampoco debería obligar agregó la UE a las empresas a contar con la aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para importar. "La Argentina debería ahora renunciar a sus prácticas permitiendo a las empresas europeas reanudar sus negocios normalmente con sus socios comerciales argentinos", aclaró Europa.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, también confirmó el triunfo en el caso contra la Argentina. Mediante un comunicado, el representante comercial norteamericano, Michael Froman, enfatizó que "los EE.UU. aprecian las conclusiones de la OMC en la disputa", ya que "las medidas proteccionistas argentinas impactan sobre un amplio segmento de las exportaciones estadounidenses al país", que en 2014 alcanzaron los u$s 11.000 millones.
La UE, EE.UU. y Japón presentaron reclamos en contra del país entre mayo y agosto de 2012, por lo que ellos consideraban un uso abusivo de las licencias no automáticas de importación, que el Gobierno utilizaba para dilatar el ingreso de productos del exterior.
También sumaron en sus argumentos medidas no escritas, como por ejemplo la exigencia de que para poder importar las empresas debían exportar por igual valor, o la imposibilidad de girar dividendos al exterior, además del posterior sistema de DJAI. Argumentaron que las DJAI y las licencias no automáticas violan las normas de la OMC porque entorpecen la fluidez del comercio.
La magnitud del comercio que podría verse afectado por las sanciones de estos países "no puede preverse, pero el volumen de exportaciones argentinas a esos mercados supera el quinto del total", consideró Marcelo Elizondo, de la consultora DNI. En 2014, las ventas a la UE alcanzaron los u$s 10.080 millones; a EE.UU, u$s 3.340 millones, y a Japón, u$s 695 millones. Las exportaciones sumadas a los tres mercados llegan a los u$s 14.115 millones.
"Una hipótesis no oficial (no prevista en la decisión de la OMC) da cuenta de que los denunciantes considerarían que han visto afectadas exportaciones por un 20 al 30% del total de lo exportado a Argentina", agregó Elizondo.
De ser así, podrían verse afectadas ventas a esos mercados por unos u$s 4.200 millones anuales.
Argentina deberá retirar las medidas aduaneras que "obstruyen" el intercambio comercial con otros países, tras perder un juicio que le iniciaron los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
La noticia fue confirmada este mediodía por el vocero de la Organización Mundial del Comercio (OMC), después de que funcionarios estadounidenses celebraran en su país los resultados del juicio.
El Gobierno de Cristina Kirchner había apelado en septiembre último el fallo emitido en primera instancia por el órgano de solución de conflictos de la OMC, que dictaminó que la Argentina viola las reglas del derecho internacional al imponer obstáculos a la importaciones de bienes europeos, estadounidenses y japoneses.
El organismo internacional había dictaminado el pasado 22 de agosto que las restricciones aduaneras que el Gobierno viene usando son "incompatibles" con la normativa del organismo. Ante ese escenario, el Ejecutivo Nacional presentó un recurso el 26 de septiembre ante el Organismo de Apelación de la OMC para que se revisara la sentencia, pero ahora recibió un nuevo revés debido a que la decisión fue ratificada.
Este nuevo fallo reabrió la posibilidad de que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón limiten las importaciones procedentes de la Argentina a modo de represalia si el país no acata la decisión tras perder la disputa.
La UE, Estados Unidos y Japón presentaron reclamos en contra de la Argentina entre mayo y agosto de 2012, por lo que ellos consideraban un uso abusivo de las licencias no automáticas para la importación (LNA), que ya le había generado al Gobierno local varios dolores de cabeza con Brasil desde 2008.
Otros países como Australia, Canadá, China, Ecuador, la India, Israel, Noruega y Suiza se habían sumado a la serie de reclamos en condición de "terceros afectados" por las barreras aduaneras de la Argentina.
El país, más aislado del mundo
El fallo de la OMC viene a coronar una serie de sucesos desafortunados que no hacen más que confirmar aquella frase que Cristina Kirchner pronunciara un tiempo atrás: "El mundo se nos cayó encima".
"Más allá de lo técnico, este revés que recibió el país ante el organismo impacta por su simbolismo, ya que coincide con la situación que atraviesa con los holdouts y que llevaron a la Argentina a entrar en un default fáctico", destacó Miguel Ponce, ex gerente de la Cámara de Importadores (CIRA) y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI
"Esto demuestra las dificultades que estamos teniendo para integrarnos al mundo", recalcó.
Pero eso no es todo. En los últimos meses, el endurecimiento del escenario internacional para el Gobierno también incluyó la desaceleración de la economía de Brasil -principal socio comercial, que está disminuyendo el ritmo de compras de productos argentinos- y el desplome del precio de la soja, principal componente de los ingresos por retenciones.
Con la lupa en los dólares
Las denuncias se centraron en las Licencias No Automáticas, el polémico sistema de control de las importaciones que supo administrar, con total arbitrariedad, el ex secretario Guillermo Moreno.
Sin embargo, como las mismas fueron suprimidas y reemplazadas por otros mecanismos restrictivos, en su evaluación, la OMC decidió centrarse en toda la maquinaria proteccionista que aplicó y todavía aplica el Gobierno K y que violan las normas de comercio internacional.
En su investigación, el organismo consideró ilegales:
• Las desaparecidas licencias, así como también la forma en que se aplican actualmente las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
• Los planes "1 a 1", es decir, la obligación que tienen empresas de un amplio abanico de sectores de exportar por un valor similar al que pretenden importar.
• La exigencia de incrementar el contenido nacional bajo la pena de limitar el ingreso de insumos del exterior, como sucedió con la industria de motos, entre otros sectores.
• La investigación también analizó la prohibición de girar utilidades, medida que también es contraria a las normas de comercio internacional.
Cabe destacar que todo este conjunto de herramientas proteccionistas se volvieron vitales para la administración kirchnerista, dado que el superávit comercial -es decir, el resultado entre exportaciones e importaciones- se convirtió en la última fuente genuina de dólares.
De este modo, acatar el fallo y liberar las importaciones es una opción que ningún experto considera viable.
El problema es que, como contrapartida, no negociar implicará un perjuicio para miles de empresas argentinascon negocios en el exterior que verán limitada el ingreso de sus productos a esas naciones.
"Si el Gobierno se sienta a dialogar para evitar que se cierren mercados y se apliquen represalias, entonces deberá darle previsibilidad a los países demandantes, garantizándoles el ingreso de su mercadería en plazos más cortos o por montos mayores", sostuvo Mauricio Claverí, economista de Abeceb.
"El problema es que el Banco Central está muy complicado por la falta de dólares. No hay margen para permitirse una flexibilización de las importaciones", acotó el experto.
En una suerte de "cláusula RUFO" versión comercial, Claverí agregó además que "si se le diera una mayor preferencia a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entonces esto puede gatillar el reclamo de otros países que no entraron en esa demanda y que también se vienen viendo perjudicados por la Argentina, como es el caso de Brasil".
En tanto, Elizondo consideró que "el país hace tiempo que viene registrando caídas en sus exportaciones. No veo cómo en un momento así podría liberar importaciones para evitar represalias".
Además coincidió en las bajas probabilidades que hay de que el país se siente a negociar: "Si la Argentina reaccionó como lo hizo ante el tema de los holdouts, es difícil imaginarse que acate acate algo que viene dictado desde afuera. Más cuando Estados Unidos y la Unión Europea son quienes están detrás de esta demanda".
Así las cosas, Ponce se mostró preocupado de que, en los próximos meses, no se flexibilice el "cerrojo" importador.
Exportadores, los más perjudicados
Si las negociaciones entre las partes no llegan a buen puerto, o la Argentina no propone ninguna medida que satisfaga las expectativas de los países que iniciaron la demanda, entonces la OMC finalmente podría habilitar la aplicaciónde represalias en contra de los productos argentinos que, como se dijo, afectará negocios y le hará resignar al país ingresos de divisas por hasta u$s5.000 millones.
Según Elizondo, el grueso de las exportaciones a Japón y a países de la Unión Europea son manufacturas de origen agropecuario, es decir, alimentos con mayor o menor nivel de valor agregado.
En tanto que el principal rubro enviado a los Estados Unidos corresponde a los productos químicos, "por lo que, en este caso, podrían verse afectadas empresas industriales", acotó el experto.
Lo que más inquieta a los exportadores es la forma en que la Argentina enfrente este conflicto.
El tiempo empezó a correr. El Gobierno deberá elegir si sacrifica divisas para autorizar el ingreso de productos importados (y así evitar represalias) o si se arriesga a que las naciones más poderosas castiguen al "Made in Argentina", lo que se traducirá en una menor entrada de billetes verdes.
Un verdadero "laberinto K" ya que ambos caminos conducen al Ejecutivo a resignar algo que escasea: dólares.
La Unión Europea afirmó que la Argentina tiene que "renunciar" a los controles que ejerce sobre las importaciones, tras el informe del órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) conocido este jueves.
"Argentina debería ahora renunciar a sus prácticas permitiendo a las empresas europeasreanudar sus negocios normalmente con sus socios comerciales argentinos", afirmó la UE en un comunicado difundido en Bruselas.
El comunicado señaló que "Argentina no debería continuar requiriendo a las empresas extranjeras limitar sus importaciones, compensar el valor de sus importaciones con exportaciones equivalentes, invertir en el país y mantener allí sus beneficios, o usar una cierta cantidad de contenido argentino en sus productos".
"El Órgano de Apelación de la OMC también confirmó que Argentina no debería obligar a las empresas a contar con la aprobación para sus importaciones utilizando el procedimiento denominado -Declaración Jurada Anticipada de Importación-", afirmó el bloque europeo según consignó DyN.
En la jornada, el órgano permanente de resolución de controversias de la OMC dejó en firme un fallo contra la Argentina de setiembre del 2014, en el que se declara que las restricciones que aplica el país a las importaciones no respetan las normas del organismo.
La Argentina quedó hoy obligada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), a desmontar su sistema de control de importaciones, luego de perder el recurso de apelación en un conflicto con la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. El tribunal de apelaciones de la OMC avaló hoy el informe del grupo especial que en septiembre había fallado en contra del Gobierno: "Buenos Aires tiene que cumplir con las reglas del comercio internacional".
El órgano de solución de conflictos de la OMC había declarado a Argentina en violación de las reglas del derecho internacional al imponer obstáculos para la importación de bienes europeos, estadounidenses y japoneses. Los demandantes acusaban a Argentina de haber establecido restricciones que penalizan sus exportaciones a este país, obligando a las empresas que exportan a Argentina a importar bienes argentinos en contrapartida. Uno de los ejemplos más conocidos fue el del fabricante alemán de coches Porsche, que tuvo que comprometerse a comprar vino y aceite de oliva argentino para introducir en el país centenares de coches.
El representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, calificó la decisión de ''un gran triunfo''. Estados Unidos acudió a la OMC en 2012 para protestar por la exigencia de una Declaración Jurada Anticipada de Importación sobre cualquier mercancía que ingresa a su territorio y otras licencias adicionales relacionadas con la importación de bienes.
Las exportaciones estadounidenses a Argentina, que facturaron 11.000 millones dólares durante 2014, consisten principalmente de suministro energético, artefactos electrónicos, maquinaria, repuestos para vehículos y aviones, farmacéuticos, equipos médicos, productos químicos y agrícolas.
