Por Nicolás Pizzi.

En una medida que no tiene precedentes, el fiscal Alberto Nisman acusó ayer a la presidenta Cristina Kirchner de liderar un “sofisticado plan delictivo” para encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA. La maniobra, según trascendió de fuentes judiciales, tuvo “intermediarios clandestinos” y “reuniones pantalla”, y se materializó en el memorándum con Irán, firmado en enero de 2013.

El fiscal pidió la indagatoria de Cristina y de otros acusados, que actuaron como autores y cómplices del plan. También fueron acusados  el canciller Héctor Timerman, el diputado de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, personal de la Secretaría de Inteligencia, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, el ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente de la comunidad iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, un personaje central de la trama. Nisman pidió un embargo sobre los bienes de los acusados por un total de $ 200 millones.

Todavía no se conocieron las pruebas concretas que hay en la causa. Solo trascendieron escuchas telefónicas que fueron autorizadas, pudo saber Clarín, por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Según el fiscal, el “plan delictivo” incluyó negociaciones secretas con uno de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán en el país.

El dictamen está en manos de la jueza María Servini de Cubría, quien hoy podría decidir si habilita la feria y se queda con esta nueva causa derivada del atentado. Caso contrario, la magistrada postergará la definición para el final de la feria judicial y la causa se activará recién en febrero con la llegada del juez Ariel Lijo, actualmente de vacaciones. “No va a habilitar la feria porque no hay pedidos de detenciones”, arriesgó anoche una fuente judicial.

Cristina reapareció ayer con un acto público en Olivos, pero no mencionó de la acusación. El Gobierno apuntó contra los agentes “desplazados” de la Secretaría de Inteligencia, donde la Presidenta aplicó una purga inédita en diciembre. El secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, acusó directamente a “Jaime” Stiuso, ex director general de Asuntos Externos de la ex SIDE. “Es una venganza de Jaime y su gente”, repitieron ayer en todo el Gobierno.

El fiscal Nisman, en la mira de la procuradora Alejandra Gils Carbó, se reunió ayer con la dirigencia judía y acordó con la oposición ir el lunes al Congreso a dar información. Según trascendió de la presentación, que tiene casi 300 páginas, Nisman dio por probado que Cristina emitió una “expresa directiva para que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento tendiente a desvincular a los acusados de nacionalidad iraní”. Ese plan se habría activado en enero de 2011, cuando Timerman viajó a Siria y se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi.

¿Cuál era el objetivo de las dos partes? Según el fiscal, el Gobierno argentino anhelaba el petróleo iraní para suavizar la crisis energética. A cambio, los iraníes comprarían granos, carne y hasta armas. El dictamen menciona una reunión  entre el ministro de Planificación, Julio de Vido, y D´Elía, ex funcionario K, quien dio cuenta del encuentro a Khalil: “…ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá (en alusión a Irán) …está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne”. Y agregó: “La reunión fue porque lo pidió la jefa, ¡eh!...Estamos al más alto nivel”.

La presentación acreditaría decenas de reuniones, oficiales y no oficiales, para impulsar el memorándum en Irán, votado por el Congreso y que Teherán no llegó a aprobar, presuntamente porque se mantienen las alertas rojas de Interpol  contra los acusados.

El texto del dictamen no se difundió porque contiene información reservada de la SIDE. “Se pidió el levantamiento del secreto, una vez que el Ejecutivo lo autorice se podrá hacer público”, dijeron ayer desde el entorno de Nisman.

Por Hernán Cappiello. 

El fiscal a cargo de la investigación de la causa AMIA, Alberto Nisman, reclamó que la presidenta Cristina Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, sean indagados por la Justicia bajo la acusación de querer encubrir a Irán por el atentado a la AMIA y "fabricar la inocencia" de los ex funcionarios iraníes involucrados en el ataque.

El pedido de indagatoria, que incluye un pedido de embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, se extendió al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque; el líder piquetero Luis D'Elía; el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; a un ex juez de instrucción que trabajó para la ex SIDE Héctor Yrimia, y a un encumbrado agente de Inteligencia que trabaja con la jefa del Estado.

Cristina Kirchner es el segundo presidente que enfrenta una acusación por querer encubrir a Irán. Carlos Menem ya está procesado por eso y está a la espera de que el Tribunal Oral Federal N° 2 le ponga fecha al juicio en su contra.

Nisman presentó su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, el mismo que procesó al vicepresidente Amado Boudou, porque es el magistrado a cargo de las irregularidades en la investigación de la causa AMIA. La jueza Servini de Cubría es quien cubre a Lijo durante la feria judicial. La magistrada decidirá hoy si entiende que es competente, si es un tema de feria y si le manda la denuncia a un fiscal para que impulse el caso. Todo hace pensar que esperará a febrero.

La denuncia, de 300 páginas, es durísima. El fiscal difundió una síntesis para no revelar los nombres de los agentes acusados. Pero incluye escuchas telefónicas que revelan que la Presidenta hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con "el Cuervo" Larroque y que éstos ponían en conocimiento de D'Elía o Esteche esas órdenes. Y D'Elía las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, uno de los prófugos del ataque.

Nisman sostiene que Cristina Kirchner negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales", de modo de fabricar la inocencia de Irán. Incluso se habló de que Irán comprara armas. En la denuncia, se señala que "la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman".

El fiscal sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el ex jefe de la fuerza Al Quds y ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari. "El plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Timerman viajó a la ciudad siria de Aleppo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados."

El acuerdo se plasmó en el memorándum, pero se interrumpió ante la negativa de dar de baja las circulares rojas. Decayó entonces el interés de Irán en el pacto.

Nisman dijo que se estaban armando falsos culpables para endilgarles el atentado. Explicó que Esteche, de Quebracho, un grupo que siempre se sospechó ligado a la ex SIDE, le acercó al agente iraní Khlail al ex juez Yrimia, que había trabajado como fiscal en los albores del caso. Esteche dijo en una de las escuchas citadas: "Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla". La acusación relata reuniones del iraní con D'Elía y Esteche. Y le adjudica a Cristina Kirchner haber tomado las decisiones de poner en marcha el plan y seleccionar a quienes lo ejecutaran. "De la Sra. Presidente de la Nación Argentina, se probó haber emitido una expresa directiva para que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento", dijo Nisman, y citó a los acusados que señalaron que todo está "cerrado muy arriba", todo había sido decidido "al más alto nivel" porque "lo pidió la jefa", y su canciller implementó el plan porque fue "orden, orden y orden".

Muchas de las acciones relacionadas con el plan, "por ser notoriamente delictivas", no podían ser ejecutadas por funcionarios y se recurrió a intermediarios. Para ello, dijo el fiscal, se valió de ciertos sectores de la ex SIDE, de D'Elía y, especialmente, de Larroque.

¿CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL?

Denuncia. Nisman presentó su escrito en el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita una causa por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. En la feria judicial de enero lo reemplaza Servini de Cubría
Feria. La jueza decidirá hoy si el asunto es perentorio y resolverá si habilita la feria para tomar medidas urgentes, como allanamientos o pedir levantar el secreto sobre agentes de la ex SIDE, como lo solicitó Nisman
Competencia. También analizará si se queda con el caso o si lo manda a sorteo para designar un nuevo juez
Impulso fiscal. El primer paso será enviar la denuncia a un fiscal para que le dé impulso y formalice las imputaciones

Por BERNARDO VÁZQUEZ.

Una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento a la República de Irán en la causa AMIA sacudió la feria judicial y calentó el verano político del electoral 2015. Nisman pidió la indagatoria de la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y de los dirigentes piqueteros Luis D’’Elía y Fernando Esteche, y además solicitó que se les trabe un embargo global por $ 200 millones a todos los imputados.

El pronunciamiento del fiscal se dio en el marco del expediente que investiga irregularidades en la causa original del atentado a la sede de la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en 1994. El caso está a cargo del juez Ariel Lijo, pero hasta el domingo 18 su juzgado lo ocupa transitoriamente la jueza María Servini de Cubría y del 19 al 31 el juez Julián Ercolini. Servini recibió la presentación judicial de Nisman, de unas 300 páginas, y para hoy se espera que resuelva si habilita la feria judicial y activa la denuncia o espera al 2 de febrero, cuando Lijo se reintegre. En principio, según fuentes judiciales, los jueces aguardarían el retorno de su colega para que se expida.

Según Nisman, la maniobra para encubrir a Irán comenzó en 2010, mucho antes de la firma del memorándum de entendimiento con ese país, que fue aprobado por el Congreso pero que se encuentra suspendido luego de que la Cámara Federal lo declarara inconstitucional el año pasado (ver aparte). Para el titular de la Unidad Fiscal especial dispuesta para esta causa, la maniobra involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con uno de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, el ex agregado cultural de Irán en la Argentina.

En la presentación de Nisman se menciona a Cristina como ideóloga, a Timerman como ejecutor de la maniobra, y como partícipes a Larroque, D’ Elía y Esteche. Según el texto, el fiscal dijo que la moneda de cambio de la Presidenta para con los iraníes fue en el interés por el petróleo, y que el intercambio comercial entre ambos países "estaba supeditado a la ratificación de Irán del memorándum".

Para Nisman, este acercamiento se originó para desviar la investigación, "abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes. Decidió fabricar la inocencia de Irán". El fiscal citó escuchas telefónicas entre miembros de ambos países y aseguró que las negociaciones de los iraníes en la Argentina estuvieron a cargo de Jorge Khalil, un representante sin cargo oficial y para quien también pidió la indagatoria.

La denuncia de Nisman generó "sorpresa" en el Ministerio Público Fiscal, que comanda la procuradora general Alejandra Gils Carbó, apuntada judicialmente en las últimas semanas por la designación irregular de fiscales. Según fuentes del sector, no hay diálogo entre la Procuradora y el fiscal, y se recuerda el cortocircuito que hubo entre ambos en 2013, cuando Nisman debía viajar a Estados Unidos para disertar sobre AMIA pero no lo terminó haciendo.

"Cristina Kirchner decidió absolutamente todo. Es la que le da la orden al canciller Héctor Timerman de limpiar a Irán de este problema. Es la que estableció que exista una diplomacia paralela para manejar estas cosas, además de orquestar la pista falsa", afirmó a LA NACION el fiscal Alberto Nisman. Lo hizo minutos después de pedir la declaración indagatoria de la Presidenta, a la que acusó de buscar encubrir a Irán en su responsabilidad por el atentado en la AMIA.

Hiperkinético, verborrágico, delgado como casi nunca se lo vio en estos años, Nisman sabe que camina por la cuerda floja. Está a tiro de resolución de su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, pero cuenta con respaldos de la comunidad judía internacional, de los servicios de inteligencia israelíes y norteamericanos, y del ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) Jaime Stiusso. Ayer Nisman se jugó a fondo: "Hay gente dentro de la ex SIDE que está trabajando para Irán y puedo afirmar que es gente vinculada al Poder Ejecutivo Nacional. No es un empleado infiel que trabaja para otro lado: sigue directivas expresas del Poder Ejecutivo para pasarle información a Irán". Denunció que el plan era acusar a un grupo de "fachos locales" del ataque, por orden de Cristina Kirchner.

-¿Por qué avanza ahora?

-Porque los elementos son de tal contundencia que no pueden esperar. Vengo trabajando en esto desde hace más de dos años.

Antes de la firma del memorándum con Irán nos encontramos con pruebas que hablaban de gente de los servicios de inteligencia pasando información de la causa AMIA a Irán.

-¿A quién?

-Al representante de Irán en la Argentina. Que se la pasaba a Mohsen Rabbani. Rabbani manejó su impunidad. Pactaron un acuerdo comercial a cambio de dar de baja las circulares rojas de Interpol en las que se pidieron las capturas de los iraníes. Pero el acuerdo comercial no se hizo porque no se dieron de baja.

-¿Esto es parte de la guerra interna de la ex SIDE?

-No, esto empieza antes. ¿De qué guerra se habla? Si se refiere al reciente recambio en la cúpula de la ex SIDE y al alejamiento del agente Stiusso, evidentemente no es así, porque esto data de mediados de 2012 y las charlas más importantes son de hace pocos días. Hay gente dentro de la Secretaría de Inteligencia que está trabajando para Irán y puedo afirmar que es gente que está vinculada al Poder Ejecutivo Nacional. No es un empleado infiel que trabaja para el otro lado, cumplen directivas expresas del Poder Ejecutivo de pasarle información a Irán.

-¿Esto no es una venganza de Stiusso porque lo apartaron?

-No sé de qué venganza de Stiusso me habla. Esto empieza mucho antes de que lo apartaran de la Secretaría. Elaboramos 300 fojas con mi gente, en las que venimos trabajando desde hace más de dos años. Si no presentábamos esta denuncia, estaría cometiendo un delito. No sabemos qué personas del área de Inteligencia están involucradas en el caso.

-¿Y las escuchas?

-Son nuestras, pedidas por la Fiscalía, y están vinculadas con la causa AMIA. La Secretaría ni siquiera hizo las transcripciones. Me tomé el trabajo de escucharlas yo, con mi gente.

-¿Quiénes son los personajes de Inteligencia vinculados a la Presidenta?

-No puedo decirlo porque violaría la ley de inteligencia. Por eso pedí el levantamiento del secreto.

-¿Son de la Secretaría o de inteligencia del Ejercito?

-No, son de la Secretaría de Inteligencia. Si son orgánicos o no, no lo sé. Son de la Secretaría, tienen una determinada jerarquía, cumplen órdenes y hacen lo que les dice la Presidenta y sus enviados.

-¿Por qué la Presidenta?

-Porque es la Presidenta la que decidió absolutamente todo, la que le da la orden a Timerman de limpiar a Irán de este problema. Es la que estableció que exista una diplomacia paralela para manejar estas cosas, además de orquestar la pista falsa.

-¿Esta acusación es por el memorándum con Irán?

-El problema no es el memorándum firmado con Irán. Más allá de que si el instrumento sirve o no, el problema es que antes ya estaba acordada la impunidad. Antes del pacto, personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner había acordado que se iba a acusar del atentado a una conexión de "fachos locales" para desligar a los iraníes.

-El Gobierno dice que esto es por la guerra con la Justicia?

-Qué respondan a las pruebas de la causa. Me tocó acusar a Carlos Menem y me acusaban los menemistas, acusé al comisario Palacios y me acusaban de ser kirchenrista, Yo acuso según la prueba.

-¿Qué novedad hay en el expediente principal?

-Surge de una de las conversaciones que los iraníes advirtieron que estamos trabajando para las extradiciones con un organismo internacional. Es así. Estamos por terminar un dictamen en el que encontramos la forma jurídica para que los iraníes sean extraditados y juzgados en la Argentina, compulsivamente, a través de un organismo internacional, al cual Irán está sometido. Hay jurisprudencia en otros casos.

-¿Teme represalias? ¿Que lo muevan de esta unidad fiscal?

-No tengo miedo. Ojalá no ocurra nada, pero ayer le dije a mi hija que se prepare estos días para escuchar de su papá las peores cosas que escuchó en toda su vida.

Por Jesica Bossi.

Recibido como un golpe de altísimo impacto político, el Gobierno tomó como un "ataque inédito" el pedido de indagatoria a Cristina Kirchner, acusada de encubrir a Irán en la investigación del atentado contra la AMIA, y apuntó a un complot entre un sector de los servicios de inteligencia y la Justicia con el propósito de obstaculizar el último año de mandato.

Ayer, en la Casa Rosada cayó como una verdadera sorpresa la resolución del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación, en plena feria en los tribunales y a pocos días del ataque de extremistas islámicos en París, que puso en vilo a la comunidad internacional y generó una polémica local por la postura oficial calificada de "tibia" desde la oposición.

"El fiscal tuvo un sentido oportunista, con clara intencionalidad", dijo a LA NACION un alto funcionario. La Presidenta se enteró de la noticia en Olivos, donde mantiene audiencias privadas y actividad reducida desde que se fracturó el tobillo, a fines de diciembre. A la tarde, en un gesto simbólico, reapareció sonriente y sin hablar en una reunión con productores vitivinícolas y parte del gabinete en la residencia presidencial, después de 23 días sin imágenes televisadas.

La atención está centrada ahora en cómo se desencadenará el capítulo en Comodoro Py, cuando el kirchnerismo está en una abierta disputa con el Poder Judicial. La presentación recayó en el juzgado de Ariel Lijo, cuyo antecedente más urticante para el oficialismo es haber procesado al vicepresidente Amado Boudou en el affaire Ciccone. De vacaciones durante enero, su colega María Servini de Cubría reemplaza al magistrado en su ausencia.

Apenas conocida la resolución que también involucra al canciller Héctor Timerman, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, desplegó una defensa sobre Cristina, la aprobación parlamentaria del memorándum de entendimiento con Irán (considerado por el fiscal como una pieza del "pacto de impunidad") y puso sobre la mesa, sin rodeos, que la medida estaba vinculada con una feroz batalla en la Secretaría de Inteligencia, cuya cúpula fue removida hace casi un mes.

La mirada del Gobierno está puesta directamente en Antonio Stiusso, alias "Jaime", un agente con cuatro décadas dentro del organismo y fuerte manejo puertas adentro del engranaje, relegado en los cambios que impulsó Cristina. Según fuentes oficiales, le ofrecieron reubicarlo en el exterior, a lo que el espía se negó arguyendo "razones familiares".

"Es un manotazo de ahogado. Algo típico de alguien que respondía a otras estructuras", deslizó en CN23, en referencia a Stiusso, al que describió como coequiper clave de Nisman en la pesquisa por el ataque en la mutual judía. Lo mismo expuso el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en su cuenta de Twitter: "Es un pase de facturas por las decisiones tomadas en la SI".

En el Gobierno, les endilgan a Nisman y a Stiusso haber "comprado" la versión de la CIA y el Mossad sobre el atentado, hipótesis que, insisten, ofrecía un argumento para justificar una agresión a Irán. Nada dicen sobre las escuchas telefónicas realizadas al piquetero Luis D'Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, en las que se basa el fiscal para sostener que fueron interlocutores en una negociación secreta con Teherán para cerrar el caso con falsos culpables y permitir un intercambio comercial de petróleo iraní por granos.

Mientras el referente de izquierda, liberado recientemente de prisión, criticó al fiscal, al que definió como empleado "del gobierno terrorista de Netanyahu", el dirigente K prefirió retuitear mensajes irónicos de sus seguidores. La demanda incluyó, además, al secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, mencionado en las conversaciones.

"Le dimos todo el apoyo: equipamiento, recursos, viajes a Estados Unidos", se lamentaba anoche un funcionario por el giro en la relación con Nisman. Si bien se aguarda una directiva de Cristina, en un sector del Gobierno sugerían no fomentar la remoción del fiscal -un proceso administrativo que puede ejecutar la procuradora Alejandra Gils Carbó- para no convertirlo en "otro [José María] Campagnoli".

Tampoco estaba previsto activar alguna jugada desde el Congreso. Así lo confirmó Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista de senadores, a la salida de un encuentro en el Salón Norte de la Casa Rosada. Caída la noche, se sumaron las voces para cerrar filas con Cristina de aspirantes anotados en la carrera por la sucesión. El gobernador Daniel Scioli aseguró que es "inconcebible" la acusación, al considerar la gestión kirchnerista como la que "más hizo por esclarecer los criminales atentados". Y, más duro, Sergio Urribarri se refirió a un "apriete al mejor estilo mafioso".

REACCIONES DE LOS ACUSADOS POR NISMAN

Luis D'Elía

Al cierre de esta edición, el líder de la Federación de Tierra y Vivienda evitó pronunciarse sobre la acusación de Nisman y negó haber escrito tuits sobre el fiscal. D'Elía había entrevistado en su programa de radio a Mohsen Rabbani, uno de los principales imputados por la voladura de la mutual judía

Fernando Esteche

El líder de Quebracho se preguntó en Twitter: "¿No habría que denunciar al fiscal Nisman por impedir que se busque la verdad en la causa AMIA persistiendo en las hipótesis del delincuente juez [Juan José] Galeano.."

"No habría que denunciar al fiscal Nisman por impedir que se busque la verdad en causa AMIA persistiendo en las hipótesis del delincuente juez Galeano?". Fernando Esteche, de la organización piquetera Quebracho, reaccionaba así en Twitter a la acusación del fiscal Alberto Nisman contra él por una "confabulación criminal" para encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la AMIA de 1994.

Unos minutos después, el dirigente piquetero mostraba su sorpresa por formar parte de una denuncia junto a la presidenta y el canciller:

Junto con el nombre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el del canciller Héctor Timmerman, el de Luis D'Elía es otro de los que aparecen en el documento presentado hoy por Nisman. El ex piquetero reaccionó en la red social retwiteando la noticia.

La medida de Nisman no tiene precedentes y es producto directo del memorándum de entendimiento firmado por Cristina con Irán, que fue declarado inconstitucional por la sala I de la Cámara Federal. El atentado contra la AMIA es el más grave de la historia argentina: dejó 85 muertos.

En una dura denuncia de casi 300 páginas, Nisman, acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos de la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, de su Canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, de los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, del ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní, Jorge "Yussuf" Khalil, por ser supuestos autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.

Tras 23 días de ausencia, Cristina reapareció ayer públicamente. Fue en la Quinta de Olivos, bajo la excusa de la firma de un convenio vitivinícola, en un acto que le permitió mostrarse sonriente a horas de que el fiscal Alberto Nisman pidiera su indagatoria por entender que encubrió a los iraníes acusados como autores ideológicos del atentado a la AMIA. Sin embargo la Presidenta no habló de la acusación en su contra.

En cambio, funcionarios del Gobierno salieron en su defensa. El encargado de salir a fijar la posición oficial fue Aníbal Fernández. En su rol de vocero político, el secretario general de Presidencia sostuvo que “es ridículo lo que está sucediendo” y advirtió que son “manotazos de ahogado” que surgen desde la Secretaría de Inteligencia. En esa línea, Aníbal F. expuso que la decisión de Nisman se da “en un momento, en que hay una discusión en la SI, donde se discute la permanencia de (Jaime) Stiusso”. Y acusó al fiscal de tener vínculos con el espía desplazado por Cristina. “Nisman vino a verme con Stiusso”, contó, al referirse a un encuentro que tuvo con el fiscal en una ocasión. Además, el funcionario se preguntó: “Si el Congreso aprobó el tratado (con Irán) ¿Por qué no nos llaman a los senadores y diputados que lo aprobaron?”.

Luego se sumaron otras voces, aún más feroces. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sostuvo que el pedido constituye “un ataque vergonzoso e insólito” contra la Presidenta y “un pase de factura de sectores corporativos que perdieron con las decisiones tomadas en la Secretaría de Inteligencia”.

Por su parte, el ministro de Defensa Agustín Rossi, quien fuera jefe del bloque K en Diputados cuando se aprobó el memorándum con Teherán, sostuvo que la denuncia “es un disparate institucional y jurídico”. Opinó que “es irracional que el fiscal actúe de esta manera, imputando a la Presidenta por ejercer acciones propias de su incumbencia”.

Cristina reapareció pasadas las 19. El acto en Olivos, con representantes de la industria vitivinícola y los gobernadores Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y José Luis Gioja (San Juan), pareció minuciosamente orquestado para tratar de dar una imagen de fortaleza ante la dura acusación. Durante los pocos minutos que se televisó el acto, la Presidenta –aún en silla de ruedas por la fractura de su tobillo izquierdo– se mostró sonriente, de buen humor y despreocupada por la situación, en la cabecera de una mesa en la que se anotaron el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, los ministros Axel Kicillof (Economía) y Carlos Casamiquela (Agricultura) y los secretarios Carlos Zannini (Legal y Técnico), Aníbal F. (General de Presidencia) y Augusto Costa (Comercio Interior). Lo curioso de la escena fue que no hubo micrófonos, lo que garantizó que la mandataria no se viera en la incomodidad de tener que hablar.

Los diputados nacionales, Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica ARI), afirmaron hoy que hay que dejar actuar a la Justicia y ver como se desenvuelven los hechos a partir del pedido realizado por el Fiscal Nisman, al tiempo que recordaron que en junio pasado presentaron un proyecto para declarar la nulidad absoluta e insanable del pacto con Irán y ampliaron los pedidos de juicio político contra el Canciller Héctor Timerman y  la Presidente Cristina Fernández que hicieron en febrero de 2013 por firmar el pacto.
 
“Todo lo que el Fiscal hoy está planteando en la investigación judicial, nosotros lo hemos advertido en el debate parlamentario”, sostuvieron Sánchez y Carrió.

Carrió visitará esta tarde la Ciudad de La Plata. Allí visitará el local de la CC ARI y a las 18.30 ofrecerá una conferencia de prensa en la Confitería La Esquina, ubicada en 8 y 47.
 
La ampliación de 2014 incorporó la nulidad del pacto que declaro la sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional. Al mismo tiempo, Carrió intimó al Poder Ejecutivo a que “efectúe el retiro de la ratificación del tratado internacional o, en su defecto, su denuncia. Dado que entendemos que el Memorándum es inconstitucional”.
 
En los fundamentos del pedido de nulidad, Carrió y Sanchez sostuvieron en su momento que el acuerdo con Irán es de “una gravedad preocupante para todos los argentinos, en tanto inicia un camino que puede llevar a la impunidad definitiva de los sospechosos iraníes que forman o han formado parte del gobierno de ese país”.
 
Los diputados agregaron : “no se trata sólo de una decisión de política exterior opinable en el marco del ámbito de oportunidad, mérito y conveniencia, respecto de la cual se puede estar a favor o en contra sino que, además, implica un evidente mal desempeño de sus funciones del Canciller Timerman y de la Sra. Presidenta de la Nación, con graves consecuencias en el caso y proyecciones internacionales negativas para nuestro país, en tanto permite observar una preocupante debilidad de la Argentina en la defensa de sus posturas, y termina garantizando la impunidad de los atentados a la Amia y a la embajada de Israel”.
 
“Luego de largos años de negarse a prestar cualquier tipo de colaboración en la referida búsqueda de verdad y justicia —observando una actitud encubridora respecto de funcionarios propios— el gobierno iraní buscó con este acuerdo "cerrar el tema", buscó terminar este conflicto sin pagar costo alguno, es decir, conseguir una especie de "protección" por parte del Estado víctima. Pero no una protección en cuanto a garantías procesales, sino una especie de "salvoconducto" que lo libere de todas las acusaciones que se ciñen en su contra para poder avanzar en la celebración de acuerdos sobre diversas materias, con importantes naciones, que su actual "imagen" negativa le impide o dificulta celebrar”, sostuvieron en aquel escrito.
 
 
Para Carrió, “La firma del Memorándum —junto con la posterior sanción de la ley que lo aprobó y su ratificación—causa un grave daño a la Argentina, al convertirla en un país incapaz de sostener seriamente una postura o de mantener una política exterior de Estado, en un tema que la afecta directamente, con la firmeza que la envergadura del caso amerita. Desconociendo, además, el Derecho interno que forma el corpus constitucional e incluso Tratados Internacionales de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen esa jerarquía”.
 
“El memorándum suscripto es nulo constitucionalmente, de nulidad absoluta e insanable, en tanto el Poder Ejecutivo, en ningún caso, puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas (art. 109 C.N.), norma que debe hacerse jugar armónicamente con las disposiciones del art. 29 de la propia Carta Magna. Y, precisamente, eso es lo que está haciendo el P.E.N. cuando en clara dimisión de parte de nuestra soberanía, se arroga facultades para intervenir en el trámite de la causa penal sobre el atentado a la AMIA”, plantea Carrió en el proyecto de Ley.

El fiscal federal Alberto Nisman señaló a funcionarios del Gobierno por el presunto "encubrimiento" de Irán en el atentado a la AMIA perpetrado en 1994, a raíz de la firma del memorando con ese país. El fiscal se pronunció de esa forma ante el juez federal Ariel Lijo luego de evaluar que la firma del tratado habría tenido como objetivo desligar a Irán de la investigación del atentado. En esa causa pesa sobre funcionarios y exintegrantes del Gobierno de Irán un pedido de captura como supuestos autores del atentado terrorista que terminó con la vida de 85 personas y más de 300 heridos.

Según la presentación del fiscal, en la cual además pidió la indagatoria de Cristina de Kirchner y de Héctor Timerman, la presunta maniobra para encubrir a Irán comenzó en 2010, mucho antes de la firma del memorando con ese país el cual ahora está suspendido a raíz de haber sido declarado el año pasado inconstitucional por la Cámara Federal.

Nisman aseguró que la maniobra habría involucrado a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con uno de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, el exagregado cultural de Irán en la Argentina.

Para el fiscal, habrían sido también partícipes de ese presunto encubrimiento el diputado Andrés Larroque, el dirigente Luis D ´Elía y el líder de Quebracho Luis Esteche, este último recientemente liberado por la Justicia luego de estar detenido varios meses. Sumado al pedido de indagatoria que formuló de todos ellos, el fiscal también reclamó un embargo de 200 millones de pesos sobre sus bienes.

En su requerimiento, Nisman aseguró que la moneda de cambio de ese acuerdo habrían sido negocios de intercambio comercial entre ambos países que estarían supeditados a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento.

Nisman citó escuchas telefónicas, una de ellas recibida por el prófugo Rabbani: "Hoy terminamos una reunión con el ministro de Planificación Julio De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas", le habría dicho el interlocutor.

Rabbani respondió: "Irán fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada, pero puede cambiar. Aquí hay algunos sectores del Gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a la Argentina y también comprar armas".

La fiscalía aseguró que las negociaciones de los iraníes en nuestro país habrían estado a cargo de Jorge Khalil, un representante sin cargo oficial y para quien también ahora pidió la indagatoria.

"Mientras la Justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la Presidente y el canciller aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia y que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos un intercambio", dice el fiscal en su escrito.

En su pedido de imputación, Nisman sostuvo que el entonces presidente Néstor Kirchner "fue consecuente con su postura con el caso AMIA" al rechazar todo pacto con Irán, y que esa línea continuó durante los primeros años del Gobierno de Cristina de Kirchner.

Dirigentes de la comunidad judía argentina expresaron su "sorpresa" y "honda preocupación" por el "vuelco inesperado" que significó la imputación. "Realmente no preveíamos que pasara una cosa así. Tendremos varias reuniones para evaluar el plan de acción y qué vamos a hacer a futuro. Estamos preocupados. La noticia es importante", subrayó el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Leonardo Jmelnitzky. En ese sentido, recalcó la necesidad de "saber de qué se trata y más sobre un tema tan importante y tan serio como es la causa AMIA".

Por su parte, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, manifestó que el pedido realizado por el fiscal federal de la causa AMIA "conmociona a todos", a la vez que subrayó la "honda preocupación" que genera la decisión de Nisman. "Hemos recibido con honda preocupación esta noticia. Para la DAIA, la causa AMIA es una cuestión de Estado. La preocupación que tenemos pasa porque hay un fiscal, que hemos visto en los títulos, en una situación que para nosotros es un vuelco inesperado", destacó el dirigente de la entidad judía. Schlosser anticipó que buscará un encuentro con Nisman para obtener precisiones al respecto del pedido que pesa sobre los funcionarios del Gobierno: "Esta noticia nos conmociona a todos. Nosotros seguimos el camino de la Justicia, de la Constitución. Creemos que lo más prudente es ir a las fuentes, en este caso se trata del fiscal".