La aplicación del programa de gobierno de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, está sumiendo a los principales sectores de su economía en una incertidumbre regulatoria creciente. Es el caso de la minería del cobre en Chile, sobre la cual se cierne una nueva reforma tras tres décadas de regulación estable y leyes laborales procedentes del anterior régimen.

Los planes de la presidenta Bachelet de otorgar un poder excepcional a los sindicatos en la negociación salarial y la potestad del Gobierno de nombrar miembros en los Consejos de Administración de las compañías extranjeras, están revolucionando el mercado. Con estos contenidos, el Parlamento chileno ha incorporado a trámite la nueva Ley de reforma del mercado laboral presentada por el Gobierno, el cual busca a través de ella la reducción de la desigualdad social.

Uno de los elementos más importantes de esta nueva Ley en curso es el intento de acabar con una de las prácticas más extendidas en los conflictos laborales en las minas: en el actual Reglamento se permite a los empresarios la expulsión de aquellos empleados que se ponen en huelga, teniendo el derecho de ser reemplazados por otros para evitar un parón en la producción (de ahí que sólo el 11% de los 8,4 millones de empleados en las minas estén afiliados a un sindicato).

La incertidumbre regulatoria y la probable aprobación de la nueva Ley laboral ha paralizado varios proyectos de inversión tanto en el sector del cobre (el cual representa el 60% del PBI chileno) como en la minería de oro. Aproximadamente 60.000 millones de dólares han quedado “congelados” tanto por la caída de los precios de estas materias primas como por la elevación tanto presente como futura de los costes de extracción y exportación del metal, en un país que provee un tercio de todo el cobre que se extrae en el mundo.

Aparte de las medidas para reducir la desigualdad en Chile, el Gobierno plantea esta situación como una forma de detraer recursos para financiar un gasto público creciente. Sin embargo, tanto estas medidas como la elevación de las royalties en las minas hacen que se erosione la base imponible y, por tanto, pierda fuerza la recaudación. Anglo American y Glencore han retirado una “joint venture” de 1.000 millones de dólares, mientras BHP Billiton sufrió en septiembre una huelga que paralizó la producción de la mayor mina de cobre del mundo, la mina “Escondida”.

En los próximos tiempos veremos el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno, mientras la economía chilena sigue desinflándose. En el tercer trimestre, el crecimiento ha sido del 0,8%, el dato más bajo desde la recesión en 2009.