Ante la baja recaudación de los derechos en la actividad minera dentro del territorio nacional, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya, propuso exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe sobre los mecanismos, formas y procedimientos que se han utilizado para el cobro de impuestos especiales en materia de Minería.

A través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente solicitó los avances que ha tenido el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios en este rubro, debido a que en la actualidad no se cuenta con información precisa sobre este Fondo y ni del Comité encargado de vigilar el desarrollo del capital de cada región afectada por esta actividad.

Aseguró que los montos recaudados por el cobro de derechos en materia de minería son “insignificantes”, aun cuando, según datos de 2013, aproximadamente 13.22 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a favor de particulares.

Subrayó que entre el año 1993 y el 2012 se otorgaron un total de 43 mil 675 concesiones mineras, las cuales representan una superficie territorial de 95 millones, 765 mil, 800 hectáreas y actualmente se encuentran vigentes 26 mil 64 concesiones activas en todo el territorio nacional.

En este sentido, refirió que los ingresos obtenidos por la recaudación de derechos no alcanzan el 0.18 por ciento de todos los ingresos nacionales y, en consecuencia, no se cubrirá el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto minero extractivo.

Mencionó que las actividades del sector minero reportan grandes utilidades para las empresas privadas que las realizan, y son pocos los beneficios que percibe la población mexicana; es por eso que se ha vuelto importante asegurar el ingreso que se deriva de la actividad minera, por lo pidió revisar la correcta aplicación del régimen fiscal actual.

Aun cuando la nueva Ley Federal de Derechos experimentó un proceso de transición, ahora encaminada a regular de forma rígida y equitativa las actividades que se derivan de la minería, así como en mantener un equilibrio sustentable, dentro de este sector algunos estados del país se ven afectados por el gran incremento de ésta actividad; “que sin duda, ha originado una problemática ambiental y social dentro de las regiones”.

Por tal motivo, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclare, de manera precisa y contundente, cuál es el verdadero destino de los recursos del Fondo y cuáles los mecanismos, formas y procedimientos que se utilizan para solucionar las problemáticas que se originan en cada una de las regiones afectadas por la explotación minera.

El punto de acuerdo se envió a la Tercera Comisión para su análisis y dictaminación.