El mapa petrolero rionegrino busca destildar las zonas grises que todavía quedan en superficie con las áreas que no fueron renegociadas. Se trata de diez concesiones que vencen entre el 2016 y el 2017 –sólo una de ellas ya caducó porque la operadora Pluspetrol se bajó de la negociación–. Si bien se trata de una porción "baja" de los hidrocarburos del subsuelo provincial (22% de crudo y 9% de gas), la idea del gobierno es avanzar a paso firme y licitar "todo lo que no se renegocie".
Mientras los técnicos de la Secretaría de Energía, a cargo de Marcelo Echegoyen, y de Hidrocarburos, responsabilidad de Sebastián Caldiero, avanzan en las negociaciones con representantes de las cinco empresas que buscan retener sus áreas, en paralelo se barajan las fechas para ir a un cierre de las reuniones o a una licitación.
Una fuente del sector consultada por este medio reconoció que el objetivo de máxima es renegociar "todas las áreas que se puedan" con "las mismas condiciones con las que se negoció en diciembre pasado". Esto significa un compromiso de inversión en explotación y perforación, un plan de remediación ambiental y un bono de ingreso que se gira directamente al Tesoro provincial.
Desde el área creen que el proceso estará cerrado antes de las elecciones del 14 de junio. Dan por descontado que, tras el acuerdo anterior, el proceso político no será tan tortuoso, ya que no salvo caso puntuales no tendrá mayores oposiciones en la Legislatura. Incluso aseguraron que al menos dos compañías ya están muy cerca de presentar su acuerdo a las condiciones para renegociar bajo los términos de la nueva ley Nº 27.007. Según el marco normativo, las concesiones se extienden por diez años y comienzan a pagar tres puntos más por regalías.
LICITAR EN BLOQUE
En relación con la licitación de áreas, los funcionarios del gobernador Alberto Weretilneck avanzan en una propuesta para que se realice una única ronda con todo el paquete de áreas.
A diferencia de Neuquén, el gobierno no tiene intenciones de sumar a la petrolera provincial Edhipsa en los nuevos contratos, por lo menos no con la modalidad de acarreo como su vecina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).
Las áreas que están en proceso de renegociación son Catriel Oeste y Puesto Prado de CIC; Rinconada/Puesto Morales de Madalena –que anunció la semana pasada un pozo en tiempo récord (ver aparte)–; Medianera, Catriel Viejo y Tres Nidos operadas por Medanito; PuestoFlores y Estancia Vieja, en manos de Chevron y Loma Montosa Oeste y Centro Este de Petróleos Sudamericanos. En tanto Loma Guadalosa regresó a la provincia luego de que Pluspetrol desistiera de continuar la puja para retener el área.
Semanas atrás el propio Weretilneck, acompañado del exsecretario de Energía, Guillermo Gesualdo, y la primera línea del gabinete energético recorrió los trabajos de Entre Lomas enmarcados en las inversiones comprometidas en las renegociaciones. Allí se manifestaron "sorprendidos" por el nivel de cumplimientos de las empresas.
El gobierno provincial resolverá destinos y plazos de envío de los recursos que los municipios recibirán por la renegociación petrolera, que totalizan unos 251 millones de pesos.
El oficialismo incorporó modificaciones al proyecto original en el recinto, aprovechando la ausencia de la oposición peronista, y concedió mayor injerencia al Poder Ejecutivo, otorgándole la resolución de los plazos de transferencias y la potestad de aprobar los proyectos pretendidos por los jefes locales.
Así, el gobierno de gobernador Alberto Weretilneck tendrá participación en la utilización de los fondos municipales y en los tiempos de sus envíos, lo cual conforma un fuerte instrumento en un período electoral.
El oficialismo responde que es el mismo mecanismo que se aplica en el plan nacional Más Cerca. También descarga responsabilidad política en los 16 legisladores (los bloques Eva Perón y Néstor Kirchner, y Ana Piccinini) que se retiraron del recinto cuando se aprobaron las reformas de la ley Nº 4818 y los cuatro contratos petroleros.
En concreto, los municipios recibirán unos 251 millones en el reparto de los ingresos inmediatos que esta semana cobrará Río Negro por los cuatro contratos petroleros aprobados por la Legislatura. Ese monto total responde a tres conceptos: participación para todos en el "bono fijo", asignación extra en los municipios petroleros y el pago a éstos de una vieja deuda de la provincia.
Recientemente, Economía informó sobre la distribución de los 251 millones, de los cuales Catriel concentra 108 millones.
Ahora la fecha de los envíos está por verse y el financiamiento de las obras dependerá de la aprobación del Poder Ejecutivo. Estos cambios se originaron por las últimas reformas parlamentarias, que no se preveían en el proyecto que llegó a la Legislatura. El oficialismo las incorporó en el recinto, con sólo 18 votos. Los 14 del bloque FpV, más los dos del Carlos Auyero (Facundo López y Matías Gómez Ricca), el peperreísta Claudio Lueiro y Ricardo Ledo de Unidos por Río Negro. Lo rechazaron el radicalismo en pleno y el arista Jorge Ocampos.
El artículo N°6 de la ley 4818 establece el "destino y distribución de los fondos provenientes de la renegociación". La última norma (según el art. Nº 3) modifica aquel articulado en dos párrafos.
La referencia de plazos se eliminó cuando desaparece la última frase del cuarto párrafo. Allí se prevé el reparto general del bono fijo y, también, la asignación a los municipios petroleros. Inicialmente, la ley 4818 decía que los "importes resultarán pagaderos en función de los montos y plazos previstos en el Modelo de Acuerdo de Renegociación". Fue eliminada de la modificación, entonces los tiempos quedan sujetos a la reglamentación.
El séptimo párrafo ya precisaba que los fondos "serán destinados en forma exclusiva a financiar "equipamientos y/u obras de infraestructura". Ahora se agregó que las transferencias de todos estos fondos se hará previa aprobación" del Poder Ejecutivo de esos "proyectos de inversión". Se prevé que la reglamentación dará otras precisiones operativas.
