El 2014 fue para la minería un año de cambios regulatorios significativos. Así lo plantea el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. A su juicio las reformas tributaria, de aguas y laboral, así como las modificaciones en materia de inversión extranjera, glaciares, biodiversidad y consulta indígena, son todas relevantes para el sector y se dieron en un breve espacio de tiempo, cambiando las reglas del juego.

"Esto genera incertidumbre, que es algo que les gusta poco a los inversionistas. Sin embargo, son las reglas de la democracia. En esto hay que reconocer que el Gobierno ha sido coherente: lo dijo en su programa y lo está cumpliendo religiosamente", señala.

Agrega que "la incertidumbre que preocupa no está en hacer cambios, está en la falta de discusión serena y de fundamentos técnicos de algunas de estas reformas".

-¿Cuáles son los puntos que rescata de la gestión del Gobierno respecto a la minería?

"Existen materias interesantes en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que lidera el Ministerio de Economía. También valoramos el respaldo del Gobierno al documento "Minería: Plataforma de futuro", elaborado por la Comisión Minería y Desarrollo de Chile. Aquí hay un buen ejemplo de discusión serena con fundamentos técnicos. Otro tanto se puede decir de la agenda energética que está impulsando el Ministerio de Energía. El Consejo Minero está participando en estas tres iniciativas".

-¿Cuáles son los ausentes?

"Lo que más nos gustaría ver sobre la mesa es la definición de un sistema integrado, simple y expedito de permisos, autorizaciones y fiscalizaciones a las empresas; una reforma laboral que además se hiciera cargo de fomentar el empleo, la productividad, y que sancionara drásticamente las prácticas antiempresariales; y un sistema de mediación que distinguiera los temas técnico-ambientales y la negociación de compensaciones económicas y que atenuara la judicialización, que es el gran dolor de cabeza de casi todos los proyectos que contemplan grandes inversiones".

-El último informe del Consejo Minero mostró que, de sus empresas socias, solo ocho tienen proyectos de inversión por un total de US$ 16.399 millones, 45% menos que un año atrás. ¿A qué le atribuye este escenario?

"Como hemos venido diciendo desde hace tres años, existen varios factores que están haciendo menos competitiva a la minería chilena. Leyes decrecientes de los minerales, escasez y alto costo de recursos (humanos, hídricos y energéticos), y dificultades para obtener permisos por razones medioambientales y comunitarias. A esto se ha sumado una baja en los precios de los minerales y los anuncios o implementación de los cambios regulatorios. Estos factores se están manifestando cada vez con mayor claridad; en especial, en la paralización y suspensión de proyectos de inversión".

-¿Cómo prevé que se viene el 2015 en términos de inversión minera?

"Hasta 2013 vimos una creciente inversión minera. En 2014 hubo una ralentización, que va a continuar en 2015. Aparte de las importantes inversiones de Codelco, solo figuran los proyectos de Antofagasta Minerals: Antucoya y actualización de Esperanza; y los de BHP Billiton: OGP1 y la planta desalinizadora".

Decreciente

El Consejo Minero proyecta que el precio del cobre estará en torno a US$ 3 la libra para 2015 y 2016, con una tendencia de más largo plazo decreciente, hacia los US$ 2,8.

Villarino llama la atención respecto de los márgenes que están teniendo las empresas mineras y dice que estos también dependen de los costos, que se han venido incrementando significativamente durante los últimos años. "La baja productividad del país es un tema francamente preocupante".

-Varias firmas de la gran minería hicieron despidos este año. ¿A cuánto asciende la cifra?

"Las cifras oficiales de que disponemos son las del INE. Para toda la minería (pequeña, mediana y grande) alcanza a 25 mil personas, lo que se compara con 16 mil un año atrás. En la medida que los proyectos de inversión sigan lentos y que las empresas persistan en sus esfuerzos de productividad y reducción de costos, es esperable tener menores niveles de empleo en el sector".

-¿Es necesario limitar los beneficios sindicales para enfrentar el "bajo" escenario que enfrenta el sector?

"No es la idea. Además, a la luz de la reforma laboral, creo que se vuelve prácticamente imposible, a menos que los trabajadores comprendan que así como en tiempos de bonanza han gozado de los beneficios de la misma, en períodos de vacas flacas también se tienen que apretar el cinturón".

-¿Cree que la reforma laboral contribuye a facilitar acuerdos como los que sugiere?

"Yo no sugiero acuerdos, solo digo que si las cosas no siguen yendo tan bien, podría ser necesario que todos deban contribuir para garantizar la viabilidad de algún o algunos proyectos, empleador y trabajadores. Me parece que la reforma evitó el tema de fondo que es la mejora de productividad y por cumplir con un compromiso político, muy respetable por cierto, creo que se sacrificó flexibilidad y libertad laboral, las cuales en casos de crisis son muy necesarias para lograr el mentado punto de inflexión. ¿Quiere que sea franco? Al menos parte de la reforma parece innecesaria, con la legislación vigente en el sector minero hay casi un 90% de sindicalización, existen sindicatos sectoriales, prácticamente no se verifican reemplazos en las huelgas y se suele respetar el piso de las negociaciones previas. La solución no está, a mi juicio, en fortalecer los sindicatos, sino en buenos dirigentes sindicales que justifican la existencia del sindicato con el fruto de su trabajo. Forzar esto por ley no parece acertado, hay sectores en los que se puede causar un daño grave".

-El escenario que se ve hoy, donde las contundentes negociaciones colectivas se suman a un precio del cobre más bajo, altos costos de producción y baja productividad, ¿es sostenible en el corto plazo?

"Estos procesos son lentos, por lo que estoy más convencido que en el mediano y largo plazo no serán sostenibles. Por eso hemos sido enfáticos desde hace años en alertar sobre los factores que están menoscabando seriamente la productividad minera, lo que hace menos atractivo el desarrollo de nuevos proyectos y puede llegar a poner en riesgo la continuidad de algunos".

Obstáculos en el sector

El máximo dirigente de la gran minería dice que el principal problema de su sector hoy es la baja productividad, altos costos, burocracia asfixiante y judicialización, en su opinión, "sospechosa".

"En varios de estos problemas estamos trabajando, también vemos al Gobierno preocupado y empeñado en solucionarlos, pero se requiere mejor coordinación, mayor discusión técnica y, de manera especial, gastar capital político porque hay problemas que no pasan por leyes sino por gestión política", dice.

-¿Ve un interés real por parte de la autoridad para impulsar el sector?

"El Gobierno tiene conciencia de la gran importancia de la minería para las arcas fiscales y el desarrollo del país. Hay temas de innovación, productividad y energía con agenda concreta. Sin embargo, también hay otros hechos concretos que van en dirección opuesta. Hay reformas que -quiero creer que por falta de visión de conjunto, de mirada global- afectan negativamente a la minería, con lo cual se menoscaba el aporte de la actividad al Fisco y al desarrollo del país".

- El Gobierno dijo que ayudaría a destrabar proyectos de inversión.

"¿Sabe cuál sería la mejor ayuda para destrabar inversión? Que el sector público cumpla con los plazos consagrados en la ley para otorgar aprobaciones y permisos y que en caso de incumplimiento, funcione el silencio administrativo, con lo que se dan por aprobados u otorgados. Si a lo anterior se agrega una buena instancia de negociación con sectores afectados o beneficiados que comprenda un sistema de solución de conflictos ad hoc, vinculante para todos los involucrados, y que evite en la mayor medida de lo posible la judicialización, estaríamos bastante bien. Por otra parte, si el Gobierno decide apoyar proyectos concretos, a mi juicio debería transparentarlos y explicar cómo los va a apoyar".

"Los problemas de la minería son la baja productividad, altos costos, burocracia asfixiante y judicialización, digamos que sospechosa".