Por Jeb Blount y Anthony Boadle

Cuando los investigadores federales reconocieron por primera vez señales de corrupción en Petrobras en 2009, Dilma Rousseff insistió en que la petrolera estatal brasileña no tenía nada que ocultar.

"Petrobras tiene uno de los estándares de contabilidad más exacto del mundo", dijo Rousseff, quien entonces era presidenta del directorio de la compañía. "Si no fuera el caso, los inversores no verían a nuestra empresa como uno de los mayores objetivos de inversión", afirmó.

Hoy está claro que se equivocó.

Petrobras reconoce ahora que pagó sumas excesivas por contratos durante años.

Los fiscales dicen que firmas de ingeniería pagaron sobornos para ganar contratos de Petrobras, cobrándole más sistemáticamente hasta llegar a miles de millones de dólares y destinando una parte a ejecutivos corruptos, proveedores y partidos políticos, incluyendo al Partido de los Trabajadores de Rousseff.

Una revisión de Reuters de la investigación federal sobre Petrobras en 2009, y entrevistas con quienes la realizaron, muestran que Rousseff desaprovechó ocasiones para frenar el fraude antes de que se convirtiera en una crisis de tal magnitud que puede llevar a la economía brasileña de nuevo a una recesión.

Rousseff ha dicho que no sabía sobre los hechos de corrupción y que no participó cuando presidió Petrobras desde 2003 a 2010.

Los líderes opositores dicen que le creen y que es poco probable que enfrente acusaciones judiciales. Las encuestas muestran que su popularidad apenas ha sufrido.

Aún así, la presidenta se enfrenta a un creciente escrutinio sobre si hizo lo suficiente para frenar la corrupción en la empresa brasileña con más ingresos. El escándalo podría pesar sobre el segundo mandato de Rousseff al frente del gigante sudamericano, que comenzó el jueves.

Las acciones de Petrobras han caído casi un 50 por ciento en los últimos seis meses y su valor de mercado bajó más de un 80 por ciento desde un máximo de 2008.

Dos ex altos cargos de la empresa y otros casi 40 sospechosos del fraude han sido acusados.

Los estándares de contabilidad que Rousseff elogió están tan desacreditados ahora que auditores independientes se han negado a certificar los resultados trimestrales de Petrobras porque, a la espera de otras investigaciones, no pueden poner un valor a sus activos.

Los registros del Tribunal de Cuentas de la Unión, o TCU, muestran que los investigadores detectaron contratos con sumas exageradas y prácticas irregulares de ofertas en grandes proyectos de Petrobras. Entre ellos se incluye la refinería de Abreu e Lima en el noreste del país, el mayor proyecto de inversión en la historia de la petrolera.

El TCU notificó tanto al Gobierno como a los directores de Petrobras en un reporte enviado directamente a Rousseff y a su consejo de administración.

Los investigadores dicen que habrían descubierto incluso más abusos si Petrobras no se hubiera negado a entregar documentos clave.

Las conclusiones del TCU fueron "una clara advertencia de mayores problemas y posiblemente corrupción", dijo a Reuters Saulo Puttini, quien era uno de los funcionarios a cargo de la auditoría. "Lo que está ocurriendo ahora no es una sorpresa para nosotros, para nada", agregó.

"PROFUNDAMENTE INVOLUCRADA"

Rousseff dijo en un comunicado el 22 de noviembre que reaccionó debidamente al informe del TCU y señaló que el informe solo detallaba una parte de los delitos que se descubrieron desde entonces. Un portavoz refirió consultas sobre Petrobras a ese comunicado.

Un alto funcionario cercano a Rousseff dijo que la decisión de Petrobras de no compartir más información con el TCU en ese momento fue tomada por subordinados de la actual presidenta.

"Nunca pasó por su escritorio", dijo el funcionario.

Supervisar Petrobras no era el único trabajo de Rousseff, pero quienes trabajaron con ella dicen que era su pasión.

Una economista entusiasta de los temas energéticos, también fue ministra de Energía del 2003 al 2005 y jefa de gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva hasta el 2010.

Rousseff supervisó Petrobras durante un auge económico del país impulsado por las materias primas.

La actual presidenta asistía a reuniones mensuales de directorio, intervenía en prioridades de inversión e impulsó exitosamente una revisión de las leyes petroleras de Brasil para convertir a Petrobras en un socio obligatorio para los nuevos hallazgos en aguas profundas.

"Ella estaba involucrada profunda y emocionalmente en Petrobras", dijo Ildo Sauer, ex jefe de la unidad de energía y gas natural de la estatal, quien trabajó con Rousseff durante esos años.

Petrobras encontró nuevos y vastos recursos petroleros en aguas profundas desde 2006, y su valor de mercado se disparó por sobre los 290.000 millones de dólares en 2008 desde los 15.000 millones de dólares de la década anterior.

Pero los problemas estaban aflorando.

En 2008, el TCU, organismo del Congreso brasileño encargado de auditar el gasto federal, empezó a revisar los contratos para Abreu e Lima, luego de que las estimaciones de gasto de la refinería empezaron a subir abruptamente.

En su reporte de 2009, el TCU citó prácticas irregulares en licitaciones de compra y un sobreprecio sistemático en los contratos de Abreu e Lima. También criticó a Petrobras por esperar hasta el último día de la investigación para presentar muchos documentos, y dijo que esa demora equivalía a una obstrucción.

Tras recibir las conclusiones, Rousseff alertó a la oficina del Contralor General, que es responsable en Brasil de la protección de la propiedad pública.

El organismo no encontró ningún proceder impropio pero su capacidad de cumplir con su tarea ha sido ampliamente cuestionada. Su jefe, Jorge Hage, renunció tras quejarse de que los recortes al presupuesto le significaban problemas en el pago de las cuentas del teléfono y la electricidad, y ni hablar de los gastos de rastrear la corrupción.

Los investigadores creen que Rousseff debería haber hecho mucho más.

"Podrían haber emprendido una investigación, podrían haber despedido a un ejecutivo, pero no adoptaron ninguna medida. Sólo siguieron gastando (para los proyectos de Petrobras)", dijo Jose Jorge, uno de los nueve jueces del TCU, poco antes de su retiro, en noviembre.

PROBLEMAS CON LA SUPERVISIÓN

El TCU recomendó detener la construcción de Abreu e Lima hasta que se tomaran medidas por la irregularidades. El Congreso estuvo de acuerdo y votó para suspender en el presupuesto de 2010 los pagos por algunos de los contratos mencionados por el tribunal.

Sin embargo, Rousseff, que se preparaba para competir por la presidencia, desestimó las recomendaciones y advirtió de que paralizar las obras podría provocar desempleo y persuadió a Lula de que vetara esa parte de la propuesta de presupuesto.

La construcción de la planta prosiguió, y también siguieron los problemas. El presupuesto para Abreu e Lima, que consideraba 9.200 millones de dólares en 2009, se elevó a 18.500 millones de dólares, en parte porque la estatal venezolana PDVSA [PDVSA.UL] no pudo asumir el gasto de cofinanciar el proyecto y se retiró.

El TCU siguió advirtiendo de irregularidades en reportes sobre la refinería en 2010, 2011, 2012 y 2013.

Silvio Sinedino, director de Petrobras que representa a los empleados de la petrolera, dijo que el directorio no logró detectar la corrupción porque aprobaba sin cuestionamientos lo que decía el Gobierno.

"El Gobierno no quiere supervisión", dijo Sinedino, agregando que muchas veces la información financiera importante sobre los proyectos se entregaba recién el día de las reuniones y que funcionarios del Gobierno trataban de presionar al consejo.

Sauer dijo que Rousseff lo citaba regularmente, y también a otros ejecutivos de Petrobras, a la capital, Brasilia.

"Esas reuniones están entre las más desagradables de mi vida (...) No sólo eran demasiado largas, también había muchos gritos de ella", dijo, agregando que tuvo que salir de Petrobras tras perder el favor de la actual mandataria porque se opuso a algunos proyectos que Rousseff apoyaba.

Lo extenso de la corrupción en Petrobras se hizo evidente luego de que Paulo Roberto Costa, su exjefe de refinación, fue arrestado el 20 de marzo. Testificó que ayudó a orquestar un esquema de sobornos con un "cartel" de constructoras que inflaron los precios de los trabajos que realizaban.

"No puedo recordar una empresa que no pagase", dijo.

Se produjeron otros arrestos y el Ministerio Público de Brasil dijo que se esperan más.

Costa y otros testigos dicen que Abreu e Lima era el punto de partida de gran parte de la corrupción. Puttini, el investigador del TCU, dijo que "algunas de las personas que ahora están en la cárcel" son las mismas que él había interrogado en 2009.

El funcionario cercano a Rousseff dice que ella está "conmocionada" por la magnitud de la trama de corrupción.

"Nadie creía que algo de esta envergadura pudiera haber pasado en Brasil", afirmó.

La investigación obligó a Petrobras a congelar el gasto en decenas de proyectos, lo que causó el despido de miles de trabajadores.

Economistas dicen que eso podría reducir en 1 punto porcentual o más del crecimiento económico en 2015, lo que podría ser suficiente para llevar a Brasil a una recesión.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió hoy que Latinoamérica sufre un "ataque simultáneo" de fondos buitres como los que lideran Paul Singer de NML y Mark Brodsky de Aurelius, para "generar un descalabro financiero en la región".

Kicillof aprovechó el ataque que sufre Petrobrás por parte de Aurelis, para tratar de justificar la situación de default parcial de la Argentina como parte de un plan más amplio con fines de desestabilización política regional y no como producto de un mal manejo del conflicto por parte del gobierno.

Habló así de “una estrategia más generalizada que está utilizando la cuestión financiera como campo de batalla contra determinados procesos políticos” en la región, sin precisar a cuales se refería pero se supone los de corte "progresista". Aunque esa teoría no explica porque ese ataque no se extiende a otros países con gobiernos de orientación similar como Uruguay, Bolivia y Chile, por caso.

“Aurelius, uno de los fondos que está litigando contra Argentina en Nueva York, acaba de iniciar una demanda contra Petrobras, en tribunales de la ciudad de Providence, Rhode Island, de Estados Unidos, acusándola de falsear la información contable. En función de ello, y como tenedor de bonos emitidos por Petrobras bajo ley de Nueva York, pide la 'aceleración' de los bonos (su amortización adelantada, con intereses), lo que equivale a arrastrar al default a la petrolera brasileña”, dijo Kicillof en una entrevista que publica hoy el oficialista Página/12.

El ministro mencionó así el principal punto riesgo que enfrenta la estrategia de no negociar que plantea la Casa Rosada con los buitres. Qué logren sumar las mayorías necesarias de bonistas para acelerar los bonos en default de la Argentina, esto es, poder acceder al derecho a cobrar ya mismo todo el bono, lo que dispararía el monto de la deuda externa exigible.

“El ataque simultáneo contra Argentina y Brasil está tratando de generar un descalabro financiero en la región”, analizó y dijo que “en el año que terminó trataron de llevar a la Argentina al default, quisieron hacer caer la reestructuración de deuda del año 2005. Ahora vemos cómo los mismos actores, Aurelius concretamente, aparecen atacando a Brasil. Estos episodios van a quedar en los anales de cómo se desarrolla una guerra sin armas, desde el terreno judicial y con objetivos políticos”, aseveró, retomando acaso las teorías conspirativas de Cristina Kirchner, cuando advirtió que si "le pasaba algo" había que mirar "al Norte".

Sin negociación a la vista

Por otra parte, Kicillof volvió a insinuar que el Gobierno no piensa mejorar la oferta ante los buitres, pese a que ya venció la cláusula RUFO que en su momento se esgrimió para no hacer una propuesta que luego podrían exigir los bonistas que si entraron al canje.

Se preguntó “qué dicen ahora” aquellos que sostenían en Argentina “que había que ir a Nueva York y hacer lo que dice (el juez Thomas) Griesa, Mauricio Macri concretamente”, ya que “ahora se ve que hubiera sido el error más grave que podía cometer Argentina”.

“Hubiéramos seguido con un juicio detrás de otro de los demás holdouts, a los que Griesa les hubiera reconocido igual derecho a cobrar el ciento por ciento”, sostuvo.

“El juez municipal de Nueva York seguramente les hubiera dejado a los bonistas con la deuda reestructurada cobrar en esas circunstancias, pero Argentina no habría negociado una salida, sino acatado una resolución equivocada e injusta, y contra el pari passu, en perjuicio de los bonistas. Lo cual hubiera dado lugar a nuevas demandas”, agregó.

Para luego elogiarse: “Argentina tomó en su momento una decisión acertada y valiente; y a la vez, esto mostró la cara de los presuntos expertos que nos hubieran llevado a cometer un error tremendo, gravísimo y costoso, como ya ocurrió en otros momentos no tan lejanos en la historia”.

Luego, explicó que el plan del Gobierno sigue siendo que los buitres acepten el mismo canje que el resto de los bonistas, que ya rechazaron en su momento y es precisamente el motivo del juicio que ganaron con fallos favorables en las tres instancias de la justicia norteamericana.

“Lo más lógico sería esperar una reacción del sistema judicial norteamericano que cambie esta actitud de total intransigencia. Con respecto a los fondos buitre, les propusimos que acepten las condiciones del canje, que les representaría una ganancia del 300 por ciento. Lo que uno se pregunta a esta altura es si tienen voluntad de llegar a una solución o si su negocio es generar este ataque contra el país", planteó, sin explicar como haría la justicia norteamericana para fallar sobre un tema que ya fue ratificado por la Corte Suprema de ese país.

Por Joe Leahy y Samantha Pearson.

En el grupo petrolero, que supo ser el orgullo de Brasil, reina el caos al momento de enfrentar una investigación de corrupción y la caída del valor de sus acciones

No hay muchos ejecutivos que hayan sobrevivido tras preguntar tres veces a su jefe si deberían ser despedidos. Maria das Graças Foster, directora ejecutiva de Petrobras, la petrolera estatal de Brasil afectada por una crisis, dice que ella es una.

Ofreció su renuncia  Dilma Rousseff, la presidente de Brasil, en diversas ocasiones durante las últimas semanas, pero su amiga cercana desde hace más de diez años la ha apoyado... hasta ahora.

"La presidenta consideró que debía quedarme", Graças Foster anunció a los periodistas días después.

Petrobras, el orgullo de Brasil en 2007 luego de que anunciase los descubrimientos offshore de petróleo más grandes del mundo en décadas, en la actualidad corre el riesgo de convertirse en un paria entre los inversores y una vergüenza nacional para los brasileños.

La empresa quedó sumida en el caos luego de una investigación llevada a cabo por la policía brasileña y fiscales que alegaban que exejecutivos senior, empresas de construcción y políticos de la coalición gobernante encabezada por el Partido de los Trabajdores (PT) se quedaron con miles de millones de dólares de contratos de Petrobras.

Esto supuestamente ocurrió en las narices de Rousseff, quien era la presidente de la empresa hasta que asumió como presidente del país en 2010, y de Graças Foster, que ha estado al frente de Petrobras desde 2012.

Si bien no se acusa a ninguna de ellas de estar implicadas, el escándalo suscitó una investigación por parte de la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos y llevó a la empresa de auditoría de doble cotización, PwC, a negarse a firmar sus estados contables hasta tanto Petrobras llevase a cabo su propia investigación.

Si Petrobras no satisface las inquietudes de PwC y emite resultados financieros auditados para el 30 de abril, la empresa, uno de los prestatarios más grandes de Brasil, con una deuda estimada por la calificadora Moody's en u$s 170.000 millones, podría caer en un default técnico.

Esto es parte de una tormenta perfecta que enfrenta la empresa luego de lo que los críticos señalan como años de un uso incorrecto de Petrobras por parte del gobierno como un instrumento de política industrial y monetaria a costas de accionistas minoritarios.

"Al fin de cuentas, todo esto sucede porque el PT ha fomentado la creación de monopolios y, hasta cierto punto, carteles que generan ineficacias y una atmósfera que favorece la corrupción", afirma Adriano Pires, fundador de Centro Brasileño para la Infraestructura y asesor en materia de energía al partido PSDB opositor.

Con ingresos superiores a los u$s 140.000 millones durante el período de 12 meses finalizado el 30 de junio de este año y 86.000 empleados, Petrobras produjo 2,3 millones de barriles equivalentes de petróleo por día el año pasado.

Asimismo, la empresa está implementando el programa de gastos de capital más grande del mundo, valuado en u$s 221.000 millones en cinco años, para explotar sus descubrimientos "presalinos", llamados así porque yacen 2000 metros debajo del compuesto hasta siete kilómetros bajo las aguas de la costa sudeste de Brasil.

Pero desde el descubrimiento de los yacimientos presalinos, todo le salió mal a Petrobras, afirman los críticos. Para pagar a Brasilia los derechos sobre los descubrimientos, realizó la oferta de acciones más grande del mundo en 2010 en medio de la controversia en torno a su valuación.

El gobierno también la transformó en la única operadora de los yacimientos presalinos, sobrecargando su balance y reduciendo la competencia. También se la obligó a implementar un costoso programa de contenidos locales y a subvencionar los precios internos del combustible para ayudar al gobierno a controlar la inflación.

La empresa no cumplió sistemáticamente con los pronósticos y la producción ha caído desde 2011 debido a demoras en la entrega de equipos y otros problemas. "Petrobras ha roto muchas promesas en el pasado. No cumplió ninguno de los objetivos de producción", manifestó Credit Suisse en un informe.
Como consecuencia de esto y las acusaciones de corrupción, Petrobras perdió 73% para los inversores en los últimos cuatro años, en virtud de lo cual las acciones de esta importante petrolera tuvieron el peor desempeño, según Bloomberg.

Se espera que este año la producción interna de un vuelco. Según las proyecciones, aumentará a 2,5 millones de bep por día, el primer paso para llegar a duplicarse hacia 2020. Pero ahora Petrobras debe enfrentar el doble reto de la investigación de corrupción, que está impidiendo su acceso a los mercados de capitales, y el precio en baja del petróleo, que amenaza la viabilidad de los yacimientos presalinos.

Para evitar la violación de contratos relacionados con sus u$s 57.000 millones de deuda de mercados de capital, Petrobras debe publicar sus resultados financieros auditados en forma independiente dentro de los 120 días siguientes a la finalización de este año. Si no lo hace, tiene otros 60 días -hasta el 30 de junio- para "remediar" el default.

Los analistas sostienen que la compañía, que ha iniciado una investigación interna, no tiene que esperar a que concluyan los procedimientos penales para presentar sus estados auditados. En su lugar, podría efectuar provisiones por posibles pérdidas mediante una amortización de su capital. Dicho monto fue estimado por Morgan Stanley en hasta R$ 21.000 millones (u$s 8.000 millones), suponiendo que los proyectos hayan sido sobrevaluados en un 5%.
"Esto no va a ser una partida monetaria", sostuvo Nymia Thamara Cortes de Almeida, analista de crédito de Moody's. Eso es importante porque Petrobras, con su enorme programa de gastos de capital, ha perdido el acceso directo a los mercados de capital mientras espera que se den a conocer sus resultados auditados, lo que la deja vulnerable a una crisis de liquidez.

Petróleo: la gran caída
La mayoría de los analistas sostiene que la empresa tiene suficiente dinero en efectivo y otros recursos para sostenerse hasta mediados del próximo año, pero no puede darse el lujo de retrasar los gastos de capital, ya que esto retrasará el crecimiento de la producción y socavará su capacidad para pagar su enorme carga de deuda.

"Un retraso promedio de 12 meses o más en traer nuevas unidades de producción en línea podría debilitar significativamente la calidad crediticia de Petrobras y dar lugar a calificaciones negativas", afirmó el analista de Fitch Ratings Lucas Aristizabal.

La otra preocupación de Petrobras es la caída del 45% del precio del petróleo a u$s 60 dólares el barril en los últimos meses. Aunque Brasil es un importador neto de petróleo, si el precio cae por debajo de u$s 50-55 por barril, todo el proyecto del presal se vuelve inviable, según los analistas.

"El problema es cuando se invierte con el precio del petróleo en un nivel y hay que vender con el precio en otro nivel", sostiene un analista de un banco extranjero de San Pablo que, como muchos de sus colegas, ahora se niega a ser citado en la empresa.

Estos desafíos están alimentando las expectativas de que el gobierno va a necesitar traer sangre fresca a la gestión de Petrobras y sustituir a Graça Foster.

Pires afirma que los candidatos favorables al mercado incluirían a Murilo Ferreira, presidente ejecutivo de Vale, la minera de mineral de hierro, y Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central.

"Tienen que traer a profesionales del mercado, no a personas que ya estén en Petrobras, para ocupar los cargos de presidente ejecutivo y director financiero", declara.