Por Jorge Oviedo.

A último momento, y con mucho más apuro que prolijidad, el Gobierno admitió que gastó en salarios, compensaciones al personal y contratos más de $ 2700 millones previstos originalmente para subsidiar el aumento de la producción de gas natural y recaudación por sobre la prevista de algunos impuestos, más algunos trucos de "contabilidad creativa".

La inyección del fluido en los gasoductos estuvo lejos de aumentar lo suficiente como para consumir la partida, y de hecho la producción trastabilló. Las consecuencias no fueron más serias porque el invierno fue menos frío de lo habitual y redujo las necesidades de calefacción domiciliaria en los grandes centros urbanos. En noviembre y diciembre las temperaturas han estado por debajo de lo habitual y han reducido la demanda de gas por parte de las usinas térmicas para generarla.

El reparto de los fondos para otros fines permitió al Gobierno pagar a tiempo las últimas remuneraciones del año y su distribución despareja -según especialistas consultados por LA NACION- muestra que se asistió a los que estaban más desbalanceados tras los últimos ajustes salariales.

El uso discrecional de los recursos fue dispuesto utilizando los superpoderes asignados de manera permanente al jefe de Gabinete, ya que, según la legislación, en tiempos normales un cambio tan profundo debió haber sido dispuesto por el Congreso. Igualmente, mediante los trucos mencionados y algunos recortes, se eludió entrar en los terrenos que hubieran exigido la emisión de un nuevo decreto de necesidad y urgencia.

La norma apareció anteayer en el último Boletín Oficial de 2014 y es la decisión administrativa 1130/2014, firmada por Jorge Capitanich y Axel Kicillof.

En general, los incrementos de gastos en cada una de las jurisdicciones involucradas van a parar a gastos corrientes de funcionamiento y se observan las siguientes curiosidades:

Luego de la controvertida designación de fiscales por parte de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se reveló que, además, le dieron partidas adicionales, justamente para gastos operativos. Uno de los motivos invocados para la reasignación de recursos es la necesidad de atender gastos de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (Ufises), de la que Gils Carbó acaba de desplazar a Guillermo Marijuán.

El incremento de gastos de la Anses no va a parar a prestaciones, sino al costo operativo de la institución y es de casi $ 118,5 millones.

Se asignaron más partidas para los pocos hospitales que aún dependen del presupuesto nacional, con la excepción del Posadas y del Garrahan, que estuvieron reportando problemas de falta de suministros e insumos. Entre los beneficiados están la Colonia Montes de Oca, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Hospital Nacional Baldomero Sommer.

Para las Fuerzas Armadas hubo refuerzos de fondos tanto para la Armada como para la Fuerza Aérea, pero no para el Ejército.

Todo parece haber sido hecho con gran apuro y poca prolijidad. Por ejemplo, algunos folios del anexo parecen no estar en el orden habitual y correcto, haciendo saltos adelante y atrás cuando se detallan las jurisdicciones. Y en los considerandos se menciona como "Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises)" (sic), a la dependencia cuyo verdadero nombre es, como se dijo antes, Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social.

Los 2700 millones de pesos recortados no eran de subsidios a las tarifas que pagan los consumidores, sino a la retribución que reciben las empresas productoras, y que estaba previsto para las que aumentaran los volúmenes inyectados.

Por Javier Blanco.

Con la publicación de dos resoluciones administrativas en el Boletín Oficial, el último día de 2014, el Gobierno confirmó que hizo uso de la totalidad de los recursos que le habilitaba el presupuesto para cumplir con los pagos de la deuda en moneda extranjera, pese a que éstos resultaron sobreestimados en casi 5000 millones de dólares.

Dichas normas dispusieron la emisión de dos nuevas Letras del Tesoro (Letes) por 12.898 millones de dólares para ser "compradas" por el Banco Central (BCRA), a cambio de la cesión de reservas que, por el mismo monto, hizo al Fondo de Desendeudamiento creado en 2010 por el Poder Ejecutivo para atender los pagos de la deuda en divisas.

De esta manera, confirmó que usó la totalidad de esos recursos, pese a que los pagos de la deuda pública en moneda extranjera finalmente resultaron inferiores, entre otras cosas por la revisión a la baja del crecimiento que la economía registró en 2013 (del 4,9 al 3%). Ese sinceramiento le permitió ahorrarse el pasado 15 de diciembre un servicio de renta por el cupón del PBI (que acompañó a los títulos emitidos para reestructurar la deuda en 2005 y 2010) estimado en casi US$ 4000 millones.

Ahora queda a la vista que el Gobierno dio otro uso a esos fondos que habían quedado "ociosos", como venían denunciando en las últimas semanas distintas consultoras y economistas.

Ocurre que sospechan (como consignó LA NACION en su edición del pasado 24 de diciembre) que el Tesoro habría usado esos recursos para financiar "gastos corrientes" y disimular al menos una parte del déficit fiscal, al haber alcanzado ya en noviembre los límites de asistencia monetaria en pesos que, por vías legales, puede entregarle el BCRA.

Esto llevó al diputado Federico Sturzenegger (Pro) a presentar el pasado martes una demanda contra el Ministerio de Economía y la conducción del BCRA por presunta violación de la ley de presupuesto y de la Carta Orgánica del ente monetario (ver aparte).

La emisión de dos nuevos títulos, que no le reportan beneficio alguno al BCRA (ya que son emitidos a una tasa de interés Libor actualmente ubicada en el 0,62% anual) quedó explicitada con llamativa demora por sendas resoluciones (190/2014 y 55/2014)del Ministerio de Economía y de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, respectivamente. Después de todo, se trata de emisiones ya efectivamente realizadas hace 11 y 4 meses.

LLAMATIVA DEMORA

La referencia alude a la Letra por 9855 millones de dólares, emitida con fecha del 30 de enero pasado, y a otra por 3043 millones de dólares, que vio la luz el 25 de agosto pasado, según se confirma ahora.

Ambos títulos están nominados en dólares, a un plazo de 10 años y con amortización final y completa a su vencimiento. Por sumarlas a su activo (ya compuesto en más de dos tercios por este tipo de bonos), el BCRA percibe una tasa de interés "igual a la que devenguen sus reservas internacionales durante el mismo período hasta un máximo de tasa Libor anual menos un punto porcentual, con pagos semestrales".

La ley de presupuesto 2014 había autorizado al Poder Ejecutivo a integrar el Fondo del Desendeudamiento Argentino con casi US$ 13.000 millones para atender pagos de deuda durante ese ejercicio.

Las normas vigentes establecen que los recursos que conformen dicho fondo se deberán destinar a "la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados y organismos internacionales". Y disponen además que, en caso de resultar un excedente, éste podrá destinarse a financiar gastos de capital, pero "siempre que tengan efecto monetario neutro", lo que no se estaría cumpliendo en este caso.

La sospecha encuentra sustento en los propios números del BCRA, que mostraron un stock de adelantos transitorios al Tesoro curiosamente congelado, mientras la tenencia de bonos del Gobierno en las cuentas del BCRA crecía en una cantidad coincidente con las transferencias al sector público registradas.

La maniobra consistiría en que esa entidad le transfirió al Tesoro el sobrante de divisas no usadas para el pago de deuda. Luego, como lo que el Tesoro necesitaba eran pesos, le revendió esos dólares al BCRA para poder acceder a una partida extra de moneda local.

En ese caso, esos recursos, al volver a ser canjeados por pesos, fueron remonetizados, lo que podría ser violatorio "del artículo 50 de la ley de presupuesto", explicó días atrás el economista Nicolás Dujovne, uno de los que denunciaron públicamente la maniobra contable cuyo objetivo fue maquillar parte del desajuste fiscal.