Diversas disposiciones tendientes a controlar mejor el uso de maquinaria en actividades propias de la minería ilegal, contiene un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, entre ellas nuevas facultades para la Sunat y la creación de un fondo cuyo recurso se destinará a remediar daños ambientales causados por la citada actividad.
De esta manera, propone modificar diversos aspectos del decreto legislativo 1107 (referido a estos temas) como la potestad del órgano recaudador de inmovilizar los productos incautados“hasta que se levanten las observaciones recaídas sobre contribuyentes calificados como de alto riesgo”, mientras no se pueda acreditar la procedencia del mineral.
De igual manera, este puede pedir inmovilizar las maquinarias y equipos utilizados para la minería ilegal.
Asimismo, el proyecto busca constituir el Fondo para la Remediación Ambiental de los daños ocasionados por la Minería Ilegal e Informal (Foramii), que será administrado desde el Ministerio del Ambiente.
Sus recursos provendrán de donaciones y recursos de la cooperación técnica internacional y de lo incautado por Sunat en este ámbito.
Por otro lado, en el artículo 11 del proyecto se indica también que es obligatorio que el comprador de minerales en las zonas de minería ilegal guarde toda la documentación necesaria para sustentar el origen lícito de los productos adquiridos. Con tal fin, tendrá que presentar esta, tanto original como copia.
Exposición de motivos
Los fundamentos para la propuesta descansan en que durante el año 2013 la minería ilegal “habría exportado dos mil 900 millones de dólares de oro”.
Las cifras consignadas en el proyecto del Ejecutivo establecen además que 60 empresas locales (la mitad del total de exportadores del referido mineral) “son sospechosas por compra de oro ilícito, defraudación tributaria, narcotráfico y lavado de activos”.
Esta presunción deriva de que estas “registran un comportamiento irregular que las califica como de alto riesgo”.
El Ministerio Público de Áncash abrió una investigación preliminar contra los dirigentes de la comunidad de Vicos, en huari, por resistencia a la autoridad en las diligencias que se iban a realizar en el Parque Nacional Huascarán.
La fiscalía señala que los comuneros de Vicos, localidad ubicada dentro del área protegida, negaron el acceso a las autoridades del Ministerio Público, la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash y la Defensoría del pueblo cuando pretendían verificar los estragos de la minería ilegal en la mencionada zona intangible.
